Ley de seguridad

Con el objetivo de enfrentar una amenaza real para los colombianos –la disparada de la delincuencia común y el vandalismo que instrumentaliza y contamina el derecho a la protesta–, y no sin polémicas, el Congreso acaba de aprobar la nueva ley de seguridad ciudadana. Se trata de una iniciativa que atiende una exigencia de la sociedad y que en esencia entrega a las autoridades mayores elementos para combatir a los criminales, a la vez que busca tapar algunos de los huecos jurídicos que han contribuido a cimentar la idea, desafortunadamente nada equivocada, de que muchas de las actuales normas terminan favoreciendo los derechos del victimario por encima de los de sus víctimas.

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Tras un intenso debate legislativo, el país cuenta hoy con reglas de juego que buscan evitar que los delincuentes profesionales logren evadir la cárcel, a pesar de ser capturados hasta diez veces en menos de un año. Así, los jueces deberán enviar a prisión, mientras dura el nuevo proceso, a los capturados que tengan antecedentes como imputación y aceptación de cargos. Las normas vigentes restringían la medida carcelaria a la existencia de una condena previa y dejaban un margen amplio de interpretación para los operadores judiciales, que muchas veces han optado por mandar para sus casas a peligrosos delincuentes. Asimismo, el uso de armas de fuego y cuchillos en hurtos y atracos se castiga, de entrada, con prisión.

De la misma manera, la nueva norma sanciona conductas violentas que se han vuelto comunes en las protestas ciudadanas y nada tienen que ver con el ejercicio legítimo de ese derecho. Lo cual, por supuesto, no implica que los derechos de quienes lo hacen pacíficamente sean objeto de constreñimiento ni la legitimación de abusos de de la Fuerza Pública en los operativos de control de las manifestaciones.

Como bien lo señaló el presidente Duque, lo que impone la convivencia social es que no se permitan, y que además se sancionen judicialmente, los actos violentos ocurridos en las protestas, sean estos responsabilidad de manifestantes o de agentes del Estado. La nueva ley abre una posibilidad que ha sido criticada por varios congresistas, pero que se usa en países como España y Estados Unidos, y representaría un primer paso para superar la historia de corrupción y descontrol en el manejo carcelario: que existan cuerpos privados de seguridad en centros de reclusión que son responsabilidad de los entes territoriales.

Como debe ocurrir en un Estado de derecho, serán las altas cortes las que determinen la constitucionalidad de estos y otros ajustes que han generado polémica, y que dirigentes de oposición califican como violatorios de derechos y caldo de cultivo de la práctica ilegal de la justicia por mano propia, como la consideración de agravante judicial del uso de máscaras y capuchas en actos criminales de destrucción de sistemas de transporte público y la ampliación del derecho a la legítima defensa de la propiedad privada en algunos casos puntualizados.

De cara al grave reto que supone el descontrol de la criminalidad en las calles, la nueva norma es una respuesta necesaria que, tras someterse al debate democrático y a los controles jurídicos exigidos, debe contribuir a la seguridad de todos.

EDITORIAL