Tras casi ocho años de implementación del Acuerdo de Paz, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que reglamenta el proceso de reincorporación para 12.081 excombatientes, sus familias y las comunidades donde habitan. Con esta norma, que recoge las propuestas de diferentes organizaciones de firmantes de paz, se crea el Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) y reglamenta el Programa de Reincorporación Integral (PRI).
“Tener el decreto es un paso adelante en el proceso de reincorporación política, económica, social y comunitaria de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz”, señaló Alejandra Miller Restrepo, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización.
Este decreto crea, además, las condiciones para la articulación de 40 instituciones a nivel territorial y nacional para aplicar acciones y planes en lo social, político, económico y comunitario.
En cuanto al Programa de Reincorporación Integral, este contempla 211 acciones diseñadas para atender las necesidades de los firmantes. Por tal motivo, según explica la entidad, se incluyeron 61 acciones diferenciales para la población con discapacidad, personas mayores, mujeres, personas con pertenencia o autorreconocimiento étnico y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
“El PRI retoma el espíritu colectivo del Acuerdo y contempla como destinatarios de la oferta institucional a colectivos de firmantes, sus grupos familiares y las comunidades donde desarrollan sus planes de vida. En el plan se concibe que la reincorporación comunitaria aporta a la transformación de los territorios y contribuye a la reconciliación y a las medidas de no repetición”, agregaron desde la Agencia de Reincorporación y Normalización.
Según cifras de la ARN, hoy 12.081 personas están activas en el proceso de reincorporación, que representa el 86 por ciento de los 14.110 acreditados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. El 95 por ciento de estas personas están bancarizadas y reciben renta básica correspondiente al 90 por ciento de un salario mínimo. Además, 10.950 personas han recibido apoyo para sus proyectos productivos y 9.995 de estas hoy viven fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).
“Ayuda, además, a que la implementación sea ágil, articulada y que todas las instancias desde lo nacional y regional puedan concurrir en todos los procesos que se adelantan por el bienestar de la población firmante. Con este decreto le estamos cumpliendo a los firmantes, estamos cumpliendo con la implementación de lo pactado", puntualizó Miller.
Finalmente, desde la ARN manifestaron que este programa contempla la responsabilidad compartida del Estado y de las personas firmantes de paz y que representa un “cambio institucional” ya que antes “se cumplía una ruta que se centraba en la reincorporación social y económica en un modelo que privilegiaba los planes individuales” y ahora, manifiestan, “se incorporan dos dimensiones importantes, la comunitaria y la política, ampliando así el alcance de las acciones a familias, comunidades y colectivos”.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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