Desafortunadamente para el país, las relaciones del presidente Gustavo Petro con la justicia terminan en el mismo tono de conflicto y descalificación que aparece frente a cada decisión judicial que no le parece o no va con los intereses de la actual istración.
No se trata de una actitud aislada. Los ataques recientes con maldiciones incluidas del primer mandatario contra la legítima decisión de las comisiones económicas del Congreso de no darle vía a la controvertida reforma tributaria, no se corresponden ni con la dignidad que inviste a quien las formula se trata del jefe del Estado, ni con el respeto que toda autoridad debe tener por la independencia de poderes, una de las bases fundamentales de cualquier democracia.
Esta semana, el Consejo de Estado en pleno debió salir, de nuevo, a reclamarle al presidente Petro respeto por las decisiones judiciales, en relación con el fallo que declaró la nulidad de la elección del alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, y que el jefe de Estado calificó de supuesta "perfidia" contra candidatos de su partido y de un pretendido "mal uso del derecho contra el voto popular".
Como lo advierte el Consejo de Estado, se trata de señalamientos "graves y sistemáticos" que son utilizados en la narrativa oficial para promover las versiones de complots y del supuesto 'golpe blando', banderas que se agitan de manera indistinta para atacar políticamente o para tratar de justificar desaciertos, ineficiencias e incluso, como pasó inicialmente con el escándalo de la UNGRD, sonados casos de corrupción.
Hay que insistir. La colaboración armónica y la independencia son pilares del Estado de derecho. Pero, además, el respeto mutuo.
Es grave pensar o propalar la versión que decisiones en contrario ajustadas a derecho pueden representar veladas maniobras contra un gobierno, sea cual sea su orientación política. Ese es el mensaje de preocupación que han venido expresando las altas cortes a través de sus presidentes, en una necesaria defensa de la institucionalidad y el ejercicio independiente de los poderes públicos. Una defensa que hace parte de las razones por las cuales este diario reconoció como personajes del año a las cortes Suprema y Constitucional y al Consejo de Estado, en cabeza de sus presidentes, los magistrados Gerson Chaverra, José Fernando Reyes y Milton Chaves.
La colaboración armónica de poderes, los contrapesos entre los mismos y su plena independencia son mandatos constitucionales que todos, empezando por el Presidente de la República, debemos acatar y defender.
La Corte Constitucional lo ha reiterado en varias sentencias, hoy más vigentes que nunca, como la C-246 del 2004: "Al lado de la colaboración armónica entre las ramas del poder, que implica relaciones de cooperación y coordinación interinstitucional, existen relaciones de control entre los órganos estatales, pues es una realidad que el poder no solo debe dividirse para que no se concentre sino que también debe controlarse para que no se extralimite".
Esa colaboración y esa independencia son, reiteramos, pilares del Estado de derecho. Pero, además, el respeto mutuo. Se puede disentir, en derecho y con altura, pero es riesgoso enviar mensajes en clave de confrontación, más en un país que necesita que sus instituciones permanezcan sólidas.