Región Metropolitana

A sanción presidencial pasó la ley orgánica que le da marco jurídico al funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, creada a mediados del 2020. Se trata de un hecho histórico, comoquiera que desde hacía varias décadas se venía discutiendo sobre la posibilidad de contar con un marco regulatorio que le permitiera a este territorio una mayor integración en temas claves para su consolidación como despensa agrícola, diversidad ecológica y potencial socioeconómico.

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Sin duda, el crecimiento de los municipios cercanos a Bogotá propició este resultado. Más del 30 % de la población de Sabana Centro proviene de la capital, hablamos de una región que podría quedar conformada por cerca de 11 millones de personas, la misma en la que se hacen 2,6 millones de viajes diarios –cifra similar a los de TransMilenio en un día–, la que provee el 40 % de los productos que consume Bogotá, congrega el 13 % de los páramos del país y genera el 35 % del PIB nacional.

Lo que sigue es la aprobación del Concejo y la Asamblea para dar inicio al proceso de integración, al que, según los promotores de la iniciativa, se estarían sumando voluntariamente 40 municipios más, también previa autorización de sus cabildos. Una vez surtido ese paso, los dos temas que ocuparán inicialmente al nuevo organismo serán el de movilidad, para lo cual se creará una autoridad única de tránsito que ya no dependerá del Ministerio del Transporte, y el abastecimiento agrícola.

Las experiencias de este tipo han demostrado que con reglas de juego claras es posible el beneficio común. Aunar esfuerzos, promover iniciativas empresariales, atender las demandas sociales e incluso consolidar esquemas de seguridad y justicia para sus pobladores trae ventajas sustanciales. Solamente en proyectos de infraestructura, la nueva región metropolitana tiene contemplados desarrollos por 30 billones de pesos, y cada vez es más evidente que se requieren acuerdos para la articulación de los planes de desarrollo con la nueva realidad.

Apostarle a esta dinámica es un imperativo de los gobiernos locales y regionales y un compromiso de la sociedad. Pero para ello, insistimos, se necesita de unos acuerdos mínimos y un alto nivel de confianza. Sin estos requisitos básicos, cualquier iniciativa puede convertirse en un obstáculo que eche por tierra lo conseguido. Y nos referimos en particular a las dudas que distintos sectores vienen planteando, entre ellas la relacionada con el esquema de financiación de la naciente figura. Si bien el Ejecutivo pondrá millonarios recursos, la posibilidad de generar incrementos en las cargas impositivas, nuevos peajes, valorizaciones, plusvalías y demás genera inquietud en el sector privado, que ve una amenaza para la inversión y consolidación de una industria regional.

El otro riesgo, además de que la falta de consensos pueda dejar en desventaja a Bogotá o a cualquier otro municipio, es convertir el nuevo ente en un elefante burocrático del que terminen pelechando políticos y oportunistas. Blindar esta figura contra tales amenazas es un deber moral para quienes la han sacado adelante y un reto para futuros gobernantes. La desconfianza es el enemigo por vencer.

EDITORIAL