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Una oportunidad perdida

La Constitución de 1991 buscaba unir al país y lo logró; la de 2024, busca dividir y estancar.

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Dejemos clara una cosa: la asamblea constituyente no es un mecanismo dictatorial sino una herramienta prevista y reglada por la propia Constitución de Colombia. Los actores políticos, como el presidente Gustavo Petro, pueden ponerla sobre la mesa porque no se trata, en lo más mínimo, de una acción antijurídica. Lo que no puede hacer –ni Petro ni nadie– es pretender desconocer los requisitos y las formas previstas para convocarla y, por eso, de entrada, preocupa que el primer mandatario mezcle peras con manzanas y hable, como lo hizo en su entrevista con el director de este diario, de una exótica fusión entre dos mecanismos de participación ciudadana: los cabildos abiertos y la constituyente en sí misma.
(También le puede interesar: Total, no hay paz)
Pero, además, la ‘relatividad’ de la palabra presidencial (en 2018 Petro juraba sobre piedra que no iba a convocar una constituyente y en 2022 ratificaba lo mismo) hace que el proceso comience con una inmensa desconfianza y que promesas como la de que no busca quedarse en el poder carezcan de credibilidad entre distintos sectores. La Constitución de 1991 buscaba unir al país y lo logró; la de 2024 divide, y para eso no es un proceso constituyente que le haga bien a una nación.
El problema de una herramienta como esta no es, pues, que sea antidemocrática. El verdadero lío de convocarla en un momento como el actual es que nos estanca como país sin necesidad.
Una constituyente, a estas alturas, se parece más a una oportunidad perdida que a una profundización de la democracia, como dice el Presidente.
Además de poner al progresismo a dilapidar definitivamente su más grande chance de gobernar bien y dar resultados, significaría para Colombia una oportunidad perdida, pues desviaría todos nuestros esfuerzos hacia un debate de nunca acabar en vez de apurarnos a solucionar lo prioritario.
¿En qué medida una constituyente resuelve los problemas de pobreza extrema que se presentan en distintas regiones del país? ¿De qué manera va a evitar que se mueran más de 200 niños menores de 5 años por desnutrición aguda como, efectivamente, pasó en 2023? ¿Cómo va a resolver, de fondo, el problema de la inseguridad que ha hecho que fenómenos que creíamos superados como el secuestro crezcan sin control? ¿Cómo va a desactivar las violencias que se ejercen contra las comunidades indígenas y afros que están sufriendo, como nunca, los abusos de los grupos armados?
¡Que los defensores de la idea de una constituyente, aquí y ahora, nos expliquen cómo es posible que meternos en una discusión legalista que tardará todo el resto de periodo presidencial va a resolverles a los pacientes hipertensos, diabéticos o con VIH la falta de medicamentos para poder sobrevivir en el día a día!
¡Que nos digan ya, y con evidencia, de qué modo una constituyente va a hacer que cuando las comunidades de La Guajira abran la llave del agua van a correr chorros que solucionen el problema de sequía que mata todos los días a niños y niñas de ese departamento!
No se trata de una discusión jurídica, ni siquiera política, sino profundamente práctica. Una constituyente, a estas alturas, se parece más a una oportunidad perdida que a una profundización de la democracia, como dice el Presidente.
Mientras países como Brasil, México e incluso Chile están en otra cosa y, en medio de los regímenes de izquierda que los gobiernan, han aceptado la convivencia del desarrollo económico con las reivindicaciones sociales, en Colombia nos aproximamos cada día más a un modelo de patria boba en el cual todos perdemos, incluidos los petristas. Si quieren seguir malgastando la oportunidad histórica que les dieron los electores, allá ellos, pero el país debería mirar a donde toca y no seguir cayendo en la trampa de la distracción populista que, en el mejor de los casos, nos estanca, pero, en el peor, nos hace retroceder para siempre.

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