Salud de los colombianos, en jaque por polémico incremento de la UPC en 2025

Durante los primeros días del 2025, y luego de que el 31 de diciembre del año pasado el Gobierno Nacional anunció que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se estableció por un valor del 5,36 por ciento, ajustado únicamente a la inflación y por debajo del 16,9 por ciento sugerido por expertos para afrontar la crisis financiera, nuevamente se prendieron las alarmas por las consecuencias que ello pueda traer para millones de colombianos.

La UPC, que representa el monto que recibe cada EPS por afiliado, equivaldrá a un valor diario de 4.226 pesos en el régimen contributivo y 3.676 pesos en el subsidiado. Este presupuesto (incluyendo primas adicionales para territorios apartados como San Andrés y Providencia) es lo que estará disponible para la atención de cada persona a lo largo del año en el sistema de salud.

Durante esta semana, múltiples fueron las voces del sector que cuestionaron la decisión del Gobierno. Desde hospitales públicos y privados hasta asociaciones, como la de Trasplante de Órganos, y exministros y exministras, quienes vaticinan la agudización de un sector que está en crisis y señalan a los pacientes como los más afectados por la decisión del cálculo hecho por el Ejecutivo.

Dicha tesis es compartida por Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a más de 198 organizaciones de s, quien en diálogo con EL TIEMPO advierte que ellos ya dejaron de ser los afectados y ahora se convirtieron en víctimas.

Este argumento –afirma Silva– se sostiene por tres razones. “Primero, porque cuando hay menos dinero cierran IPS, como pasó en el 2023 y 2024, que cerraron 1.200 IPS, como lo señaló Clemencia Mayorga, del Colegio Médico de Bogotá. Cada vez que se cierran IPS, el personal de la salud queda desempleado. Al estar desempleados, menos oportunidad hay para sacar citas médicas para los 16 millones de colombianos que viven o vivimos con alguna carga de enfermedad. Dos, las EPS, al tener menos recursos, van a comprar menos medicamentos para darles continuidad a los tratamientos. Y, tres, que es lo más grave, en una recesión económica, en la que mucha gente está sin empleo, muchos pacientes crónicos son abandonados por sus familias, pues el gasto se dispara enormemente”, afirma.

Pero existen voces críticas que argumentan, de hecho, que los reportes del Ministerio de Salud sobre las inconsistencias de las EPS deben ser publicados para conocer exactamente cómo se gestó el porcentaje.

“El Gobierno, cuando trata de explicar qué pasó, generaliza la situación particular del suministro de información de algunas EPS, pero no mira el resto. ¿A qué me refiero? Cada uno de los ítems que se gastan se contrasta con cuánto representa del estado financiero -dice a EL TIEMPO Diana Isabel Cárdenas, exviceministra de Protección Social-. Entonces el Gobierno dice que el estado financiero de algunas EPS no estaba firmado. Pero fue el mismo Gobierno el que intervino varias EPS, y las EPS que no tienen los estados fueron las que ellos intervinieron, por lo que ellos son quienes deben garantizar dicha información”.

En una posición similar está Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, quien en diálogo con este diario reconoce, en principio, el argumento del Ministerio de Salud, pero cuestiona dos aspectos: “Primero, ¿qué hizo el Gobierno para trabajar con las EPS para mejorar esa información? Es que el Gobierno es el garante del derecho a la salud, según lo dice la Constitución, y además valida la información de las EPS, así que el Gobierno no puede salir de esa inmensa responsabilidad diciendo ‘me dieron mal la información’. Ese no es el papel del Gobierno ante un tema de semejante importancia”.

Y continúa: “Segundo, cómo es que el Gobierno está manejando la Nueva EPS y otras EPS que en total suman el 50 por ciento de la población del país y en esas EPS no tuvo esa información adecuada? Eso es incomprensible, porque aunque, por ejemplo, en Nueva EPS su intervención fuera desde abril de 2024 y la información que se requiere es de 2023, tuvo 9 meses para trabajar por mejorar esa información y no lo hizo”.

Para la exviceministra Cárdenas, el escenario que se abrirá es el de procesos jurídicos. “Es posible que se puedan habilitar mesas de diálogo, pero existe la posibilidad de llevar esto a instancias de una corte internacional porque evidentemente hay una decisión premeditada”, detalla la experta a este diario. E invita al Gobierno Nacional a publicar las actas que respaldan la resolución 2717 de 2024, que fija la UPC.

“Ellos tienen la obligación de respaldar la resolución, deben tener una motivación y son las actas que justifican la decisión. Pero, al final, si uno ve el argumento del viceministro, que dice que descartan cualquier análisis técnico porque nos pareció que la información estaba mala, la pregunta entonces es de dónde salió todo”, reflexiona Cárdenas.

“Solo nos quedan dos alternativas a los pacientes. Seguir acudiendo y mendigándole al Gobierno, pero ya nos cansamos de eso. Entonces vamos a solicitarle a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado la nulidad del acto istrativo del cálculo de la UPC y estamos analizando la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar una medida precautelar frente al hecho de lo que está pasando en Colombia con el sistema de salud”, indica el vocero de los pacientes.

Ahora bien, según cálculos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), un ajuste limitado a la inflación de la UPC generaría un nuevo déficit en la salud de al menos 10 billones de pesos, lo que hará casi imposible garantizar una atención de calidad.

Y añade: “El peor escenario para el sistema de salud será el de una pelea política en campaña. Esto, por tanto, podría llevar a que no se den soluciones de fondo al desfinanciamiento que afecta de inmediato a quienes prestan los servicios (clínicas, hospitales) y por esta vía a los enfermos crónicos, trasplantados, con enfermedades huérfanas que van a sufrir cierres de servicios, falta de medicamentos y de personal, y por su puesto a los trabajadores de salud que tendrán que enfrentarse a los pacientes reclamando, con justa razón, los servicios”.

En un trino en la red social X, el presidente Gustavo Petro respondió a las críticas e intentó justificar su decisión. Su mensaje fue una reacción directa a un comentario del exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien calificó como “muy baja” la cifra definida por el Gobierno, sumándose a las voces de protesta. “¿Por qué es criminal que la UPC para salud crezca 5,4 por ciento este año, si la inflación será del 3 por ciento? ¿Quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS con dineros públicos, igual que hacen con los dueños de buses de TransMilenio? ¿Les pareció poquito que se hubieran robado 9 billones del dinero público de la salud en el año del covid?”, escribió el primer mandatario.

Especialistas cuestionaron los montos mencionados por el Presidente, señalando inconsistencias con las investigaciones en curso. Por ejemplo, el informe de la Contraloría General, que evaluó recursos de 2020 en 24 EPS, no reporta un desvío de 9 billones, sino de 6 billones de pesos. Al respecto, Acemi, el gremio que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo, insistió en que el informe debe analizarse con detalle. De hecho, este estudio continúa en investigación.

Alejandro Gaviria también refutó las declaraciones de Petro. “Si las EPS simplemente se roban los recursos, ¿por qué impidieron la salida de Sura y Compensar? ¿Por qué las EPS controladas por el Gobierno han empeorado en las condiciones financieras y de atención?”, cuestionó.