Las preguntas que el Gobierno debe responder sobre el primer punto acordado con el Eln

Sin que haya claridad sobre si el Eln sigue o no en el secuestro -el Gobierno había dicho  que no seguiría adelante con el proceso mientras 'Antonio García' y su grupo no refrendaran el compromiso de no secuestrar, pero hasta ahora no ha habido una retractación oficial y expresa de la guerrilla de su anuncio de volver a esa práctica criminal-, se avanza en la negociación con la suscripción de un compromiso que, a primera vista, es totalmente justificado: meterle 'pueblo' al proceso para que haga aportes a la agenda.
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Para eso, el Gobierno creó el llamado Comité Nacional de Participación, que ha realizado 78 reuniones previas y un encuentro nacional y que escuchó a 8.565 representantes de diversos sectores, incluso de quienes están en las cárceles y en el exterior. 

Hasta ahí, todo suena bien. La participación ciudadana, especialmente de las víctimas del conflicto, les da legitimidad a los procesos de paz y pone en la agenda problemáticas usualmente invisibles para la mayoría de la sociedad. La negociación de La Habana con las Farc -que incluyó entre sus instancias de participación el plebiscito en el que ganó, por escaso margen, el No- escuchó las voces de miles de personas y organizaciones que contribuyeron a enriquecer las discusiones y sirvieron para aterrizar pretensiones y expectativas de las partes.  

(De interés: Los puntos polémicos que deja el acuerdo de participación con el Eln).

En un momento en el que el gobierno del Presidente Petro busca e impulsa, por vías extrañas a las reglas de juego establecidas en la Carta del 91 y la ley, su polémica idea de convocar al poder constituyente, se plantean en el acuerdo firmado con el Eln puntos que deben ser plenamente aclarados por el Gobierno:

¿Qué significa, por ejemplo, que la agenda definida en los mecanismos de participación sea "vinculante"? ¿Podría darse un escenario en el que el Gobierno acuda a ese supuesto carácter vinculante de la agenda de participación en el proceso con los 'elenos' para crear una nueva puerta para tratar de impulsar su constituyente?

El documento firmado en Caracas dice que "los acuerdos adoptados por la Mesa en relación con las transformaciones son de obligatorio cumplimiento para las partes y deberán convertirse en políticas de Estad, políticas públicas", entre otras.

Y esas transformaciones propuestas por las instancias de participación incluyen cambios en el régimen político, el modelo económico, ​política antidrogas, "democratización de la información y la comunicación", "reformas institucionales de los poderes públicos incluyendo la política criminal y el fortalecimiento de la justicia", "doctrinas que impiden la unidad y la reconciliación nacional; el "avance hacia un modelo económico no depredador del medio ambiente, las comunidades y acorde con el interés nacional" y el "desmantelamiento de clanes políticos y grupos criminales y de narcotráfico que controlan el Estado, la vida política, económica, cultural y social de algunos territorios", entre muchos otros temas.
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​(Además: ¿Acuerdo de paz habilita la constituyente? ‘Es una tesis absolutamente equivocada’, dice Humberto de la Calle).

Todos son puntos válidos para la discusión, sin duda alguna. Pero esa agenda de participación que se lleva al primer acuerdo abundan puntos claramente cercanos a la agenda del Eln (y del mismo Gobierno) y no se ven otros de interés para el resto de la sociedad colombiana y para las víctimas. Se dirá que son puntos que entran a discusión en fases avanzadas del proceso, pero es llamativo que en el documento no se mencionen temas como la obligación del Eln con revelar plenamente sus nexos con el narcotráfico y la corrupción en varios departamentos (el tema de la corrupción está en la agenda de participación), sus vínculos y negocios en Venezuela con el régimen de Maduro y su responsabilidad en el daño ambiental, por ejemplo con la voladura de oleoductos durante más de dos décadas para mantener sus ingresos por extorsión.
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​Con una guerrilla en armas, blindada por el cese de fuegos de la 'paz total' y que sigue activa en sus prácticas de extorsión, amenazas, paros armados y enfrentamientos con otras bandas ilegales, el gobierno del presidente Petro tiene la obligación de blindar de intereses oscuros esos mecanismos de participación, a la par de incluir en los mismos a los amplios sectores de la sociedad colombiana cuya voz se echa en falta en los párrafos del primer acuerdo con el Eln.

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Un punto clave es que es necesario acotar los alcances de la negociación con un grupo, el Eln, con el que se está negociando por su capacidad de daño y de violencia y no porque represente a sectores mayoritarios de la sociedad colombiana. Los resultados electorales de las Farc y sus candidatos bien dan una idea de hasta donde la idea de país y de solución de los muchos problemas nacionales de las guerrillas no solo no son compartidos, sino que son rechazados por la gran mayoría de los colombianos.

¿Pretende el Eln, como lo planteaban los paramilitares en el Acuerdo de Ralito de hace 20 años, "refundar la patria​"? ¿El gobierno del presidente Gustavo Petro comparte ese propósito? Todos los temas planteados en la agenda de participación son válidos: pero se trata de discusiones que se deben dar en el conjunto de la sociedad y no a instancias de las presiones de una organización armada cuyas prácticas delictuales y métodos de financiación son idénticos a los de otros grupos criminales como el clan del Golfo, las disidencias y las bandas emergentes del narcotráfico. 

La Constitución establece que el Presidente de la República dirige y decide los temas de paz y de guerra. Eso es clarísimo. Pero también que lo que decide está sujeto al control de los otros poderes. Es decir, que lo que se pacta para lograr la paz debe convertirse en leyes que aprueba o no el Congreso de la República y que controlan las cortes. Eso pasó, y los términos de lo negociado cambiaron sustancialmente, con los procesos de paz del gobierno Uribe con las Auc y el de Santos con las Farc. Esas son las reglas de juego de la democracia.   

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El Gobierno debe garantizar que la necesaria participación popular en la paz ​no terminará convertida en una especie de 'caballo de Troya' para tratar de imponer la constituyente y la agenda que el presidente Petro no ha podido sacar adelante por cuenta del normal funcionamiento de la democracia colombiana y del ejercicio de la separación democrática de poderes. Y no debe dejar de lado que la presencia armada del Eln en las regiones es una distorsión -una amenaza- contra cualquier ejercicio de participación en esas regiones donde a pesar de todos los intentos de paz esa guerrilla sigue ejerciendo su violencia.