Cada vez se encienden más alarmas sobre Nueva EPS: Adres reveló una omisión de facturas que supera los $ 300.000 millones

Luego de que el congresista del Centro Democrático, Andrés Forero, lograra, a través de una tutela, que Nueva EPS revelara su información de cartera, se ha dejado al descubierto que la entidad enfrenta pérdidas acumuladas de 2,75 billones de pesos. Aunque de entrada el panorama pinta gris, los datos que se han empezado a revelar durante los últimos días encienden cada vez más las alarmas sobre el estado actual de la aseguradora más grande del país (con más de 10 millones de afiliados), así como sobre la gestión de su proceso de intervención. 

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En un reciente pronunciamiento, Jairo Tirado, director de Otras Prestaciones de la a de Recursos del Sistema de Salud (Adres), confirmó que la Nueva EPS dejó de radicar facturas ante la entidad desde hace cinco meses y como consecuencia, se estima que hay represados aproximadamente 300.000 millones de pesos, una suma vital para mantener la operatividad de la red de salud en el país.

Si bien este recurso es fundamental para asegurar la atención continua y de calidad que requieren millones de colombianos, el funcionario explicó que esta situación surgió debido a “problemas operativos”, causando que no se presentaran los documentos necesarios para la recepción de recursos, según la EPS. 

Lo que más preocupa a los expertos del sector es que este deterioro en los indicadores de la aseguradora vienen presentándose desde la intervención de la entidad, cuando el exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, decidió tomar a la empresa en posesión istrativa el pasado mes de abril, logrando así que el Estado tuviese a su cargo la salud de más del 50 por ciento de los afiliados al sistema. 

Por otro lado, los datos recopilados por el representante del Centro Democrático, revelan que, incluyendo el pasivo oculto denunciado por el exinterventor de la aseguradora Julio Rincón, las pérdidas finales del presente año para la entidad serían de 4,45 billones de pesos.

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En paralelo, datos revelados por la Supersalud en mayo de este año, muestran que Nueva EPS habría ocultado facturas que generaron $5,5 billones de deuda con IPS desde 2019. Esta habría sido una de las razones que habría aducido Leal para intervenir a la EPS.

"En cuanto a Nueva EPS vemos con preocupación que durante años atrás se escondieron muchas facturas que no se reportaron al sistema de salud. El pasivo del que tenía conocimiento la Supersalud antes de la intervención que era de 500.000 millones de pesos. Era una cuantía mínima con respecto al pasivo real de muchas facturas que no estaban presentadas", explicó Leal a EL TIEMPO a principios de año.

No obstante, para muchos actores del sector, las intervenciones han resultado ser un remedio mucho peor que la enfermedad y prueba de ellos es que los mismas entidades del Gobierno como la Adres y la Supersalud denuncian la caída en indicadores financieros de aseguradora. 

Así, por ejemplo, en los mismos documentos que obtuvo Forero, se revela que la cartera con más de 180 días de mora pasó de 89.000 millones de pesos justo antes de la intervención en abril a 935.000 millones de pesos a fines de octubre.

El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, manifestó que las intervenciones del Gobierno a varias EPS han sido un fracaso sin atenuantes: "Caos, corrupción, inestabilidad, deterioro en la atención y falta de transparencia. Mucho peor el remedio que la enfermedad".

Siguiendo con el caso de Nueva EPS, la Supersalud reportó hace una semana que en el régimen subsidiado, las reclamaciones aumentaron un 12,88 % entre octubre de 2022 y septiembre de 2024, y en el régimen contributivo, un 26,53 %, alcanzando tasas de 362,23 y 360,10, respectivamente.

Las cifras del Sistema de Gestión y Control de Medidas Especiales Fénix, otro mecanismo clave de la Supersalud para monitorear la gestión de las EPS, también mostraron resultados insuficientes en la Nueva EPS: hasta julio de 2024, se cumplió con apenas el 33 por ciento de los 39 indicadores, en parte debido a la falta de definición de las líneas base para el reporte, lo cual dificultó el seguimiento durante varios meses.

Las fallas en esta entidad, afectaron incluso a los hospitales con mayor vinculación a la red de esta aseguradora. Las quejas de las IPS sobre los retrasos en pagos y la gestión de Nueva EPS eran múltiples.

Carlos Sánchez, director del Hospital San Vicente de Arauca, le dijo a EL TIEMPO que a pesar de que el flujo de recursos se ha movido mucho más gracias a la implementación del giro directo, la gestión de Nueva EPS, los mantenía sumidos en la crisis.

"El gran esfuerzo que están haciendo desde el Gobierno se ve opacado por la actitud de la Nueva EPS y de Coosalud, quienes no están cumpliendo con las obligaciones financieras que se generan por los pagos de servicios”, indicó.

Es más, el último boletín de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) reportan que a por lo menos 225 IPS se les adeuda un total aproximado de $ 18.9 billones de pesos, lo que representa un incremento de 12,8 % en el monto con respecto a diciembre de 2023, cuando la cartera ascendía a $ 16.8 billones. 

El dato no es menor, dado que las instituciones que agremia la Achc representan el 29 % de las camas hospitalarias de Colombia y entre sus integrantes están más de la mitad de las instituciones acreditadas.

Al desagregar la deuda de este informe, se observa que los principales deudores son las EPS del régimen contributivo que concentran cerca del 50 % de la deuda total, lo que corresponde a $ 9.4 billones de pesos. En este concepto la Nueva EPS destaca como el principal deudor de los hospitales y clínicas, acumulando una deuda total, en los dos regímenes en los que opera, de $ 4.1 billones de pesos aproximados y una cartera en mora de $ 2.2 billones de pesos (53 % en mora).

Por su parte, Bernardo Armando Camacho Rodríguez, Agente Interventor de Nueva EPS, aseguró que pese a la situación no habrá ninguna suspensión de giros a la red de prestadores y garantizaron la continuidad de la operación en virtud de las órdenes emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud, en el marco del proceso de intervención.

La llegada de Bernardo Camacho como nuevo interventor obliga a la entidad a adelantar una serie de trámites istrativos, que incluyen los cambios de firmas y registros, entre otros, que son necesarios para garantizar la operación normal de esta EPS.

No obstante, Camacho aseguró que "no habrá afectación alguna al flujo normal de los recursos a la red prestadora, tanto públicos como privados, así como a la garantía en la prestación de los servicios de salud a nuestros afiliados".

La situación es especialmente crítica para las familias que padecen enfermedades huérfanas, un sector de la población que ya enfrenta desafíos monumentales en el a tratamientos e intervenciones médicas. 

Para el Observatorio de Enfermedades Huérfanas, la inacción en la gestión de estos recursos no solo pone en riesgo la atención médica que estas personas necesitan, sino que también infringe su derecho fundamental a la salud, consagrado en la Constitución colombiana.

"Las enfermedades huérfanas, que afectan a un porcentaje de la población considerablemente bajo, requieren tratamientos específicos y, a menudo, costosos. Esta falta de financiamiento afectará no solo la calidad de vida de los pacientes, sino también la capacidad de las instituciones de salud para operar de manera eficaz y garantizar la atención adecuada", manifestaron a través de un comunicado en el que manifiestan su preocupación por la situación de Nueva EPS. 

Los pacientes solicitaron a la Superintendencia de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación intervenir en este asunto. "Es fundamental que estos organismos realicen las investigaciones pertinentes y tomen las medidas necesarias para proteger los derechos de los pacientes afectados. La salud de miles de hogares en Colombia depende de decisiones ágiles y responsables que prioricen el bienestar de los pacientes", dijeron.

Asimismo, instaron a Nueva EPS a adoptar medidas inmediatas que permitan solucionar estos problemas operativos y reactivar la radicación de facturas. "La Adres, junto con el Ministerio de Salud y Protección Social, debe también garantizar mecanismos de control que aseguren que tales inconvenientes no se repitan en el futuro", señalaron.