Tras fallo de la Corte, EPS deberán recibir unos $ 300.000 millones del Gobierno

La Corte Constitucional ordenó ayer al Ministerio de Salud desembolsar a las EPS la totalidad de los recursos aprobados en el Acuerdo de Punto Final –una política del Gobierno anterior– que no han sido cancelados hasta la fecha.

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En un término de dos meses, el Gobierno tendrá que pagar a las aseguradoras al menos 300.000 millones de pesos que ya se han reconocido mediante dicho acuerdo, según los cálculos de Acemi (el gremio que agrupa a las EPS del régimen contributivo).

De acuerdo con la entidad, del total de dineros que se presentaron en dicho acuerdo quedaron unas cuentas glosadas por 5 billones de pesos y que están en medio de disputas legales o en revisión de la a de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

La decisión de la Corte ha sido bien recibida por académicos, empresarios y movimientos del sector, que han hecho varios llamados al Gobierno, tras concluir que el sistema cerraba el 2023 en medio de la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años.

Ana María Vesga, directora ejecutiva de Acemi, recordó que “la oportunidad en el pago de los dineros a las EPS contribuye al adecuado flujo de los recursos en el sistema y sobre todo asegura y garantiza que no haya barreras de para la población y que la atención de los ciudadanos se pueda hacer de manera fluida".

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Hasta el momento, el gremio sostiene que espera el pago de, por lo menos, esos 300.000 millones de pesos que ya se han reconocido y que los dineros que están en revisión terminen su proceso de reconocimiento.

Por su parte, el exministro de salud Augusto Galán Sarmiento le dijo a EL TIEMPO que “esta es una más de las deudas atrasadas que el Gobierno Nacional tiene con el sistema de salud. No hablemos específicamente de entidades, sino con el sistema, porque esto es otra de las fuentes de esa desfinanciación estructural de la que hemos venido hablando desde el año pasado, que está llevando a las dificultades que hoy atraviesa el sector. Entonces, ojalá se cumpla, porque aliviaría mucho la situación financiera”.

También puntualiza que esta decisión no podrá generar mayor tensión entre las EPS y el Gobierno de la que ya existe.

“El Gobierno debe procurar el flujo financiero efectivo de los recursos del sector. Por lo que se esperaría que se avance urgente en lo ordenado por la Corte”, expresó por su lado Carmen Eugenia Dávila, directora de Gestarsalud (gremio de las EPS del régimen subsidiado).

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Lo cierto es que el déficit financiero de toda la cadena de valor, estimado en 9,6 billones de pesos por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), responde a una serie de factores internos del sector como un mal cálculo (insuficiencia) de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos y, en consecuencia, un desbordamiento por la amplitud del Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como deudas atrasadas del Estado al sistema.

A esto habría que sumarle otros factores externos como la presión tecnológica, la inflación, la volatilidad de la tasa de cambio, etc. Un asunto sobre el que las EPS han reiterado que los recursos son insuficientes a pesar de las medidas implementadas para gestionar la siniestralidad.

En consecuencia, la decisión adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, mediante el Auto 2882 del 20 de noviembre de 2023, señala que se busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno Nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente de aquellos que deben ser recobrados por las EPS una vez sean entregados a la población porque no se financian con la UPC ni los presupuestos máximos.

Esto, luego de que el Gobierno se comprometió a pagar de manera definitiva esta deuda, a través de lo que llamó el Acuerdo de Punto Final, una norma mediante la cual se estableció que se pagarían a las EPS todos los valores pendientes con ocasión de la prestación de los referidos servicios y tecnologías en salud que se entregaron a la población hasta diciembre de 2019, con la intención de evitar la acumulación de nueva deuda a favor de las EPS y las IPS.

Sin embargo, la Sala encontró, entre otras cosas, que para 2023 no se había efectuado el pago total de esta deuda, que según el Gobierno se completaría en agosto de 2022. Asimismo, evidenció montos sin cancelar que fueron aprobados dentro del acuerdo, así como sumas de dinero que no se negociaron porque se discuten en procesos judiciales. También señaló que a partir del año 2020 surgió una nueva deuda en favor de las EPS y las IPS por la prestación de estos servicios.

Sobre la crisis financiera que atraviesa el sector, el Ministerio de Salud manifestó el año pasado que se encontraba al día con los pagos del sistema. Incluso, a finales de 2023 la Contraloría sostenía que, según información preliminar de la Adres, estaría al día con los giros a las EPS y manifestó que los giros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se vienen realizando con regularidad.

Aun así, continúa existiendo un déficit que empieza a repercutir en la atención a los s y a pesar de que este diario consultó al Ministerio de Salud y a la Adres sobre la decisión de la Corte, al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.