La billonaria demanda que podría poner en jaque al Congreso

Es por 2,5 billones de pesos y está contra la Cámara, el Senado y el Ministerio de Minas.

La jornada del miércoles para debatir PND se inició a mitad de la mañana en el Capitolio Nacional. Foto: Mauricio León-EL TIEMPO

01.09.2019 18:06 Actualizado: 02.09.2019 08:54

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Si la Cámara de Representantes perdiera una billonaria demanda que tiene actualmente en su contra, tendría que dejar de funcionar por lo menos durante tres años solo para pagar las pretensiones de los demandantes: 2,5 billones de pesos colombianos.

El pleito que tiene en contra la corporación, y en el que también están involucrados el Senado y el Ministerio de Minas, fue interpuesto por particulares y gente del gremio de los combustibles.

Alegan que se causó un “perjuicio” con la aprobación de un artículo de la Ley 1450 de 2011, en el que se le otorgaba la facultad al Minminas de fijar el precio de los combustibles basándose en el valor internacional del barril de petróleo.

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El artículo estuvo vigente durante dos años, hasta finales del 2013, cuando la Corte Constitucional lo tumbó por considerar que había “ausencia total de parámetros de rango legal para establecer la tarifa”.

Tras el fallo llegó la demanda. Los demandantes tasaron los perjuicios en 2,5 billones de pesos, mientras que el presupuesto total que tiene la Cámara para este año es de 348.700 millones de pesos. Es decir que, de perder el pleito, tendría que dejar de funcionar por unos tres años para pagar su parte.

Los demandantes consideran que no solo se afectaron los gremios del combustible sino también los transportadores.

Si bien la oficina jurídica de la Cámara calificó como “remota” la posibilidad de pérdida de esta demanda, preocupan los altos montos que puede terminar pagando el Estado por los errores cometidos en los proyectos de ley aprobados por el Congreso.

Por ejemplo, de las 45 demandas que tiene en contra la Cámara actualmente, muchas de las cuales obedecen a errores cometidos en proyectos de ley o declaratorias de nulidades en algunas elecciones, el 42 por ciento tiene un “alto” riesgo de pérdida.

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El total de las pretensiones de estas demandas que podrían perderse asciende a los 21.300 millones de pesos.Esto es casi la mitad de todo el presupuesto de inversión que tiene asignado la Cámara para este año, que es 45 mil millones de pesos.

A esto se suman otras 13 demandas que tienen riesgo “alto medio” de pérdida, que suman más de 15 mil 600 millones de pesos en pretensiones.

Cabe aclarar que, a pesar del alto número de demandas en contra, la Cámara en los últimos años ha ido reduciendo la litigiosidad, en buena medida porque se han acogido estándares de buenas prácticas en la materia de la Agencia de Defensa de Jurídica del Estado.

Según los reportes recabados por este diario, la corporación pasó de tener 60 procesos en contra a finales de 2017 a tener 45 en la actualidad.

Más procesos

Estas buenas prácticas se pondrán a prueba con más demandas que, seguramente, llegarán si la Corte Constitucional tumba parcial o totalmente la ley de financiamiento aprobada a finales del año pasado.

Como lo reportó este diario, al menos dos de las 30 demandas que tiene la ley de financiamiento en la Corte Constitucional tienen poderosos argumentos que podrían llevar a que alto tribunal hunda esta norma que contiene varias disposiciones de tipo tributario.

En las próximas semanas, el alto tribunal estudiará estas dos de demandas que alegan vicios de forma y que piden tumbar la ley en su totalidad.

JAVIER FORERO

POLÍTICA

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