51 normas necesarias para cumplir con el acuerdo de paz siguen sin ser expedidas, según informe de ‘Del Capitolio al Territorio’

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“A partir de una depuración a las normas faltantes identificadas por entidades según el gobierno Petro, y del listado divulgado por el gobierno Santos, se evidencia que continúa pendiente la expedición de 51 normas”, se lee en el informe.

De estos 51 proyectos pendientes, 19 corresponden al primer punto del acuerdo de paz, el referente a la reforma rural. Ahí aparece por ejemplo la reglamentación de la Jurisdicción Agraria, entre otros. Del segundo punto, la participación política, son 13 las normas pendientes, entre ellas, una crucial como la reforma política.

Los otros cuatro del acuerdo agrupan los 19 puntos restantes: cuatro para el punto de fin del conflicto, seis ligados a la solución al problema de las drogas ilícitas, cuatro más relacionados con el acuerdo de víctimas y cinco necesarias para la implementación y verificación.

La base de este análisis es una lista de normas necesarias (107 en total) identificadas durante el gobierno de Juan Manuel Santos. A la fecha, de esas 107 hay 73 normas (el 66,4 por ciento) que ya se expidieron, de las cuales 64 surtieron su trámite en el gobierno Santos, siete en el gobierno Duque y dos en el gobierno Petro (Jurisdicción Agraria y el Sello Colombia destinos de Paz).

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El informe destaca la aprobación de otras normas durante este gobierno que no estaban incluidas dentro del listado inicial. Aparecen las leyes que definen la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz (paz total) y la que crea el Ministerio de Igualdad, el acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional o la ley que establece los lineamientos para la formulación de la política pública de nutrición prenatal y seguridad alimentaria gestacional.

“Además de las leyes sancionadas, a través de los decretos mencionados anteriormente, se ha dado cumplimiento a disposiciones necesarias para implementar el Acuerdo, como son la aprobación de nuevas metodologías del OCAD y el Sistema Nacional de Reincorporación”, dice el texto.

La mayor parte de las normas expedidas están relacionadas con el punto del fin del conflicto (22 en total).

Entre los obstáculos que identifica el informe se destacan dos: la politización política y la falta de priorización legislativa. Sobre el primer aspecto, ‘De Capitolio al Territorio’, proyecto de la Comisión de Paz del Congreso, implementado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con financiación de la Embajada Británica, da cuenta de las diferencias y falta de consenso entre los partidos políticos en ciertos temas que para algunos sectores pueden resultar controversiales y cómo esa situación puede llevar a un estancamiento legislativo o a la adopción de medidas dilatorias que dificulten el avance del proceso de paz.

“Por ejemplo, la regulación del cannabis es un paso necesario y urgente para cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas y desarrollar un sector económico. Sin embargo, tras varios intentos en las dos cámaras, aún sigue siendo un tema álgido que no cuenta con las mayorías exigidas”, explican.

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Con respecto al segundo aspecto, señalan que en un ambiente legislativo marcado por múltiples agendas, la implementación del acuerdo de paz “podría no ser considerada una prioridad para algunos legisladores o partidos políticos”. El documento indica que la priorizaron de las reformas del gobierno Petro, ha impedido que otras normas surtan su trámite e incluso han generado que se hundan.

Un tercer elemento entra el juego para ‘De Capitolio al Territorio’: las dificultades para hacer un monitoreo y la ausencia de una herramienta específica para ello.

“Por último, la incidencia de las curules de paz en ciertos temas se ha visto obstaculizada por la ausencia de mayorías o de herramientas de lobby que puedan alcanzar en las comisiones primera y quinta, que generalmente concentran la mayor cantidad de asuntos de relevancia para la implementación del Acuerdo”, concluye el informe.

REDACCIÓN POLÍTICA