El Gobierno dio a conocer a través de una resolución, la 194 del 8 de julio, las nuevas directrices para los diálogos con el Eln. En estas, el Ejecutivo reitera la agenda que fue acordada en México el 10 de marzo, y que incluye las discusiones frente a “la participación de la sociedad civil en la construcción de paz, democracia para la paz, transformaciones para la paz, víctimas, fin del conflicto y plan general de ejecución de los acuerdos suscritos”.
En este mismo punto se reitera que el Eln es reconocido como un actor político, tal como se estableció en resoluciones pasadas. “El Gobierno nacional, en el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, dado el reconocimiento político del Ejército de Liberación Nacional (Eln) como organización armada rebelde, se encuentra adelantando negociaciones y diálogos de carácter político con una agenda de paz”, reza la reciente resolución.
Uno de los elementos nuevos de este documento es la exigencia del “lenguaje respetuoso”. “Las partes acordaron que usarán entre sí un lenguaje respetuoso”, dice la resolución, que a renglón seguido “ordena a las autoridades del Gobierno a que en el marco del cese al fuego tengan en cuenta que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz y usarán lenguaje de desescalamiento del conflicto armado”.
En ese mismo sentido se señala que en los actos istrativos expedido por el presidente Gustavo Petro “se harán sobre el reconocimiento de que son una organización armada rebelde”. Este último punto debe verse en contraste con algunas declaraciones del primer mandatario en mayo pasado, cuando puso en duda el reconocimiento político del Eln y puso como condicionante el cese al fuego.
La resolución, firmada por el primer mandatario, no específica en qué consistiría el “desescalamiento del lenguaje” acordado entre las partes. No hay mayores pistas sobre los alcances de la directriz.
Por otro lado, en la vigencia se establece que la nueva ordenanza modifica la resolución 264 de noviembre y deroga la resolución 036 de marzo de 2023. En esta última el gobierno había hecho oficialmente el reconocimiento del Eln como actor político.