Un paso adelante y dos –e incluso más– atrás parece ser la mejor forma de describir el lento proceso que vive Venezuela rumbo al anhelado cambio que permita el regreso de la democracia.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia –controlado por el régimen de Maduro–, y conocida a finales de la semana pasada, que ratifica una sanción de inhabilidad hasta 2036 para participar en elecciones contra la principal figura de la oposición, María Corina Machado, constituye un muy preocupante retroceso.
Como resultado de los acuerdos de Barbados, en los que se trazó una hoja de ruta entre el Gobierno y la oposición para que en el país vecino puedan celebrarse elecciones libres y con observadores internacionales, se creó un mecanismo a fin de que dicho tribunal revisara sanciones contra posibles aspirantes opositores. Sobre Machado pesaba una sanción por supuestamente haber participado “en una trama de corrupción”, como el Tribunal denominó los esfuerzos para constituir un gobierno con reconocimiento internacional en torno a la figura de Juan Guaidó.
Colombia debe sumarse a los países que han condenado la decisión para demostrar que su defensa de la democracia no es selectiva.
Conviene recordar que Machado se ha erigido como la principal figura de quienes no están alineados con el régimen. En las elecciones celebradas el pasado mes de octubre para escoger el aspirante de la oposición, y que el oficialismo no reconoció, ella arrasó con un 92 por ciento de la votación: más de dos millones de respaldos. Hay que decir también que desde el primer momento en que se comenzó a hablar de un acuerdo para lograr la celebración de comicios, estuvo latente el temor de que Miraflores se las arreglara para que a Nicolás Maduro –cuya aspiración, aunque no oficializada aún, se da por descontada– se le enfrentara alguna figura que no generara mayor entusiasmo entre quienes creen que es hora de que llegue el fin de la revolución bolivariana a través de las urnas.
Por desgracia, los mencionados temores parecen confirmarse. No se sabe bien a qué juega Maduro, pues la decisión del Tribunal ya trajo como consecuencia directa el regreso de algunas de las sanciones de Estados Unidos. La empresa estatal minera Minerven ha vuelto a tener las restricciones de antes del alivio que Washington decidió, pensando en que el compromiso del régimen con el regreso de la democracia era en serio.
Frente la situación de María Corina ya se han pronunciado la Unión Europea, que dijo que con esta decisión se “socava” la democracia, en tanto que diferentes países de nuestra región, entre los que se destaca el gobierno de izquierda de Chile, en cabeza del presidente Gabriel Boric, han hecho un llamado firme para que se permita la participación de todos los candidatos y así garantizar un proceso transparente.
El Gobierno colombiano, que ha demostrado un claro interés por la defensa del sistema democrático en países del área, tal y como quedó evidenciado con el papel desempeñado por el presidente Gustavo Petro durante la atropellada posesión del mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, haría bien en sumarse a esas voces para dejar claro que su talante democrático de ninguna manera es selectivo. Se trata de estar del lado correcto.
EDITORIAL