En informe semestral, Mapp/OEA alerta sobre aumento del reclutamiento forzado y crisis humanitaria en zonas fronterizas

En su informe periódico sobre las labores de monitoreo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA) advirtió que, pese a las iniciativas, conversaciones y diálogos de paz impulsados por el gobierno de Gustavo Petro, los grupos armados ilegales siguen imponiendo restricciones a las comunidades, afectando la convivencia ciudadana, la movilidad y el ejercicio autónomo de los derechos políticos.

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El organismo, basado en los hallazgos de 858 misiones en terreno realizadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, señaló que las organizaciones armadas hoy acuden el uso de planillas de pagos de multas, turnos de castigo y la creación de espacios para recluir a quienes incumplen sus restricciones.

“En Arauca, Antioquia, Caquetá, Cauca, Guaviare y Norte de Santander, los grupos armadas señalaron a personas foráneas como colaboradores de un grupo contrario, lo que derivó en la persecución de incremento de desapariciones y desplazamientos forzados secuestros y homicidios”, dijo el organismo en el informe.

La MAPP/OEA advirtió que, ante el debilitamiento de algunas economías ilícitas, los grupos armados han impuesto contribuciones obligatorias a diversas comunidades y que aquellos que se niegan a pagar han sido víctimas de atentados y hurtos. El organismo también reportó un aumento de estos casos en Guaviare, Meta y el Catatumbo.

“Además, incrementaron su injerencia en asuntos relacionados con la prestación de servicios públicos, apelando a un discurso que señala la ausencia institucional. En el departamento de Caquetá y municipios como Tarazá en Antioquia; Jambaló, Santander de Quilichao y Toribío en Cauca; Puerto Libertador y San José de Uré en Córdoba; Nóvita en Chocó; y Dibulla en La Guajira, ofrecieron reparar o construir acueductos, iglesias, puestos de salud, instituciones educativas, parques públicos y generar proyectos productivos”, indicaron desde la misión.

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La misión recibió reportes de menores obligados a abandonar sus hogares para unirse a grupos armados en Arauca y Cauca; en las regiones de Catatumbo, sur de Bolívar, Telembí y Sanquianga; y, en el municipio de Samaniego en Nariño. Asimismo, conocieron casos en Caquetá, Cauca y Chocó en donde los reclutados pertenecían a pueblos étnicos.

“En el río San Juan, en Chocó, persistió el suicido de adolescentes y jóvenes por el temor a ser víctimas de esta afectación, por la desarmonización del territorio generada a partir de la presencia de grupos, entre otros factores”, indicaron.

El organismo destacó la estrategia Juntos por la Niñez del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en articulación con alcaldías y gobernaciones, que incorporó metas y estrategias en 185 planes de desarrollo para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Durante la presentación del Informe ante el Consejo Permanente de la OEA, Roberto Menéndez, jefe de la Mapp/OEA se refirió a la crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo, Norte de Santander, por cuenta de la violencia ejercida por el Eln en medio de sus enfrentamientos con las disidencias de las Farc.

“Desde el 16 de enero la población ha sido víctima de homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, presencia armada y uniformada de grupos ilegales en zonas rurales y urbanas, entre otras afectaciones. Los niños, niñas, adolescentes, liderazgos sociales, firmantes de paz y comunidades indígenas de los pueblos Barí y Yukpa son algunas de las poblaciones más impactadas por esta injustificable violencia”, señaló.

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En ese sentido, lanzó un contundente mensaje para los grupos armados al margen de la ley que siguen operando en el país. “Desde la Secretaría General de la OEA se considera impostergable que los grupos armados pongan fin inmediatamente a la violencia contra las comunidades y demuestren su compromiso con la paz mediante acciones concretas. La MAPP/OEA ha expresado públicamente su rechazo a estos hechos y se ha unido al llamado colectivo por el cese de la violencia y el respeto a la población civil”, agregó.

La MAPP/OEA advirtió que la situación en la frontera con Venezuela sigue siendo crítica en materia de orden público, a pesar de los esfuerzos del Gobierno colombiano por impulsar iniciativas propias y coordinadas con otros países, como la reactivación de la Comisión Nacional Intersectorial de Migraciones.

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“En las zonas de frontera de Colombia persistió el desarrollo de economías ilícitas. En Ipiales y Cumbal en Nariño, los GA instalaron lugares para el procesamiento de PBC o la extracción ilícita de yacimientos de oro, vinculando a la población colombiana y extranjera a estas actividades”, denunciaron.

Y agregaron: “En Tumaco en Nariño, redes de trata de personas extrajeron a niñas, desde los 13 años, y a mujeres adultas para explotarlas sexualmente en otros municipios del departamento o en Ecuador”.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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