¿Qué hay detrás del programa 'Jóvenes en Paz' del presidente Petro?

El presidente Gustavo Petro anunció el fin de semana desde Buenaventura el comienzo del programa ‘Jóvenes en Paz’, estrategia que desde que fue anunciada por el Gobierno en septiembre del año pasado, ha generado críticas de voces de la oposición, quienes calificaron como una especie de “incentivo para delinquir”.

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Las palabras que han generado polémica fueron mencionadas por el primer mandatario en su visita el viernes pasado al puerto, el cual ha estado bajo la amenaza de bandas como los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’.

Allí, Petro presentó el programa ‘Universidad en el territorio’ cuyo fin, según expuso, es abrir 1.000 cupos universitarios. Además, dijo que "se va a complementar con lo que llamamos nosotros ‘Jóvenes en Paz’; serán miles de a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia y por estudiar”.

Luego del pronunciamiento, hubo cuestionamientos desde sectores de la oposición, pero también de antiguos de su gabinete. Para Alejandro Gaviria, exministro de Educación, hay varias preguntas que el Gobierno debe responder. “¿por qué enfocar el programa en jóvenes con un pasado violento y no en los que se han mantenido por fuera de la violencia?”, dijo en su Twitter.

En ese sentido, Gaviria añadió que hay un debate frente al “riesgo moral”. Uno de los debates sería si estos pagos no terminan incentivando a que los jóvenes terminen uniéndose a “grupos violentos solo por el incentivo económico”. Además, expresó que no “hay claridad sobre la escogencia de los beneficiarios y la duración de la intervención”, algo en lo que coinciden varios analistas.

Para Hugo Acero, analista y exsecretario de Seguridad de Bogotá, no se puede pensar en la existencia de programas preventivos que entreguen recursos directamente y sin ningún tipo de control.

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“Uno no se puede oponer que existan programas preventivos para que quienes están vinculados salgan de los grupos criminales y otros que están en riesgo de ingresar, terminen no ingresando, pero de él deben participar las istraciones, la Iglesia e inclusive los gremios para que hagan seguimiento”, dijo.

Además, recordó que Petro ya aplicó una estrategia similar durante su paso por la alcaldía, con la que buscó que jóvenes que hacían parte de pandillas dejarán de delinquir, algo que, según él, no funcionó.

“Cuando uno mira las cifras de su periodo de gobierno, salvo los homicidios, los demás delitos aumentaron. El hurto a personas, según las cifras reportadas por la Policía, pasó de 17.057 casos denunciados en 2011, último año de Gobierno de Samuel Moreno y Clara López, a 27.564 en 2015, último año de Gustavo Petro”, agregó.

Pero así como hay críticas por la mecánica del programa, también hay acusaciones desde la oposición sobre el propósito de ‘Jóvenes en Paz’ y como este buscaría imitar las historias de los colectivos chavistas que nacieron en Venezuela en 2003. “De nuestros impuestos destinarán un billón de pesos para pagarle a criminales y que no secuestren, maten o extorsionen. ¿Son los colectivos Petristas?”, dijo la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, una vez el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respaldó la propuesta.

Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina de Buenaventura de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que la visión de Cabal es “demasiado reduccionista y alarmista” y que el foco de las críticas debería ser otro.

“La propuesta es insuficiente porque no ataca el que puede ser el tema más preocupante en Buenaventura y es la falta de empleo. Esto no va a incentivar a los jóvenes a delinquir, el problema es que va a desincentivar a los que vienen haciendo la tarea de organizarse, de trabajar por su barrio”, dijo.

"Estos son programas parecidos a los subsidios condicionados, pero que van a tener un nivel más de dignidad porque por lo menos van a entregar un salario mínimo y son de más de la línea de prevención social del delito", agregó Torres.

Frente a las dudas que genera la afirmación del presidente, desde la vicepresidencia señalaron que esta propuesta, de hecho, fue incluida dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno y que no solo incluye a jóvenes que hacen parte de estructuras criminales, sino a aquellos que tengan algún nivel de vulnerabilidad.

“Hay otro enfoque que son jóvenes que han vivido violencia sexual, violencias basadas en género, sobre todo niñas, mujeres en esos entornos, esto va a ser para ellos. Y sobre todo los jóvenes que podamos rescatarle a la violencia y a la guerra, es una oportunidad para Colombia y para la comunidad”, señaló el lunes Francia Márquez en declaraciones a medios de comunicación.

Al revisar el artículo 348 del PND, el cual crea ‘Jóvenes en Paz’, el principal objetivo del programa es la implementación de una “ruta de atención integral a la juventud” que tenga entre 14 y 28 años que están situación de extrema pobreza, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios que hayan sido afectados por la violencia.

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Entre los componentes que incluye la estrategia se encuentran las transferencias monetarias, las cuales estarán condicionadas a la contribución de las personas que resulten siendo beneficiarios en labores como trabajo social en el municipio en que residan y en la participación en planes de formación educativa.

Pero esos no serán los únicos beneficios. Además del pago, también tendrán la posibilidad de acceder a programas de salud mental y a financiación para emprendimientos individuales y colectivos.

Uno de los puntos más polémicos tiene que ver con la financiación del programa. Como lo mencionó la directora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, días después de que el jefe de Estado anunció la creación de 'Jóvenes en Paz', el monto para esta entidad sería de 1 billón de pesos, que saldrán de la adición presupuestal aprobada por el Congreso el mes pasado.

Más compleja suena la asignación de esos recursos a los beneficiarios, pues, quien estará a cargo de la escogencia de los beneficiarios será Departamento Nacional de Planeación, mientras que de la articulación y coordinación, estará a cargo del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y, en teoría, del viceministerio de la Juventud.

Respecto al anuncio, el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna instrucción al respecto, frente a la propuesta del presidente y el pago a los jóvenes.

REDACCIÓN POLÍTICA