Comienza el tercer año, y quizás el definitivo, de las reformas sociales: ¿qué le espera al Gobierno en el reinicio de la legislatura?

Hace tres años, cuando se presentaron las reformas sociales, el Gobierno aseguró que estarían listas en cinco meses —junio de 2023—, pero han pasado 24 meses y el Congreso aún las sigue discutiendo.

En la reanudación de la legislatura, que será oficialmente el próximo domingo, la Casa de Nariño enfrenta el desafío de sacar adelante cinco reformas claves. Sin embargo, no parece una tarea sencilla, teniendo en cuenta que las mayorías no son claras, especialmente en el Senado, y la anticipada campaña electoral, que ya se siente desde 2024, será más intensa este año.

De las reformas sociales, solo se aprobó la pensional, que ahora se enfrenta a su debate definitivo en la Corte Constitucional. Tras ser sancionada por el presidente Petro en julio del año anterior, la ley recibió más de 100 demandas por posibles vicios de trámite.

La reforma de la salud, que fue la primera en presentarse y que se hundió en abril de 2024 durante su tercer debate en la Comisión VII del Senado, ha sido presentada nuevamente y se encuentra en su segundo de cuatro debates en la plenaria de la Cámara.

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Si bien el presidente Petro había anunciado que se convocaría a sesiones extraordinarias para avanzar en ese debate, hasta hoy no se ha emitido decreto en ese sentido. Sin embargo, todo indica que esa ley no enfrentará mayores problemas en la Cámara, donde el Gobierno ha logrado mantener las mayorías con el apoyo de ‘la U’, el Partido Liberal y disidentes del conservatismo, quienes, a pesar de las directrices de sus líderes, han respaldado al oficialismo.

Sin embargo, hay expectativa de lo que suceda con los votos liberales, ya que hace unas semanas el jefe de esa colectividad, el expresidente César Gaviria, tomó la decisión de salir de la coalición y declararse en independencia. Eso podría cohibir a algunos liberales para apoyar esas iniciativas.

Según Gaviria, estas iniciativas “no están generando progreso y están dejando a millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Es nuestra política y nuestra moral alzar la voz frente a estas realidades”.

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En el Senado, donde el Gobierno ha sufrido varias derrotas, el panorama será más complicado. La reforma laboral, que también se hundió por falta de trámite, tiene un panorama más complejo de cara al inicio de su tercer debate en la Comisión VII del Senado, que está en manos de la conservadora Nadia Blel. Primero, los votos no estarían. Si la votación fuera hoy, tendría cuatro a favor —Wilson Arias (Pacto), Martha Peralta (Pacto), Ferney Silva (Pacto) y Omar Restrepo (Comunes)— y cuatro en contra —Honorio Henríquez (Centro Democrático), Alirio Barrera (Centro Democrático), José Alfredo Marín (Partido Conservador) y Nadia Blel (Partido Conservador)—.

Pero el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha estado moviéndose desde octubre, cuando no había terminado el trámite en Cámara, para mover las fuerzas y buscar que tres votos salieran de Lorena Ríos (Colombia Justa Libres), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Berenice Bedoya (ASI), Norma Hurtado (‘la U’) y Ana Paola Agudelo (Mira).

Sin embargo, ante la inminente salida de Cristo, esta sería una tarea difícil para el nuevo ministro del Interior. La oposición, mientras tanto, apostará a dilatar el debate, ya que, por ser su segunda legislatura en trámite, si no está aprobada el 20 de junio, se hunde.

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Más que el poder de negociación, será clave la capacidad de concertar las iniciativas en el Senado. No se descarta que algunos de los asientos en el gabinete, en medio de las salidas por aspiraciones electorales y la crisis tras el consejo de ministros televisado, quede en manos de personas cercanas a los partidos que muevan votos en el Congreso. Ya el Ministerio de Transporte quedó en manos de un miembro de la Alianza Verde, y todo indica que el Ministerio de las TIC seguirá siendo un fortín de ‘la U’. Ambos partidos son fundamentales para la aprobación de las reformas.

Pero el ambiente no es del todo adverso para el Ejecutivo. Hay dos reformas que han sido concertadas y, si no se desnaturalizan, pueden ser aprobadas sin mayores inconvenientes. Por un lado, está la ley ordinaria de jurisdicción agraria, y por otro, la reforma de la justicia, que también es impulsada por la Fiscalía y la Corte Suprema. Precisamente, el acompañamiento del alto tribunal ha generado la confianza incluso de la oposición. Tanto así que Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, fue el ponente en Senado.

La quinta reforma aún no ha sido radicada, pero sí anunciada por el presidente Petro. Se trata de una nueva reforma tributaria que busca recaudar al menos 12 billones de pesos que fueron aplazados en el presupuesto de 2025.

Pero ese proyecto no tiene un buen ambiente. En un año preelectoral, históricamente destinado a avanzar en la agenda propia de los congresistas, será difícil que se tramite un proyecto que aumente los impuestos a diversos sectores y encarezca el costo de vida. En eso coinciden tanto independientes como opositores, que se unieron en diciembre para hundir una ley en ese sentido.

El Presidente ya ha sido advertido, incluso por el propio presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien dijo que liderará el archivo de “las reformas que no le sirven al país”.

Lo cierto es que este sería el año definitivo para estas iniciativas que, si bien hay consenso en la necesidad de hacer mejoras a los sistemas, el llamado de quienes se oponen es construir sobre lo construido. Si no es este año, el 2026, en plena campaña, será más complejo.

MATEO GARCÍA AGUDELO

Subeditor de Política