Ya vienen las elecciones

El vencimiento, esta semana, de los plazos fijados por la ley para la inscripción de quienes anhelan llegar al Congreso de la República en las elecciones de marzo próximo, así como para la entrega de las firmas que respaldan las aspiraciones de once colombianos que estarán en la contienda presidencial, cuya primera vuelta está prevista para mayo, sirvió para decantar un poco las aguas turbulentas de la víspera del año electoral que será 2018.

En lo referente a las listas de los partidos que pretenden conformar las bancadas en la legislatura que comenzará el 20 de julio del año que viene, cualquier reflexión debería empezar por lamentar una ausencia: la de las listas cerradas (con algunas contadas excepciones, entre ellas la Farc, vaya paradoja).

En numerosas ocasiones, desde estos renglones hemos señalado cómo esta figura ayuda a fortalecer los partidos y, en consecuencia, la democracia. No es gratuito que una de las principales recomendaciones de la misión creada para dar insumos a la que al final resultó ser una frustrada reforma política fuera justamente esa: que las listas cerradas tomaran el lugar de las abiertas, donde proliferan las microempresas electorales.

La razón obedece a que hoy, para nadie es un secreto que uno de los principales flagelos que carcomen la credibilidad del Congreso es la forma como algunos han construido un engranaje perverso que incluye millonarias inversiones en campañas que siguen al pie de la letra los cánones del clientelismo en su más tóxica expresión. ‘Inversión’ –nótense las comillas– que luego recuperan, por las vías de la corrupción, quienes respaldaron a los candidatos. Las ya referidas microempresas desvirtúan, como es lógico, la esencia de la representación política; son la negación total del ejercicio de esta en función del bien común. Como debe ser. De ahí que el hecho de que cada aspirante al Senado o a la Cámara esté obligado a hacer campaña en clave individual y no colectiva sea un poderoso incentivo para quienes así obran.

Por supuesto, y por fortuna estos no son la mayoría, no son pocos los casos de candidatos que estando en el tarjetón de estos comicios asumen su actuar político de manera opuesta y, en consecuencia, virtuosa. También hay que decir que las listas cerradas no son una cura mágica para todos los males que hoy acechan la política, aunque su implementación generalizada sí hubiese sido un contundente primer paso en la dirección correcta.

Pero no es esta la única preocupación que deja el repaso de los inscritos. Hay otra: la de hasta qué punto quienes hoy están privados de la libertad por delitos que se enmarcan en la lógica perversa anteriormente citada podrán capitalizar el poder electoral que de manera indebida han amasado en los años recientes. Para neutralizar este desafío, al actuar de la justicia se debe sumar lo que le corresponde a la ciudadanía: la responsabilidad de ejercer libre y, sobre todo, con autonomía el derecho al voto. Este sí es un antídoto integral con potencial de cambiar radicalmente el semblante del paciente. Quizás el único.

Y así como ya está claro quiénes se alistan en el partidor de la carrera por las curules del Congreso, el de la presidencia hoy ofrece un panorama un poco menos confuso que hace algunas semanas, cuando los candidatos se contaban por decenas. Esto como consecuencia del filtro que supuso el vencimiento del plazo para entregar las rúbricas en el caso de los independientes y de las decisiones tomadas en el Centro Democrático –que proclamó a Iván Duque como su aspirante– y en la coalición que con miras a la carrera por la primera magistratura conformaron Sergio Fajardo y los senadores Claudia López y Jorge Robledo, en la cual el favorecido fue el exgobernador de Antioquia.

A cuantos hoy conforman este grupo de candidatos hay que recordarles que en el contexto actual sería altísimo el costo de no cumplir unas mínimas reglas de juego en el debate. Sobra recordar la importancia del rigor en el uso de las cifras, así como de ser responsables, realistas y veraces al abordar temas tan críticos como el manejo de la economía, que enfrentará muy posiblemente vientos cruzados en el próximo cuatrienio.

De vuelta a la campaña, tan primordial como procurar la serenidad, la argumentación y la transparencia será evitar el uso de acusaciones infundadas como arma política, así como los insultos y las calumnias por más virales que estas resulten. Y es que en tiempos de redes sociales aumenta exponencialmente la tentación de recurrir a fórmulas dramáticas y retóricas que a corto plazo, y en función de la contabilidad de apoyos para la campaña, dan resultado, pero los candidatos deben tener muy claro que a largo plazo carcomen las bases sobre las que se levantan la democracia e, incluso, el Estado de derecho.