Los dos caminos judiciales en el caso contra Álvaro Uribe

Corte tomará más de 5 días para definir si lo envía a Fiscalía. Ahora lo cita a versión por masacre.

Álvaro Uribe Vélez en la Corte Suprema de Justicia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

22.08.2020 18:18 Actualizado: 23.08.2020 13:30

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Todo está listo para que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema aborde este jueves la solicitud de la defensa de Álvaro Uribe para que se remita de inmediato a la Fiscalía el expediente que se le sigue por soborno y fraude procesal, un proceso que ya marcó la historia judicial y política del país, al desencadenar una medida de aseguramiento con prisión domiciliaria contra el expresidente, y precipitar su renuncia al Senado.

El abandono de su curul, el pasado 18 de agosto, abrió la posibilidad de que la Fiscalía asuma el caso, bajo el argumento de que, al quedar sin fuero, la Corte pierde la competencia para procesarlo en este y en otros casos, como las masacres de El Aro (1997).

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De hecho, el sábado Granados dejó una constancia pública, luego de que la Corte ordenó nuevas pruebas en el caso de El Aro. EL TIEMPO reveló que incluyen llamar a versión a Álvaro Uribe Vélez el 16 de septiembre.

Mientras Uribe, desde su finca por cárcel, se declaraba secuestrado por una Corte “prevaricadora y vengativa”, su defensa condensó los argumentos en 32 páginas. Dice que, según un parágrafo del artículo 235 de la Constitución y amplia jurisprudencia, Uribe deja de estar bajo la órbita de la Corte, porque las conductas imputadas no tienen nexo con su función de senador.

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Aunque en julio de 2018, aún en su curul, dijo que era un invento que su renuncia al Senado la fuera a usar para quitarle competencia a la Corte, esta semana señaló que la medida de aseguramiento, “con violación a 8 garantías procesales, interceptaciones ilegales y dolosas, filtración selectiva (…), detenido por inferencias, sin pruebas directas (…)”, le anulaban cualquier expectativa de regresar al Senado.

EL TIEMPO reveló que la Corte citó a versión libre a Uribe por la masacre de El Aro, el 16 de septiembre

Los abogados Jaime Granados y Víctor Mosquera (centro) asistieron ayer a la Corte para notificarse de la decisión. Foto:Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Esta es la Constancia que hizo pública Jaime Granados sobre la falta de competencia de la Corte para el caso de El Aro. Foto:EL TIEMPO

Las dos vías

Con 82 votos a favor y 12 en contra, puso fin a su rol de legislador, con el que marcó el récord como el senador más votado en la historia reciente, con 801.692 sufragios.

Además, abrió el debate jurídico sobre quién debe continuar con un proceso que va a impactar el partidor presidencial para el 2022, al dejar sin su cabeza al partido de gobierno.

Pero, al contrario de lo que asegura Jaime Granados, punta de lanza de la defensa del ahora exsenador, EL TIEMPO supo que los magistrados se tomarán más de 5 días para definir la suerte.

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Sin bien la ley establece ese plazo cuando es una decisión de un solo juez, puede aumentar cuando depende de varios, como ya pasó en la definición de su situación jurídica.

Después de que Uribe fue escuchado en indagatoria (el 8 de octubre de 2019), la Corte se tomó 9 meses para definirle su situación. Eso significaría que la domiciliaria se prolongará.

El magistrado César Augusto Reyes interrogará este martes el expresidente y senador Álvaro Uribe. Es uno de los seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte. Foto:Archivo particular

De hecho, mientras se estudia el cambio de jurisdicción, el magistrado instructor –César Reyes– puede ordenar pruebas y testimonios. Y lo acaba de confirmar con la citación a versión en el caso de la masacre de El Aro.

Además, deben definir la petición de Jaime Granados de hacer público el expediente, bajo el argumento de que se ha filtrado selectivamente, descontextualizado y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no a favor.

Después de resolver esos puntos, el primer escenario es que la Corte acoja los argumentos de la defensa y entregue el expediente.

“Por ley, le corresponde al Fiscal General delegar el caso en la unidad de fiscales encargada de investigar el tipo de delitos que se imputan. Está descartado que vaya a fiscales delegados ante la Corte, por llevar casos en los que ese tribunal tiene competencia”, explicó Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema

El expediente se ha filtrado selectivamente, descontextualizado y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no a favor: Granados

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático. Foto:Diego Santacruz / EL TIEMPO

De ser así, el expediente pasaría en el estado en que se encuentra –incluida la domiciliaria– y con el antecedente de que la Fiscalía ya acusó a Diego Cadena (apoderado de Uribe) por los mismos hechos.

Y aunque algunos asumieron que el fiscal del caso, Daniel Hernández, ‘eximió’ a Uribe, la conducta que le imputó a Cadena contempla que la utilidad del supuesto soborno sea en provecho propio o de un tercero, que en este caso sería Uribe.

Pero para el senador Iván Cepeda –víctima dentro del caso–, el paso del caso a la Fiscalía está descartado porque las conductas que se investigan sí están vinculadas con la actividad o función de congresista de Uribe.

Audios y chats

Cepeda insiste en que la investigación partió de un debate de control político que él impulsó, el 17 de septiembre de 2014 y que desencadenó que Uribe llevara pruebas en su contra a la Corte.

Y Cepeda añade que está probado que Uribe dio órdenes a colaboradores de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en su condición de senador, para que aran en cárceles a ‘exparas’, cuyos falsos testimonios fueron usados.

Pero Granados dice que la denuncia del exsenador contra Cepeda es anterior a ese debate (2012). Además, que “no hubo uso de personal de la UTL para el desarrollo de las conductas que le han sido imputadas”.

Entre las garantías procesales que se le violaron está “la de un magistrado que advertía de posible autoincriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes”: Uribe

De hecho, aunque no quiere anticipar su estrategia judicial, EL TIEMPO supo que si la Corte se niega a enviar el expediente a la Fiscalía, se abriría paso una tutela por usurpación de funciones y hasta prevaricato.

Aquí entraría a terciar la Corte Constitucional, en caso de que decida revisar eventuales fallos de tutela.

EL TIEMPO también estableció que la defensa de Uribe estudia atacar evidencias, en una tablero judicial paralelo. Una de ellas es la ilegalidad de una parte de las interceptaciones, que ya fue denunciada en 2019. Y la otra tiene que ver con la no entrega de evidencia por parte de Cepeda , unida a un posible favorecimiento del magistrado Reyes.

(Además: El prontuario de Monsalve, el 'expara' que desató proceso contra Uribe)

Supuestamente, Iván Cepeda no ha entregado de manera oficial chats que cruzó con el testigo Juan Guillermo Monsalve. Se trata del hijo del mayordomo de una de las haciendas de los Uribe que asegura que el abogado Diego Cadena le ofreció beneficios para que cambiara su testimonio en contra de Uribe.

Además, alegan que cuando se le contrainterrogó, el magistrado Reyes le dijo a Cepeda que no era necesario que contestara porque se podría autoincriminar.

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Uribe habló del episodio en su renuncia al Senado, en la que señala que entre las garantías procesales que se le violaron está “la de un magistrado que advertía de posible autoincriminación para ayudar a la contraparte a esconder mensajes”.

“Sí entregué los chats”, le dijo Cepeda a EL TIEMPO.

Uribe, a versión por la masacre de El Aro

La defensa de Álvaro Uribe emitió el sábado una constancia, luego de que la Corte Suprema impulsó procesalmente uno de los casos que lleva en su contra, paralelo al de soborno y fraude procesal: la masacre de El Aro. Aunque Granados no lo menciona, EL TIEMPO estableció en exclusiva que la Corte lo citó a versión libre, el 16 de septiembre.

“Con ocasión al cese en el ejercicio de sus funciones como senador, otros casos que venía adelantando la Sala de Instrucción, entre ellos la indagación por la masacre de El Aro, deben pasar al conocimiento de la Fiscalía”, dice.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

Y agrega: “Ninguna relación hay entre los hechos objeto de investigación y el ejercicio de las funciones como senador, las cuales empezó a desempeñar en julio de 2014”.

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