'Los asesinatos son la amenaza más grave para el proceso de paz': ONU

Este martes, Carlos Ruiz, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y representante especial del secretario general en Colombia presentó al Consejo de Seguridad el informe trimestral del secretario general Antonio Guterres. El informe, con corte al 26 de junio de este año, se presentó el pasado 3 de julio y da cuenta del avance del proceso de paz.

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Ruiz reconoció los esfuerzos del Gobierno y de Farc para continuar en la consolidación de la paz y resaltó que el proceso haya continuado incluso durante las dificultades que ha generado la pandemia.

Además, aseguro que era alentador que la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo de Paz) componente Farc haya reanudado los diálogos con el Gobierno: “Espero que el diálogo constructivo entre el Gobierno y Farc se traduzca en acuerdos sobre entrega de bienes por parte de las antiguas Farc-EP, incluido el plazo para finalizarlo”, señaló el jefe de la Misión.

Agregó que la inseguridad que enfrentan los excombatientes, las comunidades, los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales es la mayor preocupación, sobre todo porque a pesar de la pandemia han continuado los asesinatos.

“La violencia contra quienes dejaron las armas y contra quienes defienden los derechos humanos y de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia. 210 es la cifra de excombatientes asesinados desde la firma del Acuerdo de paz”, afirmó Ruiz. Sin embargo, según la cifra que lleva el Partido Farc ascendería a 218 excombatientes asesinados.

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El representante del secretario general se refirió sobre los ETCR, considera que se debe reforzar la presencia de autoridades locales y de la presencia del Estado en zonas que han estado abandonadas por años, recalcó que la presencia integrada de las instituciones del Estado es un solución a largo plazo para prevenir y atender la violencia que golpea las zonas rurales. Por los que recordó que el Acuerdo de Paz diseñó los PDET (Programas de Desarrollo con enfoque territorial) y el Programa Integral Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, herramientas clave para el progreso en esas zonas.

Sobre los proyectos productivos, Ruiz reiteró que es urgente asegurar y garantizar la sostenibilidad de los firmantes de paz mediante la asistencia técnica, la asignación de tierras y el a los mercados.

Así mismo, instó al Gobierno y a Farc para que fomenten el liderazgo de las mujeres excombatientes en la reincorporación social, económica y política, desde la Mesa técnica de género que contempla el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

Para el delegado de la ONU, es importante apoyar a todos los actores que componen los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición en su labor de velar por los derechos de las víctimas.

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Finalmente, Ruiz enfatizo en que “no hay justificación para seguir infligiendo violencia a los colombianos vulnerables que están pasando por enormes dificultades. Hemos visto cómo los ceses temporales de la violencia pueden aportar alivio a las comunidades que sufren en el terreno (…) Aliento a los colombianos y colombianas a que permanezcan unidos mientras navegan por esta crisis y a que mantengan sus acciones fijadas en sus objetivos comunes de seguridad, desarrollo y paz genuina y duradera”.

En el evento participó Clemencia Carabali, representante de la Asociación Municipal de Mujeres, del Norte del Cauca (ASOM), que busca reivindicar los derechos y la integridad de las mujeres negras en el territorio. Carabali fue ganadora del Premio Nacional a la defensa de los Derechos Humanos en Colombia, como defensora del año.

La representante de ASOM afirmó que todos los días asesinan a las personas negra o indígenas y reciben denuncias de los guardias indígenas o cimarrones que han sido amenazados. La situación es alarmante, aseguró que desde la firma de Acuerdo han asesinado a 686 personas firmantes del acuerdo, líderes y defensores de derechos humanos.

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“Quienes sufrimos consecuencias de confrontación armada somos población civil, comunidades étnicas, jóvenes, niñas y mujeres. Como mujeres comprometidas con la paz y como resistentes a la violencia en nuestros territorios y en nuestros cuerpos, valoramos el respaldo de la comunidad internacional, pido al Consejo de Seguridad de la ONU y a la comunidad internacional que anime a los actores armados que operan en nuestros territorios a pactar un Acuerdo Humanitario”, afirmó Carabali.

De la misma manera, las otras partes (Reino Unido, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos) reiteraron que las víctimas deben estar en el centro de la consolidación de la paz y manifestaron su preocupación por el aumento en los asesinatos y amenazas contra los excombatientes, líderes sociales y representantes de las comunidades étnicas e instaron a las partes a continuar con la implementación del Acuerdo, consideran que es clave para Colombia y para Latinoamérica y el Caribe.

"El informe del secretario general pone de manifiesto el impacto de la violencia relacionada con el conflicto sobre las comunidades indígenas y afrocolombianas. Que no quepa duda de que debe haber tolerancia cero ante los abusos de Derechos Humanos”, aseguró la representante de Estados Unidos.

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Por otro lado, el representante de Francia recalcó que ahora es más necesario que nunca fortalecer la respuesta a los crímenes contra los excombatientes. "Esperamos progresos en la Comisión de Garantías de Seguridad; el Proceso de paz enfrenta desafíos que conocemos y seguiremos dando apoyo a todos aquellos que se movilizan a diario para enfrentarlos”.

La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dijo ante el consejo de seguridad de las Naciones Unidas que incluso en medio de la pandemia el Gobierno ha en el cumplimiento de los términos del Acuerdo de paz: “No hemos retrasado ninguna de las áreas de trabajo que comprende la política de Paz con Legalidad. Su implementación es una prioridad del Gobierno del Presidente Duque”.

Según la ministra, todos los organismos encargados de aplicar la política de Paz con Legalidad han adoptado medidas para la prevención, atención y mitigación de riesgos del Covid-19, incluyendo a los excombatientes, las víctimas y los agricultores comprometidos con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

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“El éxito y la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes son decisivos para evitar nuevos ciclos de violencia. Seguimos trabajando con determinación para apoyar proyectos productivos. Los antiguos ETCR funcionan con normalidad a nivel istrativo y el Gobierno ha garantizado la provisión de los bienes, servicios y suministros necesarios”, resaltó la ministra.

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