Carolina Corcho: ‘La permanencia de las EPS depende del Congreso’

"Desde este mismo momento iniciamos diálogos con los distintos actores del sector salud para conversar sobre cómo vamos a garantizar el derecho a la salud y el trabajo digno”, fue el primer mensaje enviado por la médica psiquiatra Carolina Corcho al ser designada el martes pasado como ministra de Salud por el presidente electo Gustavo Petro.

Si bien en estas impresiones la médica antioqueña ponía sobre la mesa su intención de involucrar a todos los componentes sectoriales en el proceso de discusión y consolidación de las políticas que se ejecutarán a partir del 7 de agosto en dicha cartera, lo cierto fue que su nombre hasta ahora ha sido el más polémico entre los elegidos para integrar el gabinete del próximo gobierno.

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Sin embargo, esto no ha sido gratuito porque desde sus épocas de estudiante las posturas de la doctora Corcho han cuestionado la evolución del sistema de salud en aquellos puntos que, según la nueva ministra, divergen de su objetivo fundamental como es el de garantizar el derecho a la salud de toda la población por encima “del negocio y el favorecimiento de intereses particulares”.

En ese contexto, ha encabezado el gremio de los internos y residentes, actualmente es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, integró la gran Junta Médica Nacional que impulsó la Ley Estatutaria de Salud (hoy su bandera), es cofundadora de la Red de Mujeres Progresistas de América Latina, coordinadora de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud, además de desempeñarse en espacios académicos, de investigación social con algunos pasos por la istración pública en la Secretaría de Salud de Bogotá, mezclada con su desempeño como médica especialista.

Pero más allá de lo anterior, quienes la conocen la califican como una defensora apasionada de sus ideas frente al sector de la salud, coherente en su pensamiento, que lo lleva hasta una beligerancia que no pasa desapercibida, generándole adeptos, pero también contradictores que a la par la miran con respeto.

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Si bien ha trabajado una propuesta para transformar de manera integral el sector que a partir del 7 de agosto encabezará, su pensamiento sobre las EPS ha sido quizás el más destacado en los últimos días.

Esta es Carolina Corcho, que conversó con EL TIEMPO en la primera entrevista que concede a un medio después de su designación como ministra de Salud.

Un poco, aunque sabía que mi nombre estaba “sonando” para esa responsabilidad, como se dice cotidianamente.

¿Cómo califica el actual sistema de salud?

El actual sistema de salud requiere transformarse y eso va a implicar una reforma estructural que garantice el derecho fundamental, todo iluminado por la Ley Estatutaria en salud, que es un mandato legal vigente y constitucional.

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Hay unas fallas estructurales del Sistema General de Seguridad Social en Salud que deben intervenirse, entre las que están la segmentación de la población según su capacidad de pago, su EPS, su lugar de residencia, entre otros factores que generan discriminación e inequidad en la atención de poblaciones rurales, pobres, vulnerables y dispersas con respecto a las urbanas y las de mayor ingreso. Además, el sistema está fragmentado en la prestación de servicios de salud, lo que redunda en prácticas como el mal llamado ‘paseo de la muerte’ y las permanentes negaciones de servicios. Después de 30 años, no se tiene un sistema único de información, lo que impide el conocimiento exacto de la realidad, el funcionamiento y la gestión de recursos financieros y istrativos, lo que dificulta la vigilancia y el control, así como tornarlo susceptible a malas prácticas que posibilitan la corrupción. De igual forma, el sistema actualmente tiene una intermediación financiera y istrativa que no agrega valor, sino costos, por lo que se hace necesaria su revisión, procurando la protección de los recursos y la garantía del derecho a la salud de todos los colombianos.

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El país requiere una reforma estructural, que deberá tramitarse en el Congreso, que desarrolle la Ley Estatutaria de Salud. Esto implica conocer y evaluar los mejores sistemas de salud en el mundo para hacer posible la mejor opción para el país. Existe una propuesta de la sociedad civil en donde se plantea un sistema de salud público, que es distinto a estatizado, con participación pública y privada en la prestación de servicios; con un sistema de información en línea que garantice transparencia en la gestión financiera de los recursos públicos, una política de formalización laboral para los y las trabajadoras del sector; un enfoque de atención primaria en salud en los territorios, una política de ciencia, tecnología e innovación en materia de medicamentos y tecnologías, además de la gestión de determinantes sociales como, por ejemplo, el agua potable, que deberán gestionarse de manera intersectorial. Esta propuesta nada tiene que ver con el anterior Sistema Nacional de Salud previo a la Ley 100, ni con el antiguo Seguro Social. Tampoco implica el manejo de los recursos de la prestación de servicios por parte de gobernadores y alcaldes.

Hay avances importantes. No obstante, tenemos muchas barreras de para la atención, hay un trato desigual a las personas, tenemos un sistema de salud más centrado en los negocios que en la buena atención de la gente, y una precarización laboral inaceptable.

Algunos escalafones ubican al país entre los que mejor manejaron la pandemia; sin embargo, usted tuvo críticas al respecto, ¿cuáles son?

Debemos ser proactivos en el manejo de este tema. La gravedad del mayor problema de salud pública en la reciente historia de Colombia y el mundo exige del Gobierno la total y absoluta atención, no solo para enfrentar la pandemia aún vigente, que muestra una evidente y preocupante aumento de casos y de fallecidos por covid-19 en las últimas semanas en Colombia, sino para los múltiples efectos que trajo esta calamidad de salud de colombianos y residentes en este país, generando un impacto negativo en su salud física y mental. Esto es un reto para nosotros, no podemos relajarnos, sino seguir alertas, haciendo seguimiento a quienes adelantan las diferentes acciones en el manejo pandémico, hacer pedagogía para incentivar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero antes de todo avanzar en las coberturas de la vacunación que se encuentra frenada en el país o por lo menos mermó demasiado en su ritmo desde hace varias semanas. Solo si mantenemos como prioridad el manejo de la pandemia en la agenda sectorial es que la podremos intervenir.

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Colombia es un Estado social de derecho y lo que plantea la Ley Estatutaria son las condiciones generales para garantizar el derecho fundamental a la salud, el cual debe cobijar a todos los residentes en el país. Ese es el reto que asumimos, aunque sea difícil, es un mandato y debemos garantizar su cumplimiento.

Tiene importantes oportunidades de mejora, por decirlo de alguna manera. Pone barreras de , atomiza los recursos, lo que favorece su desvío hacia otros fines y no garantiza el cuidado integral de la población.

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Las EPS son as de recursos públicos de todos los colombianos, que se aportan por la vía de la fiscalidad y la parafiscalidad. Muchas de ellas han sido liquidadas, dejando deudas con los prestadores, clínicas y hospitales y hasta con el mismo Gobierno, y la realidad actual es que la mayoría no cumplen con los requisitos financieros para el manejo de esos recursos. Esa es la situación que recibe el gobierno entrante. El reto es cómo resolver esa situación, que es una realidad, sin afectar la prestación de servicios de los ciudadanos, garantizando su continuidad, sin afectar a los prestadores que se encargan de la atención. Esta revisión y análisis es uno de los temas que estamos tratando ahora con el equipo de alto nivel encargado del empalme. De otro lado, en la concepción del modelo actual, las EPS ejercen una posición dominante, asumen competencias del Estado que son indelegables, como la organización de los servicios asistenciales, por ejemplo.

Estamos pensando en desarrollar una especie de acuerdo de punto final 2.0, que sea integral, garantizando recursos para que sea cumplible en un tiempo prudente.

Es posible y necesario, siempre y cuando tengan carácter territorial, pasando de la competencia a la integración efectiva y a la cooperación, poniendo en el centro las necesidades de la población, con solidaridad y con complementariedad.

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El modelo de atención basado en la verdadera atención primaria en salud con redes integradas e integrales tiene varios componentes que incentivarán la acción intersectorial sobre estos determinantes, como la participación de la sociedad civil en la cogestión de los riesgos y la reorganización de los servicios, trabajando articuladamente con los diferentes actores en los territorios.

En muchos países esta figura no existe. No obstante, reconocemos que algunas EPS tienen muchas capacidades que se deberán incluir en los modelos de atención que se propondrán. La decisión de sí el sistema debe continuar con EPS o no es una decisión que corresponde al Congreso de la República mediante el trámite de una ley. En su momento, el Gobierno presentará propuestas al respecto de acuerdo con los diálogos que establezca con los diversos actores del sistema. Una de estas propuestas, en el marco de la transición al nuevo modelo, podría ser que no desaparezcan sino que se conviertan en un holding de prestación de servicios. Muchas EPS tienen estas capacidades instaladas y el país las requiere y no puede desaprovecharlas.

Con el actual Sistema General de Seguridad Social en salud, la evidencia muestra que hay mucho despilfarro, ineficiencia y desvío de recursos, pues está orientado a la mercantilización de servicios. Todo esto hay que intervenirlo.

Según información reciente, en Colombia más del 70 por ciento de los trabajadores de la salud no tienen una contratación que les dé tranquilidad, estabilidad y garantía de remuneración justa y eso no puede continuar. El actual sistema de salud pone a los trabajadores como el factor de ajuste financiero sin valorar las capacidades de nuestro talento humano; por lo tanto, implementaremos políticas integrales para fomentar y garantizar el trabajo digno y decente para este recurso que es fundamental y valioso para el país.

El número de tutelas es proporcional a las barreras de . Removiendo estas trabas istrativas y financieras, principalmente, avanzando en el modelo de atención descrito, lo lógico es que las personas no tengan que recurrir a ellas.

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Vamos a fortalecer las capacidades en todo el personal asistencial, desarrollando las políticas que promueven la salud mental y traten el consumo de sustancias psicoactivas, en un trabajo conjunto con la academia y las agremiaciones de trabajadores que laboran en el tema.

Promoveremos la inversión en capacidades, reconstruyendo la industria farmacéutica nacional, avanzando en la producción autónoma de vacunas y medicamentos en términos que sean viables y favorables para Colombia.

Llegó la hora de tener un sistema de salud que garantice el derecho fundamental, avance en el cuidado integral de las personas y proteja los recursos públicos, construyendo sobre lo construido. El sistema de salud no se va a acabar. Trabajaremos para que la dignidad y el respeto al derecho a la salud de los residentes en este país sean una costumbre.

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

EDITOR SALUD - EL TIEMPO 

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