A tan solo 17 días de concluir el 2024, EL TIEMPO conversó en exclusiva con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien dio a entender que el retiro definitivo de la EPS Compensar tampoco será aceptado. En una entrevista reveladora, abordó temas cruciales como el desfinanciamiento del sector, la cartera de hospitales, su firme propósito de continuar en el cargo mientras el Presidente así lo requiera y el futuro de la reforma de la salud.
En medio de la profunda crisis financiera que enfrenta el sector, ¿podríamos esperar que para el año entrante la UPC aumente un mínimo de un 16 por ciento, como lo han solicitado analistas financieros?
El sistema de salud no empezó a enfrentar dificultades de un día para otro, ni durante estos dos años de Gobierno. Si inicialmente existían 155 EPS y hoy solo quedan 29, esto no es casualidad. Muchas de estas aseguradoras no cuentan con reservas, patrimonio ni capital, y esta situación es un problema acumulado desde hace décadas. Desde que este gobierno comenzó, hemos reconocido los desafíos y planteado soluciones a través de una reforma que busca, entre otros objetivos, auditar todas las cuentas y garantizar transparencia en el uso de recursos.
En cuanto a la UPC, debemos recordar que su incremento está sujeto a un análisis riguroso basado en frecuencias, gastos y datos recogidos por las mismas EPS. El año pasado se realizó un ajuste del 12,2 por ciento, superando la inflación del 5 por ciento. Esto demuestra que los incrementos han sido consistentes, salvo en excepciones como el 2021, pleno Gobierno de Duque.
La reforma que estamos impulsando busca que los recursos sean gestionados eficientemente y que se acabe la opacidad que ha caracterizado al sistema. Ahora, las EPS siempre han insistido en que se debe recalcular la UPC y que no les alcanza, por lo que pusimos como intermediario a la Contraloría, que empezó a hacer revisiones este año y encontró que tan solo en 2020 estas entidades no pudieron entregar datos claros o definitivos de al menos 6 billones de pesos que no se sabe dónde están.
Pero ¿en cuánto va a incrementarse?
No hemos recibido un estudio que justifique este incremento del 16 por ciento. Los análisis realizados por el Ministerio, la Adres y la Superintendencia de Salud, basados en datos concretos, no respaldan esa cifra. Es más, algunos casos de las aseguradoras son alarmantes: una EPS reportó un incremento de gastos istrativos del 2022 al 2023 que pasó de 200.000 a 600.000 millones de pesos. También encontramos diferencias abismales en el costo de consultas médicas entre instituciones.
Sin evidencia concreta, no podemos aprobar este incremento. Además, debemos recordar que cualquier decisión sobre la UPC debe alinearse con los recursos disponibles. Repito que este año se hizo un incremento del 12,01 por ciento, superando la inflación. Por lo tanto, está financiada y es suficiente.
¿Qué sucedería si el Congreso no aprueba la reforma para el año que viene?
La no aprobación de la reforma sería catastrófica. Muchas EPS están en cuidados intensivos debido a deudas enormes. Por ejemplo, Nueva EPS tiene pasivos de 5,5 billones de pesos, mientras que otras como Famisanar y Sanitas también enfrentan deudas significativas. Si no se aprueba la reforma, el único camino que tendríamos sería la liquidación de estas entidades, como ya ocurrió en gobiernos anteriores. Esto afectaría gravemente el a servicios de salud. La reforma busca precisamente mantener a las EPS que cumplen bien con su función, apoyarlas con recursos para que puedan transformar sus modelos de negocio y pagar sus deudas. Además, de no aprobarse, continuaría existiendo una diferencia marcada entre el régimen subsidiado y el contributivo, lo que demuestra una gran inequidad.
Mientras se define el futuro de la reforma, ¿por qué no considerar transferir los 2,5 billones de pesos que necesita el aseguramiento desde el presupuesto destinado a los programas de desarrollo de la Ley 100?
¿Los 2,5 billones según quién? ¿Acemi? ¿La Andi?, es decir, los poderosos. Yo insisto en que el 12 por ciento que se aumentó este año en UPC está totalmente asegurado presupuestal y financieramente. Este gobierno ha priorizado el aseguramiento y también ha destinado recursos significativos para mejorar la infraestructura hospitalaria y fortalecer la atención primaria, especialmente en municipios vulnerables. Ese es nuestro principal objetivo.
De 5 billones de pesos que no son para financiamiento, 2,6 billones se han destinado a la Ley 100, luego de haber asegurado el financiamiento de la UPC y definido los Presupuestos Máximos. Este monto se ha entregado gradualmente según las necesidades de las EPS y el resto de los recursos se han utilizado para atender otras necesidades del Gobierno, como infraestructura hospitalaria y dotación de equipos médicos. ¿Acaso no podemos usar este dinero para esos cometidos? Hemos destinado estos recursos para enviar ambulancias que puedan trasladar a los enfermos, reparar los puestos de salud y dotarlos con lo necesario para que puedan ofrecer atención médica adecuada.
Pero supimos que la mayoría de estos proyectos de infraestructura hospitalaria tienen una ejecución de 0 por ciento...
Es falso. Por ejemplo, en el caso del hospital de Santa Sofía, lo que ocurrió fue que inicialmente debía recibir 68.000 millones de pesos para la construcción de nuevas torres, pero solo recibieron 30.000 millones. No llegaron los recursos en su momento debido a que no se gestionaron correctamente, lo que impidió licitar los proyectos. Sin embargo, ahora los recursos ya están disponibles, y el proceso de licitación ya se ha realizado.
Además, puedo proporcionarles cifras detalladas de la ejecución de todos los proyectos. Estamos comprometidos con la ejecución de nuestras obras de manera rigurosa y transparente, garantizando que cada proyecto tenga los estudios y diseños necesarios antes de su aprobación.
Quiero aclarar que, contrario a lo que dicen, no se aprueban proyectos sin estudios previos; esto sería inaceptable y contrario a la ley. También estamos trabajando en la creación de un fondo hospitalario para centralizar las compras y reducir costos, además de asegurar que las obras se ejecuten con la diligencia que se requiere.
Y si el sistema está financiado y además hay dinero para invertir en atención primaria, ¿por qué en tan solo cuatro meses las tutelas crecieron un 42 por ciento este año?
El aumento en las tutelas refleja un mayor y capacidad de exigir derechos, sobre todo en las ciudades grandes. A medida que estamos ampliando el a la salud, es natural que aumenten las solicitudes. Antes, lo que ocurría era que se ocultaban los reclamos. Ahora, los estamos haciendo visibles, y están llegando a la Superintendencia. Antes ni siquiera existía un sistema para recibir las quejas.
Sin embargo, esta situación también expone fallas en el sistema. Estamos trabajando para corregir estas deficiencias, promoviendo la atención primaria y mejorando el a servicios básicos para que la población no tenga que recurrir a las tutelas para recibir atención.
¿Cuál es el beneficio o ganancia de intervenir a las EPS? Hay quienes afirman que no resuelven nada y empeoran la crisis...
Cuando intervenimos una EPS que está en malas condiciones, no podemos esperar que los resultados se vean de inmediato. La intervención busca resolver problemas como el represamiento de servicios, las deudas acumuladas y la falta de a la atención. Si estas EPS estuvieran funcionando bien, no habría necesidad de intervenirlas, como ocurre con Sura o Compensar, que no han requerido intervención.
Por ejemplo, en el caso de Savia Salud, hemos visto mejoras en muchos indicadores gracias al tiempo y trabajo continuo. Sin embargo, enfrentamos situaciones complejas. Tomemos como ejemplo a Famisanar, que tiene deudas acumuladas de 2 billones de pesos, o Nueva EPS, que encontramos con más de 5.5 billones de cuentas por pagar del año pasado. Estas cifras son enormes y generan problemas con la red de clínicas y hospitales.
Las intervenciones han sido necesarias para evitar liquidaciones masivas, algo que tendría un impacto negativo en todo el sistema. Si liquidamos una EPS con deudas de 3 billones de pesos, ¿quién asume ese pasivo? Sin una reforma estructural, el Estado no tiene los mecanismos necesarios para garantizar que las deudas de una liquidación no recaigan sobre los proveedores, clínicas y hospitales, lo que agravaría la situación del sistema de salud. Por eso, intervenimos para contener las crisis y buscar soluciones graduales. Y repito que no nos interesa intervenir o liquidar a ninguna aseguradora que haga bien su trabajo.
¿Tiene intenciones de continuar en su cargo como Ministro?
Mi permanencia depende del Presidente. Estoy aquí para servir mientras él lo considere necesario. Desde que asumí este cargo, me comprometí a trabajar por los colombianos y cumplir con los objetivos del plan de Gobierno para mi cartera, incluyendo la implementación de la reforma. Si el Presidente decide que debo retirarme, estaré dispuesto a hacerlo, pero por ahora mi enfoque está completamente en esta labor.
Hablemos del caso de EPS Sura. Analistas afirman que no aprobaron su retiro porque eso habría agravado la confianza de los pacientes y perjudicado el debate de la reforma...
No, para nada. Siempre he dicho en público que Sura es una buena empresa y ha hecho las cosas bien. No tenemos por qué eliminar o intervenir a las entidades que hacen un trabajo destacado. Es más, nuestro objetivo con la reforma es que sigan haciendo parte del sistema y que hagan una transición a Gestoras de Salud. Algo con lo que la EPS está de acuerdo. Con Sura hemos acordado permitirles transformar su modelo de operación para enfocarse en áreas donde tienen mayor fortaleza, como el régimen contributivo. También hemos definido que pueden mantener una operación diferenciada según las necesidades de los s y que recibirán apoyo en la gestión de sus servicios.
En cuanto a Compensar, hemos facilitado ajustes territoriales que les permitan operar de manera más eficiente. Por ejemplo, el traslado de ciertos afiliados en regiones donde presentaban pérdidas significativas a otras EPS con mayor capacidad. Estos acuerdos buscan garantizar la sostenibilidad de las EPS y proteger a los s. Además, se les ha permitido mantener y desarrollar modelos de medicina prepagada como parte de su estrategia de transformación.
¿Eso quiere decir que a Compensar tampoco le van a aceptar su petición de retiro?
No. Si una EPS hace bien su trabajo, no podemos dejar que se vaya del sistema. Nuestro objetivo es mantenerlas porque luego, si se liquidan, ¿quién paga las deudas con los hospitales? Por eso estamos comprometidos con mantener un diálogo abierto con todas las EPS para asegurar que el sistema funcione de manera adecuada y que los recursos se utilicen de manera eficiente.
Hablando de las deudas a hospitales, si bien el giro directo alivia el flujo de caja, nos han advertido que solo se gira un 80 por ciento como un techo cuando realmente es un piso ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué pasa con el 20 por ciento restante?
En efecto, el giro directo ha mejorado considerablemente el flujo de recursos hacia los hospitales. Lo que sucede es que las EPS lo han malinterpretado. Según el decreto, hemos establecido que al menos el 80 por ciento de las facturas deben ser giradas directamente a las instituciones prestadoras. Sin embargo, algunas aseguradoras han asumido este porcentaje como un techo en lugar de un piso. Esto no es correcto, es un modelo discriminatorio y aferrante que están utilizando las empresas, y tenemos que forzarlo a que cambie. Esto solo es así por ahora. Además, hemos pagado anticipadamente gran parte de los recursos y estamos garantizando que el financiamiento de la UPC y de los Presupuestos Máximos esté completamente cubierto.