Una tarea inaplazable

Dice el conocido refrán que “el que no sabe es como el que no ve”. Esa expresión de la sabiduría popular bien se le puede aplicar a Colombia, que en pleno siglo XXI desconoce todavía cómo está conformado su territorio, más allá de las divisiones istrativas que se encuentran en los mapas.

Debido a ello, desde mediados de la década pasada una de las metas de la política pública ha sido el desarrollo del catastro multipropósito, un sistema que busca registrar datos actualizados respecto a la propiedad y el uso del suelo. A partir de la información correcta será posible no solo determinar la vocación de los predios identificados, sino contar con una base para el cobro del impuesto predial, cuyo recaudo es fundamental para las finanzas territoriales.

Un informe de este diario señaló cómo la istración Petro le ha dado una alta prioridad al tema. El objetivo es que para 2026 se haya logrado la actualización catastral de unos 44 millones de hectáreas, de los más de 110 millones que forman parte de la extensión total del país, en su parte continental e insular.

Una vez descontadas las zonas selváticas, la meta factible es cercana a 80 millones de hectáreas. Con la identificación de qué hay y en dónde, se llenará un vacío que hoy obstaculiza la concreción de propósitos tales como una distribución más equitativa de la tierra, clave en una nación donde la concentración de la propiedad es elevada.

Gran parte de la responsabilidad en lo que se logre le corresponde ahora al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), que en la actual vigencia presupuestal dispone de cerca de un billón de pesos para adelantar una labor que es clave. Para el año que viene, la necesidad de recursos es aún mayor.

Dadas las restricciones, no está de más lamentar que este gobierno haya decidido desechar parte del legado que recibió de sus predecesores. Fueron estos los que impulsaron en su momento el catastro multipropósito, gracias a lo cual en 2022 se habían actualizado casi 11 millones de hectáreas y unos 37 millones más entraron en la categoría de conservación, mediante el uso de diferentes herramientas tecnológicas.

Así, en muchos lugares se optó por rehacer lo ya realizado, con el consecuente desperdicio de tiempo y recursos. Como si eso fuera poco, varios artículos de la ley que acogió el Plan de Desarrollo vigente implicaron dar un paso atrás, al concentrarse en el componente meramente económico del catastro, que hace más difícil la regularización masiva de la propiedad rural y urbana.

Además, se adoptaron mecanismos que traen el riesgo de un abuso de poder al concentrar todo en el Igac, lo cual debilita la descentralización y desconoce las capacidades regionales en esta materia. También se han expresado dudas sobre lo que puedan hacer las comunidades étnicas, a las cuales se les dio la potestad de gestión catastral.

Todo lo expresado muestra las dificultades de diverso orden para completar un oficio de carácter urgente, que requiere la adecuada combinación de celeridad y profesionalismo para ser efectivo. Dadas las circunstancias, el país no merece otra frustración, ni mucho menos seguir a ciegas en el que es un asunto fundamental para todos.

EDITORIAL