El drama del tsunami de colombianos indocumentados que fueron retornados de EE.UU.

Con sus tenis sin cordones, vestida con un pantalón y camiseta blancos, aún portando dos manillas en las muñecas que la identificaban como ilegal en un país que no era el suyo y vislumbrando un futuro con muchas más incertidumbres que certezas. Así llegó Liliana a Bogotá el jueves, en un vuelo proveniente de Texas (Estados Unidos).

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Liliana y su familia hacen parte del grupo de colombianos incluidos en un acuerdo con Estados Unidos para devolver por vía aérea a connacionales que intentaron, sin éxito, pasar irregularmente la frontera con México. Ellos, como decenas de miles de personas llegadas de todo el mundo a ese mismo sitio, también se quedaron esperando que el fin del famoso Título 42, que oficialmente dejó de regir a la medianoche del jueves, les diera un chance de quedarse en los EE. UU.

Pero no fue así. Para ellos, el ‘sueño americano’ nunca dejó de ser una pesadilla. Ahora están de regreso, incluso con menos oportunidades que hace meses, cuando decidieron jugarse la vida y ponerla en manos de los temidos coyotes, los traficantes de seres humanos que les arrancan los últimos dólares que les quedan para ponerlos al otro lado del río Bravo.

Hacia las ocho de la mañana del jueves, apenas cuando se bajó del avión, Liliana supo realmente cuál era el destino del vuelo al que la subieron varias horas atrás en una base militar de Texas y recuperó la noción del tiempo que había perdido siete días atrás. “Bienvenida a tu país”, le dijeron. “¿Cómo que bienvenidos? Si salí huyendo de acá”, contestó esta mujer de 31 años, quien a finales de abril emprendió un viaje con su esposo y su hija de 10 años hacia México con la intención de pedir asilo en Estados Unidos.

Según Migración Colombia, entre el 1.º de enero y el 13 de abril de este año llegaron otros 16 vuelos con un total de 2.202 ciudadanos: 1.039 niños, niñas y adolescentes; 680 mujeres y 483 hombres. Y en Estados Unidos hay unos 14.000 más que están en centros de detención y que, en su mayoría, terminarán en un avión de regreso a Colombia.

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Como miles de los connacionales que intentan lograr el asilo, Liliana justifica su decisión de irse de Colombia por la violencia. En el 2007, cuando tenía 15 años, ella y su familia salieron desplazados por los paramilitares de una vereda en Acacías, Meta. “Ellos siempre le preguntaron a mi mamá por mi hermano y por mí, porque querían llevarnos a sus campamentos (…). A mi padrastro, que manejaba un camión, le pedían que transportara insumos, pero él se negó pensando en nosotros. Ahí empezaron las amenazas”, dice.

A pesar de que han pasado varios años, y tras intentar empezar desde cero en Bogotá, Liliana asegura que esa violencia aún la persigue. “A donde llego, me encuentran. En ninguna ciudad estoy a salvo. Me han extorsionado porque supuestamente tengo un pendiente con ellos, pero nunca les hice nada. Por eso dije: ‘tenemos que irnos de aquí’”, narra.

Tuvo que pedir prestados los 29 millones que les costó todo el viaje entre tiquetes, comida y el pago a la persona que les garantizaría la seguridad en México, el coyote. Conociendo los riesgos, emprendieron el viaje. Su plan fue ingresar el 5 de mayo por la ciudad fronteriza Piedras Negras, en México. Allí se enfrentaron al río Bravo, temido no tanto por su profundidad, sino por la corriente fuerte. Para evitar ser arrastrados, los tres entrelazaron sus brazos y pasaron. Cuidando, además, no perder sus maletas.

Cuando vencieron el agua, se toparon con agentes norteamericanos en la ciudad Eagle , en Texas. Ahí se entregaron para iniciar el proceso de solicitud de asilo. Los agentes ordenaron hacer tres filas: una para mujeres que viajaron solas, otra de hombres solos y otra para grupos familiares. Hacia las cuatro de la mañana los transportaron a un albergue y les dijeron que lo que no pudieran meter en sus maletas lo botarían. Alcanzaron a cambiarse la ropa mojada y les tomaron sus huellas. “Nos dijeron que estaríamos tres días. Nos pasaron a unas habitaciones donde estábamos hacinados. Éramos más de 50 personas con niños”, cuenta Liliana.

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Para cada uno dispusieron una colchoneta delgada y una manta que, según dicen, parecía una bolsa de aluminio. “Levántense que esta no es su casa”, les decían los guardias varias veces luego de que golpeaban las ventanas para despertarlos. “A cada rato nos hacían un conteo con una manilla. Cada vez que preguntábamos algo de nuestros procesos nos decían: ‘Cállate, que no estás en tu país’”, cuenta.

Las personas que llegan a estos albergues, como ella y cientos de colombianos, venezolanos, cubanos y guatemaltecos, son considerados infractores de la ley (a diferencia de Colombia, donde la migración sin papeles no es delito). Por eso son retenidos para definir sus procesos y establecer si los deportan, los retornan o les permiten explicar ante un juez su situación para pedir asilo.

El esperado fin del Título 42, que se aplicó desde la istración Trump para deportar directamente a los migrantes con la excusa de la pandemia, les debía dar el chance de pedir una audiencia. Pero esa oportunidad nunca la tuvieron. EL TIEMPO habló con al menos diez de los colombianos retornados que llegaron esta semana y sus historias coincidían en varios aspectos. Por un lado, que a los hombres no los dejaban bañarse. El esposo de Liliana, por ejemplo, contó que duró siete días sin un baño. “Una señora me prestó unos pañitos para limpiarme”, asegura.

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La situación para las mujeres era complicada, especialmente para quienes tenían su periodo menstrual, pues no les permitían ni cambiarse la ropa interior. Les daban solo un minuto para ducharse. Después de varios días bajo ese régimen las horas dejaron de ser claras y la señal para saber en qué momento del día estaban era cuando les traían la comida o cuando hacían aseo.

Así transcurrieron siete días hasta el miércoles, cuando los llamaron por familias y ellos pensaron, con ilusión, que estaban en la lista de los que tendrían audiencia. Preguntaron, pero lo único que les dijeron es que serían trasladados a Laredo, Texas.

Aún estaba de día cuando los montaron en un bus y efectivamente los llevaron a esa ciudad. “Nos pasaron unas bolsas y dijeron: ‘Acá tienen que meter lo importante y de valor. Lo que no, se va a la basura’. Con el dolor en nuestro corazón, botamos todo”, recuerda Liliana.

Les comentaron que por el vencimiento del Título 42 iban a cerrar el resguardo donde estaban antes y que por eso se tenían que ir. “Pensé que allá ya culminaríamos el proceso”, agrega Liliana. En ese momento, arribaron dos personas que aseguraron ser representantes del consulado colombiano, quienes preguntaron a los migrantes de qué parte de Colombia venían, porque supuestamente querían saber de qué zonas del país se estaban dando más flujos migratorios. Fue el único o que tuvieron con una autoridad colombiana. Esos funcionarios no sabían nada de sus procesos de migración. Lo que más recuerda de ellos Liliana es que uno se limitó a desearles buena suerte.

En todo caso, la aparición de los diplomáticos colombianos abrió la esperanza de que les iban a permitir el ingreso. Pero esa esperanza se derrumbó 40 minutos después, cuando vieron que sus papeles los cambiaron de carpetas. Entre los migrantes corría la voz de que si sus papeles aparecían en carpetas de color café, esas eran las que iban a audiencia de asilo. Y en ese momento los colombianos vieron que sus papeles pasaban a fólderes amarillos y verdes que fueron empacados en dos cajas grandes. Todo fue en cuestión de segundos y ahí ya había caído la noche.

“Algo está pasando”, pensó Liliana. Luego los llamaron por grupos familiares y salieron casi 200 colombianos. Afuera vieron decenas de esposas metálicas en el suelo: a todos los hombres los esposaron y, además, en la cintura les pusieron una cadena y en los pies, grilletes.

En ese instante, relatan que los niños empezaron a llorar al ver a sus padres en esa condición. “No nos hemos robado nada, no le hemos hecho daño a nadie para que hicieran eso”, señala Liliana. A todos los subieron a tres buses que tenían las luces internas apagadas y el aire acondicionado prendido. A bordo iban policías del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

“Nosotros estábamos atrás y ellos (los agentes) se reían todo el tiempo en el camino. Yo sentí que se estaban burlando de nosotros (…). Los niños estaban desesperados con el frío”, cuenta. Según la mujer, llegaron a un lugar abierto poco iluminado. Alcanzaron a observar un par de avionetas. Preguntaban, pero nadie les respondía dónde estaban ni a dónde iban.

Los migrantes que hablaron con este diario coincidieron en que el sitio no era un aeropuerto, sino más bien lucía como una base militar. Esperaron otros 40 minutos, más o menos, y hacia la medianoche, es decir, el 11 de mayo, una de las oficiales dijo: “Ya es hora”.

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Los bajaron del bus y les dijeron que subieran al avión. Los sentaron por familias: hombres en las ventanas, mujeres en el corredor. Nadie sabía qué destino tenía ese vuelo y nunca les dieron una respuesta al respecto.

Cuando aterrizaron en la capital, les quitaron las esposas y los grilletes y varios de los migrantes intentaron salir para que los vieran las autoridades. Funcionarios de Migración Colombia alcanzaron a ser testigos de este trato. Tanto este vuelo del jueves como el del miércoles hicieron parte del plan piloto Mamá Retorna, el cual, según Migración, buscaba proteger al núcleo familiar y liberar el flujo de colombianos en la frontera sur de Estados Unidos, antes de la finalización del Título 42 y en el marco del mes de la madre.

El director de la entidad, Carlos Fernando García, en diálogo con este diario, explicó que estos vuelos han aumentado en esta istración porque en diciembre del año pasado, el presidente Gustavo Petro se reunió con el secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y se habló de las condiciones precarias de los migrantes colombianos retenidos. Allí, EE. UU. expuso que quería incrementar los vuelos de retornados y Colombia manifestó que para hacerlo era necesario mejorar las condiciones de trato a los colombianos. “A pesar de las continuas vulneraciones a los derechos humanos de los colombianos, nosotros seguimos paulatinamente incrementando los vuelos, pero seguimos exigiendo con fuerza que el trato de nuestros connacionales sea prioritario, una característica o una condición que consistentemente los Estados Unidos ignora”, aseguró el director.

Para mitigar esta situación, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, le dijo a EL TIEMPO que siguen trabajando en unas mesas técnicas que se crearon entre ambos países para estudiar caso por caso. La idea es “establecer un protocolo para que realmente se apliquen estándares de derechos humanos y que permitan el retorno de esta población de manera digna”.

Murillo señala que en Estados Unidos hay un trabajo permanente de la misión diplomática y de los consulados, sobre todo en las zonas de mayor impacto, donde están respondiendo con asistencia y seguimiento a las condiciones en que se encuentra la población colombiana.

Sobre las quejas que han manifestado los ciudadanos de los procesos de retorno, el embajador recuerda que quienes ingresan de forma irregular están “en una situación de privación de su libertad” y las expectativas por soluciones de retorno que la gente espera, dice él, se salen de las manos del Gobierno colombiano, “pues está dentro de la jurisdicción de del Gobierno de Estados Unidos”.

Las autoridades coinciden en que se prevé que este tipo de vuelos siga llegando en los próximos meses. La Defensoría del Pueblo ha señalado que esperan el arribo de miles de initidos.

Analistas concuerdan en que el regreso de miles de ciudadanos implicará un desafío de atención para las autoridades colombianas. María Clara Robayo, investigadora del Observatorio de Venezuela en la Universidad del Rosario, dice que el país tiene que estar preparado para asumir los complejos panoramas que viven estas familias que se fueron de Colombia y al ser retornados no desean regresar a sus sitios de origen por situaciones de seguridad. O incluso, como les pasa a Liliana y a los migrantes que hablaron con EL TIEMPO, tienen intención de volver a salir del país. La Subdirección General de la Unidad para las Víctimas constató que el 10 por ciento de los ocupantes de cada uno de los vuelos que llegaron esta semana aparecen en el Registro Único de Víctimas del conflicto armado.

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“En este momento no hay una entidad capaz de dar respuesta a la recepción de migrantes deportados. Tiene que haber programas de recepción y acompañamiento para este regreso de personas que puede que no hayan estado preparadas para estas decisiones de Estados Unidos. Lo que se esperaría es que no se revictimicen en territorio colombiano”, expone Robayo.

En eso coincide Erika Rodríguez Pinzón, investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, quien añade que si bien el Gobierno podría tener dificultades, debe seguir enfocándose en garantizar condiciones de vida que les eviten a las personas la necesidad de migrar.

“Hay personas que desafortunadamente han recurrido a una vía desesperada y ven frustradas sus expectativas; planes en los que muy probablemente invirtieron una buena parte de sus ahorros”, agrega.

Si bien hay una estrategia clara para atender la emergencia humanitaria al momento de la llegada de los retornados —definida en la ruta integral que establece la Ley 2136 de 2021— , el desafío es grande por los números de los que regresan y, sobre todo, por lo que va a pasar con ellos en adelante.

Este diario conoció que el viernes hubo varias reuniones en las que estuvieron presentes representantes de la Cancillería, Migración, Defensoría del Pueblo y alcaldías, para evaluar qué acciones podrían tomar y, sobre todo, qué entidades se encargarían de qué poblaciones, dependiendo las necesidades de cada persona y familia.

El Gobierno ya está analizando la opción de brindar algún tipo de asistencia a través del Departamento de Prosperidad Social. También contemplan negociar con Estados Unidos algún tipo de asistencia a proyectos de los que retornan, pero es una opción que en este momento no ha avanzado. El reto para Colombia es hallar cómo los retornados encuentran una segunda oportunidad en un país al que no querían volver.

AURA MARÍA SAAVEDRA ÁLVAREZ

Redacción Política

En Twitter: @AuraSaavedra_