Disidencias de ex-Farc y el ‘clan del Golfo’ rondan Bogotá y sus goteras

Una granada de fragmentación, once barras de indugel y 21 cartuchos de fusil. Eso fue lo que se encontró hace ocho días en una humilde vivienda ubicada en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. El material de guerra estaba oculto entre colchones, custodiado por tres hombres jóvenes de una misma familia que tenían antecedentes y que ya fueron judicializados.

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Tres horas después, a tan solo unos metros de allí, una carga explosiva, instalada debajo de un bus de la Policía, destruyó parcialmente 46 casas.

Según las autoridades, es evidente que buscaban volar la estación de Policía. Por eso se está ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información de los responsables. Y todo apunta al Eln.

Los dos hechos terroristas se registraron dos días después de un consejo extraordinario de seguridad en la localidad de Sumapaz, vecina a Ciudad Bolívar.

La reunión –con Ejército, Policía y Alcaldía incluidos– fue convocada luego del crimen de Olinto Olmos Rincón, de 33 años. Hombres en moto llegaron hasta su vivienda, en la vereda La Lagunita, lo acribillaron y lo convirtieron en el tercer asesinado en esa zona en menos de un año.

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En la región hay miedo, pese a que la Alcaldía de Bogotá entregó un parte de total tranquilidad y aseguró que allí avanza la construcción de dos bases no convencionales, ubicadas en los batallones militares Relámpago y Casa Blanca (Lea más abajo: ‘Se corrobora información’).

Pero informes de inteligencia y una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo aseguran que hombres del ‘clan del Golfo’, de las disidencias de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Márquez’ y el Eln están detrás de acciones criminales en la capital del país y en los municipios que conforman la región del Sumapaz.

Las evidencias parecen ser contundentes. En los computadores incautados por las Fuerzas Militares a estructuras de ‘Gentil Duarte’, en julio de 2021, se mencionan enlaces activos en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Santa Fe, sur de la capital.

Varios correos recuperados hablan de ‘bandolas’ que “se pueden usar en la capital para trabajos dirigidos, dar de baja a enemigos y obtener recursos ilegales”.

Allí se agrega que en Ciudad Bolívar los aliados de las disidencias de ‘Duarte’ son bandas de sicariato y en Santa Fe, algunas dedicadas al comercio ilegal de armas.

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Información en poder de la Policía indica, además, que estarían buscando activar esas alianzas criminales para vengar la muerte de ‘Arturo’, cabecilla de esa disidencia, bombardeado el pasado 24 de febrero, en Puerto Rondón, Arauca.

Según la alerta temprana de la Defensoría, que también se discutió en el consejo de seguridad del Sumapaz, el enfrentamiento entre las disidencias de ‘Gentil Duarte’ y la ‘Nueva Marquetalia’, de ‘Iván Márquez’, desató “una carrera a muerte” por la recuperación del poder y territorio que dejaron las ex-Farc.

Esto incluye el reclutamiento de milicianos, la ubicación de viejos testaferros y un posicionamiento geográfico en el Sumapaz que les garantice redes de apoyo, para controlar el paso y negocios ilegales desde y hacia Bogotá. Esto les abre conexiones con los departamentos de Caquetá, Meta y Tolima.

En esta carrera parecieran tener ventaja las disidencias de ‘Márquez’. Uno de sus hombres, el asesinado en Venezuela Henry Castellanos, alias Romaña, fue amo y señor por varios años de algunos sectores de Sumapaz. Usó esa región como corredor para sacar a industriales, civiles y uniformados secuestrados.

Pero hay información de que la ‘Nueva Marquetalia’ no solo estaría intentando recuperar poder, sino también haciendas y negocios que ‘Romaña’ dejó en manos de testaferros.

La Fiscalía ya ha ejecutado 241 operativos de extinción de dominio de bienes ligados a las ex-Farc en Fusagasugá, Silvania, Tibacuy y Viotá, municipios de la región del Sumapaz. Pero hay muchos más.

(Consulte acá todas las historias de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO)

A ese fenómeno se une el del reclutamiento. El vocero de una agremiación de agricultores de Fusagasugá le dijo a EL TIEMPO que uno de sus hijos, menor de edad, y un grupo de amigos, fueron abordados el sábado 5 de marzo por hombres que se movilizaban en dos camionetas Toyota.

Les ofrecieron un 1’500.000 pesos al mes para que se sumaran a las filas de la guerrilla.

Y ganaderos y gente de la región son citados a reuniones por parte de milicianos, en donde se les piden ‘aportes voluntarios’ de hasta 100 millones de pesos. Las convocatorias se registran en las veredas Las Pilas, Las Vegas, El Dorado y El Silencio del municipio de San Bernardo (Cundinamarca).

En esos lugares nadie quiso hablar del tema y algunas empresas de transporte de Sumapaz negaron estar siendo víctimas de extorsión, como lo señala la alerta de la Defensoría. Sin embargo, esa entidad documentó en terreno la circulación de manuales en donde hombres armados están volviendo a establecer horarios y pautas de conducta para la población.

Y está confirmado que no solo son las disidencias y el Eln los grupos que realizan actos criminales en Bogotá y municipios cercanos. La propia Policía denunció que hombres al servicio del ‘clan del Golfo’ tratan desde hace semanas de ejecutar un plan de fuga para su máximo cabecilla, Dairo Úsuga, alias Otoniel, quien permanece en celdas de la Dijín, en Bogotá.

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Y ya se sabe que antes de su captura, el 23 de octubre de 2021, del ‘clan’ tuvieron una cumbre en la capital con mafiosos italianos y ses. En el encuentro, discutieron sobre la compra de una tonelada de cocaína que iban a sacar por la costa Atlántica y enviar a León, Abres, Málaga y Valencia, en España.

Y si bien el pasado jueves la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó desde Suba un parte de tranquilidad para las elecciones de este domingo, las goteras de Bogotá están militarizadas con hombres de la Brigada XIII que hacen operativos conjuntos con la Policía de Cundinamarca.

Desde enero pasado, el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández, convocó al Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3). Esta instancia, integrada por organismos de inteligencia del país, fue reactivada para prevenir ataques terroristas en época electoral.

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Fernández aseguró que en el CI3 se analizó la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y que luego se hizo un consejo de seguridad en Sumapaz para evaluar si el Eln y las disidencias están allí. Agregó que aún no se ha confirmado si hay relación entre la explosión en Ciudad Bolívar y el homicidio en Sumapaz. Sin embargo, reconoció que todas las alertas de las autoridades de seguridad están encendidas para evitar actos violentos en la ciudad.

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