¿Qué busca el Eln con exigencia de ser retirado de la lista de grupos armados organizados (GAO) para seguir en el proceso de paz?

La mesa de paz entre el Estado colombiano y el Eln completa ya cinco meses de virtual congelamiento. Si bien en mayo se dio la firma del acuerdo de participación, en Venezuela, lo cierto es que las conversaciones de fondo entre las partes están quietas desde febrero. Es el momento más difícil de todo este diálogo e incluso ya hay un primer efecto contundente: no se prorrogó el cese al fuego que terminó formalmente este fin de semana.

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En este tire y afloje, el Eln ha puesto una serie de condiciones para seguir adelante con el proceso. Primero exigió una financiación internacional para no volver a secuestrar. Después, que el Estado suspendiera los diálogos con el frente Comuneros del Sur, en Nariño. Y ahora hay una nueva exigencia: ser retirado de la lista de grupos armados organizados (GAO), que es la clasificación oficial de las organizaciones ilegales realizada por el Gobierno Nacional y que establece también el marco de la respuesta que les dará el Estado, incluida la intensidad de la acción armada que puede usar en su contra. 

Según las normas colombianas, los Grupos Armados Organizados (GAO) son "aquellos que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas".

Son organizaciones con estas características: "Que usen la violencia armada contra la Fuerza Pública u otras instituciones del Estado; la población civil; bienes civiles, o contra otros grupos armados  (...) Que tengan la capacidad de generar un nivel de violencia armada que supere el de los disturbios y tensiones internas.  Que tengan una organización y un mando que ejerza liderazgo o dirección sobre sus , que le permitan usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la Fuerza Pública, en áreas del territorio nacional".

Tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016, el Estado colombiano fijó nuevas reglas apegadas a las del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para establecer claramente las condiciones del uso de la máxima fuerza legítima: los bombardeos. Esa arma, que fue clave para derrotar a las Farc y forzarlas a la negociación definitiva de paz, quedó limitada a las grandes estructuras criminales consideradas como GAO: en ese momento, las disidencias de las Farc, el clan del Golfo', la banda conocida como 'los Puntilleros' (ya desarticulada) y el Eln. 

El Eln tiene la estructura armada y  la capacidad de daño y realiza las acciones en contra de la población civil, la Fuerza Pública y los bienes públicos que claramente encajan en la definición de Grupo Armado Organizado. Por eso, consideran los analistas, no sería una opción lógica que el Gobierno accediera a la petición. Mucho más si se considera que hacerlo implicaría aceptar que incluso si se rompieran las negociaciones no podrían usarse todas las armas del Estado en contra de una organización que resulta ser uno de los tres grandes generadores de violencia en el país. 

Carlos Charry, experto en política y conflicto, advierte que la petición del Eln “es una solicitud demasiado ambiciosa”, dado que no se compagina con sus acciones de paz y el avance de los diálogos como para que el Estado dé un paso semejante. 

“Las acciones en territorio, los ataques y hostigamientos a las comunidades y la población civil indican que el Eln sigue teniendo un accionar de grupo terrorista, y representa una amenaza para el Estado y la sociedad. Hasta que no se llegue a un avance lo suficientemente maduro en las conversaciones y no haya gestos de paz, como dejar el secuestro y extorsiones contra la población civil y el constreñimiento de los territorios, sería muy difícil y poco acertado llegar a esa consideración”, indica el experto.

El profesor Luis Trejos, de la Universidad del Norte, dice que la nueva exigencia del Eln intentaría "medirle el aceite" a un gobierno que no puede mostrar ningún avance hasta ahora en su política de 'paz total'. 

En el mismo sentido, Andrés Macías, especialista en temas de paz, considera que el Eln intenta imponer condiciones. “Quien debería poner condiciones es el Gobierno”, apunta Macías, que a renglón seguido indicó que si llegara a aceptar, la istración Petro, “perdería poder de negociación frente a su contraparte”.

Trejos advierte que un eventual paso del Gobierno colombiano que deje de considerar al Eln como una organización armada ilegal podría ser aprovechada por ese grupo para tratar de mostrarse internacionalmente como un poder legítimo. Incluso con miras a una eventual intención de reconocimiento de beligerancia por cuenta de países amigos de ese grupo irregular, como la Venezuela de Nicolás Maduro. 

Más que esas intenciones fríamente calculadas, la subdirectora de la Fundación Pares, Laura Bonilla, ve la intención del Eln como un "canto a la bandera", sin mayores efectos en la situación actual, y más como producto de la pérdida de confianza que se dio tras el inicio de las conversaciones con los Comuneros del Sur. 

Por su parte, Andrés Macías, especialista en temas de paz, cuestionó que "se está viendo un intento del Eln de fijar las condiciones y no debería ser así". 

“Quien debería poner condiciones es el Gobierno”, dice Macías. Agrega que si llegara a aceptar, la istración Petro, “perdería poder de negociación frente a su contraparte”.

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Jean Carlo Mejía, investigador en temas de conflicto armado, apunta que es un intento netamente político del Eln: “Desde el comienzo han pretendido un trato totalmente diferente no sólo frente a anteriores procesos de paz sino frente a los demás GAO”. En esa línea habló de una supuesta “superioridad moral" que en reiteradas ocasiones han dejado ver los jefes 'elenos' en el desarrollo de la 'paz total'. 

Este punto fue complementado por Andrés Macías, que señala que “el Eln está buscando a nivel discursivo no ser catalogado igual que otros grupos como el Clan del Golfo”. 

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Indicó que sería poco estratégico por parte del Gobierno retirar la calificación de GAO a dicha guerrilla, pues no hay otra categorización legal en la que encaje y, además, pueda ser objeto de una negociación política como la que se viene adelantando.

"Lo que el Eln busca es mostrarse como la única insurgencia que existe en Colombia, el único grupo armado con un carácter realmente político y como el supuesto representante de unas comunidades, por lo que sería un interlocutor válido para discutir los cambios que necesita el país, señala a su vez el experto en conflicto Jorge Mantilla.

Mejía advierte además que la petición es contraria al Derecho Internacional Humanitario (DIH), “que está por encima de la ley de paz total”. “Las consideraciones alrededor de que es un grupo armado organizado provienen del ordenamiento internacional, especialmente de requisitos previstos en el Protocolo II Adicional  a los Convenios de 1949”.

Con todas estas consideraciones sobre la mesa, el equipo de paz del Gobierno sigue buscando cómo convencer al grupo de 'Antonio García' de dar pasos reales de paz. Entre tanto, desde ayer está vigente una directiva que permite realizar operaciones ofensivas contra esa guerrilla en todo el territorio nacional.