'Me siento más nicaragüense que nunca': Enrique Sáenz, opositor desnacionalizado por el Gobierno Ortega

Por medio de la ‘muerte civil’, el Gobierno de Ortega ha removido la nacionalidad de opositores y críticos que estuvieron encarcelados y a quienes ha expulsado hacia otros países. Entre las personas victimizadas por esta medida están activistas políticos, abogados contradictores, de la curia y periodistas. Otros opositores, que ya se encontraban desterrados, también fueron perseguidos mediante la desnacionalización, entre esos está el exdiputado Sáenz.

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Enrique Sáenz recuerda el momento en que recibió la noticia por parte de otra persona que había visto su nombre mencionado en televisión en un anuncio del Gobierno de Ortega en el que divulgaba las identidades de los opositores cuya nacionalidad fue despojada. “No hubo ningún juicio previo, la primera reacción fue de sorpresa porque jamás había recibido ninguna notificación de que hubiera alguna causa judicial en mi contra”, relata el exdiputado.

De acuerdo con Sáenz, el procedimiento legal que resultó en la enajenación de su ciudadanía se llevó a cabo en un solo día, el 15 de febrero de 2023. En cuestión de horas, el político fue acusado, procesado y sentenciado: “En un mismo día se produjo la acusación y la sentencia, un juicio que obviamente tenía que ser de circo, ningún juicio dura solo un día”.

La nacionalidad es el derecho humano inderogable que genera un vínculo jurídico entre una persona y el Estado ante el derecho interno y el derecho internacional. La ciudadanía posibilita la pertenencia a una comunidad política permitiendo a los sujetos adquirir y ejercer derechos y responsabilidades. 

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Enrique Sáenz también señala que él y otros opositores fueron declarados prófugos de la justicia, el régimen de Ortega hizo gestiones con Interpol para solicitar su captura. Interpol no procedió con ninguna acción porque la regulación de la entidad le impide proceder ante solicitudes de captura por causas de tipo político, aunque el régimen de Ortega expresó que la solicitud de capturas corresponde a delitos comunes.

De acuerdo con Sáenz después de recibir la noticia de su desnacionalización siguieron duros meses de despejar dudas e incertidumbres frente a su estatus junto con otros nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Para el diputado fue de especial preocupación lo que pasaría con su casa, donde vivía una hija suya y lo que pasaría en relación a su movilidad dentro de Costa Rica. Estas represalias por parte del Gobierno también han generado impactos concéntricos sobre los círculos familiares de los desnacionalizados, el secuestro de los bienes también ha perturbado la salud emocional de los familiares.

La capacidad de despojar de la nacionalidad a ciudadanos nicaragüenses fue otorgada por el Parlamento de Nicaragua mediante una reforma constitucional que establece que la medida es procedente para quienes sean considerados “traidores a la patria”.

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Ortega ha aplicado dicha prerrogativa sobre 222 personas que fueron encarceladas y después exiliadas y también sobre 94 opositores que ya se encontraban fuera de Nicaragua. Además de la pérdida de sus derechos ciudadanos y políticos, todo el patrimonio de los opositores fue apropiado por el Estado, sus cuentas bancarias fueron congeladas, se les prohibió ostentar bienes en Nicaragua y fueron enajenados de sus pensiones.

De acuerdo con Sáenz la mayor afectación para las 34 personas de las tercera edad entre los desnacionalizados fue la pérdida de sus pensiones, una pena sin base legal en la ley nicaragüense. “Cualquiera sabe que la opciones de empleo que uno tiene después de los 60 o 65 años son muy limitadas. Otros perjuicios afectan el patrimonio, la estabilidad, pero no amenazan la sobrevivencia. El despojo de la pensión representa una amenaza a la salud, a la estabilidad emocional”.

Las acciones del Gobierno Nicaragüense son flagrantemente violatorias del derecho internacional según múltiples organizaciones de derechos humanos. La privación arbitraria de la nacionalidad por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos está expresamente prohibida en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es firmante.

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Además, Ortega ha descrito el exilio de los opositores como “deportaciones”, una figura migratoria que solo es realizable ante el derecho internacional con ciudadanos extranjeros y nunca con nacionales. Ortega ha deportado a los Estados Unidos a 222 opositores que contaban con la nacionalidad nicaragüense, entre los supuestos crímenes por los cuales se les impuso el exilio figuran la “incitación a la violencia y al terrorismo” y la “desestabilización económica”. 

En este momento, Sáenz y otros opositores nacionalizados adelantan acciones legales para rebatir las medidas arbitrarias impuestas por el Gobierno Nicaragüense. No obstante, el exdiputado señala que la defensa legal en este caso tiene un gran nivel de complejidad ya que se deben acudir a distintas jurisdicciones para cada tipo de afectación; para rebatir su pérdida de nacionalidad han acudido a instancias internacionales mientras que para la reivindicación de sus pensiones y su patrimonio confiscado han acudido al derecho común.

La comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha denunciado casos de personas "apátridas de facto", nicaragüenses cuyo retorno al país es impedido, constituyendo un caso de desplazamiento forzado efectuado por el mismo Estado. Estas personas son forzadas a recurrir a mecanismos de protección internacional en otros Estados. Múltiples especialistas en derechos humanos, entre ellos un grupo de expertos internacionales designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han señalado que el carácter sistemático de esta persecución claramente configura un crimen de lesa humanidad por parte del Estado nicaragüense.

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Para Enrique Sáenz las acciones autoritarias del Régimen de Ortega, entre las cuales menciona también la cancelación de personalidad jurídica a organizaciones de sociedad civil, la persecución religiosa, las torturas, los encarcelamientos, los destierros, son producto de la desesperación y debilidad del régimen ante el descontento social creciente y la opinión pública en contra del gobierno nicaragüense. “Esa acción me reflejó la impotencia de la dictadura, su afán de venganza y su espíritu de persecución”.

La Cancillería Colombiana ha expresado preocupación por la remoción de ciudadanía de nicaragüenses, diciendo en un comunicado oficial: “Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales, incluyendo, entre otros, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados de los cuales Nicaragua es Estado parte". 

En este momento, Sáenz ha podido estabilizar su estatus migratorio gracias a un gesto generoso del Gobierno de España, el cual ofreció un trámite expedito a los 94 opositores excarcelados y desnacionalizados que estuvieran interesados en optar por la nacionalidad española. El excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y la poeta Gioconda Belli han sido otorgados la nacionalización por España. Por su parte, Colombia ha otorgado la nacionalidad al escritor Sergio Ramírez y su esposa en 2023 y junto con los gobiernos de Argentina, Chile, México se le ha ofrecido la ciudadanía a los otros opositores.

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A pesar de los perjuicios materiales y morales que han recaído sobre Enrique Sáenz a causa de su desnacionalización, el exdiputado expresa que los hechos han fortalecido sus convicciones y su voluntad de luchar por la libertad y la democracia en Nicaragua: “En lugar de desmoralizarse más bien se han fortalecido mis convicciones, se robustece mi identidad nacional, es un fenómeno psicológico, me quitan la nacionalidad y me siento más nicaragüense que nunca”.

SANTIAGO MALAGÓN RESTREPO - REDACCIÓN POLÍTICA