Acemi rechaza informe de la Contraloría sobre supuestos hallazgos fiscales en las EPS: 'No tiene fundamento en la ley'

Ana María Vesga, presidenta de Acemi, el gremio que reúne a las EPS del país, se pronunció ante el reciente informe revelado por la Contraloría, según el cual se identificaron irregularidades por hasta 6 billones de pesos por parte de las Entidades Promotoras de Salud.

De acuerdo con el mencionado informe, e 2020 se identificaron excedentes operacionales por más de 6 billones de pesos, más de $3 billones en 2021 y 1,8 billones en 2022.

Ante ello, la líder gremial, que respondió al informe en una columna publicada en este diario, defendió el manejo financiero de las EPS durante ese periodo: “Para empezar, hay que recordar que cuando se declaró la emergencia sanitaria por covid-19 en el primer trimestre de 2020, el Estado dispuso de unos recursos a través del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que se destinarían al fortalecimiento de la red hospitalaria, la atención de la población y la adquisición de pruebas y vacunas”.

Y agregó: “La realidad es que con cargo a la UPC de ese año, las EPS asumieron todo el componente de atención, que si bien es cierto disminuyó por el uso de servicios diferentes al virus (principalmente por el confinamiento), también incrementó el costo por la severidad de los enfermos, largas estancias en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y complejidad de los tratamientos. Cerca de 350.000 personas fueron hospitalizadas en UCI con estancias promedio de una semana”.

De igual manera, Vesga aseguró que un estudio de suficiencia elaborado por el Ministerio de Salud evidenció que en el año 2020 el costo de las prestaciones en salud aumentó 8,3 por ciento en el régimen contributivo y 4,9 por ciento en el régimen subsidiado.

Así mismo, rechazó la interpretación de la Contraloría frente a que el pago de servicios en salud de vigencias anteriores constituye un hallazgo fiscal, al violar presuntamente el principio de anualidad del presupuesto y la destinación específica de los recursos. Y es que el informe sostiene que con los recursos de 2020 las EPS pagaban deudas antiguas con recursos actuales, lo cual para el ente de control es una indebida apropiación de recursos. Los pagos de servicios de salud de vigencias anteriores sumaron $5.4 billones.

“Sobre este particular merece recordar que la naturaleza de los recursos que financian el presupuesto del sistema de salud es parafiscal y, como en otros regímenes parafiscales, los agentes que los istran no están sometidos a las reglas orgánicas del presupuesto”, explicó Vesga.

De igual manera, insistió en que “el pago de servicios de vigencias anteriores es práctica común en el sistema, entre otras razones por la complejidad de la conciliación de cuentas entre EPS y otros eslabones de la cadena que deriva en glosas. También por las demoras en la facturación desde los prestadores. Prueba de ello, el conocido acuerdo de punto final que trajo, para conciliación y pago, facturas de más de diez años, así como el ejercicio constante de saneamiento contable y de cartera entre los agentes que promueve la Supersalud”.

Para Acemi, decir que el uso de la UPC para pago de servicios de salud de otras vigencias viola el principio de destinación específica y de anualidad, ignora la dinámica operativa del sistema y no tiene fundamento en la ley.

“Desconoce la naturaleza misma del aseguramiento, el régimen de reservas y de habilitación financiera y sienta un grave precedente para la operación del sistema de salud y el pago que hacen de manera rutinaria las EPS a los prestadores por servicios de años anteriores”, insistió el gremio.