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Las 7 cartas de la poderosa Drummond a la JEP para salvar a sus directivos
Con correos y otra evidencia espera probar que no se alió con las Auc para matar sindicalistas.
La carbonera Drummond amplía mercados en Europa y su defensa en Colombia y en EE. UU. Foto: Drummond
La carbonera estadounidense Drummond no tiene planes a corto plazo para iniciar su retirada de Colombia, a pesar de los anuncios del tránsito a energías limpias y a la llamada descarbonización. De hecho, sus directivos ya anunciaron que instalarán es solares en su mina a cielo abierto en el Cesar. Y aseguran que, tras la pandemia, aumentaron sus ventas a Europa de un 8 a un 20 por ciento.
Sin embargo, la multinacional, con sede en Alabama, tiene abierto otro frente del que depende la suerte judicial de al menos ocho de sus ejecutivos, lo que los ha llevado a reforzar su equipo legal con varios abogados externos de dos estados de Estados Unidos y de Bogotá.
Aunque el caso parecía quieto, al menos en la justicia ordinaria, de manera silenciosa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) viene escuchando a un excontratista de la empresa y a un exparamilitar dentro del macrocaso 08.
Ambos están condenados por nexos con ‘paras’ y el crimen de dos sindicalistas de Drummond, en marzo de 2001: Valmore Lorcano y Víctor Orcasita, de Sintraminenergética.
Charris, un exparamilitar que paga una pena de 30 años en la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas, acaba de entutelar a la JEP para que le defina de una vez por todas su situación, incluida su libertad.
Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP Foto:JEP
En declaraciones ante esa instancia dijo que la orden de desaparecer a sindicalistas venía directamente del dueño de la empresa (Gary Drummond) y que el entonces presidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez, estaba enterado del plan, al igual que otros altos ejecutivos de la empresa.
Según Charris, él estuvo presente en reuniones entre su jefe, Blanco Maya, y directivos de la Drummond, en las que se les transmitieron instrucciones a paramilitares de la zona.
Jaime Blanco, condenado a 38 años por los mismos hechos, fue el primero en pedir pista en la JEP, que encontró elementos para otorgarle libertad transitoria, desde octubre de 2021.
Las alertas de la Drummond
Jaime Blanco Maya, excontratista de la Drummond. Foto:Archivo particular
“(Su testimonio) supera el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria al señalar otras empresas que presuntamente tenían una relación de contraprestaciones con las Auc”, dijo la JEP sobre Blanco.
Este aseguró que las Autodefensas recibían, a través de él, 30 millones de pesos al mes. Y que parte del dinero salía del contrato de suministro de alimentos que él prestaba en los campamentos y de sobrecostos de otros convenios. Y mencionó en el caso al actual presidente de la carbonera, José Miguel Linares, y a otros seis directivos.
Pero en el expediente de la JEP aún no aparece la versión de la Drummond.
EL TIEMPO estableció que tan solo hay siete cartas reservadas firmadas por sus apoderados —la oficina de abogados Prias Cadavid—, que han sido enviadas entre agosto de 2021 y el 12 de abril de 2023.
José Miguel Linares es el presidente de Drummond en Colombia. Foto:Cortesía de la compañía
Este diario tuvo a las cartas, en las que se le manifiesta a la JEP que se le han mandado decenas de documentos que —dicen— prueban que Blanco Maya y su exguardaespaldas mienten y que están denunciados por esto ante la Fiscalía.
De hecho, aseguran que en Estados Unidos se han desestimado demandas contra la multinacional basadas en esos relatos, que califican de falsos y que buscan millonarias indemnizaciones: “Drummond nunca ha pagado o asistido a ningún grupo ilegal en Colombia, ni paramilitares ni guerrilla”.
Correos desclasificados
Esta es una de las cartas enviadas a la JEP. Foto:EL TIEMPO
También se señala que se trasladó a la JEP y a la Fiscalía evidencia reservada que una corte del Distrito Norte de Alabama aprobó desclasificar. Allí, aseguran, se demuestra que hay jugosos pagos de por medio a cambio de esas declaraciones.
“Los hechos y circunstancias que rodean estos testimonios falsos, así como las evidencias pertinentes han sido informados a la JEP ya en 7 oportunidades, en especial a lo que respecta al compareciente Jaime Blanco. No obstante, evidenciamos ahora que ese material no ha sido siquiera leído por la entidad”, señala una de las cartas, fechada el 22 de marzo de 2023.
Y se advierte que, incluso, los falsos testimonios fueron “adoptados por el Grupo de Análisis de la Información de la JEP como verdad incuestionada”.
Este es uno de los 2.200 documentos entregados por la defensa de la Drummond con los que busca probar tanto en la JEP como en la justicia ordinaria que los testigos en su contra son falsos. Foto:EL TIEMPO
La defensa de Drummond entregó 2.200 archivos —incluidos correos y consignaciones— con los que busca probar tanto en la JEP como en la justicia ordinaria que los testigos en su contra son falsos.
“Antes habían declarado en sentido contrario. Además, realizan relatos de oídas y se contradicen con quienes sí fueron testigos presenciales de lo que narran. Su cambio de versión se produjo justamente después de haberse ado con el abogado (Terrence) Collingsworth y su equipo y haber recibido dinero”, se le advierte a la JEP.
Esta es una de las facturas de las consignaciones que abogados de Drummond han allegado como pruebas a la JEP. Foto:EL TIEMPO
Pagos y apelaciones
La defensa de Drummond asegura que abogados en EE. UU. les han girado a Blanco Maya más de 120 millones de pesos. Foto:EL TIEMPO
Y agregan que quienes han impulsado sin suerte demandas contra Drummond en Estados Unidos les han girado a Blanco Maya más de 120 millones de pesos y a Charris y a allegados, más de 60 millones de pesos.
“El juez de Estados Unidos que revisó la evidencia de esos giros encontró que eran consistentes con soborno de testigos y perjurio por soborno”, dice la defensa de Drummond.
Y recalca que en un correo —fechado el 12 de marzo de 2011—, uno de los testigos que hoy están ante la JEP les dice a los abogados de Estados Unidos que si no le consignan dinero, no sigue testificando.
Al respecto, testigos y aportantes han sido enfáticos en que ese dinero era para garantizar la seguridad de Blanco y Charris.
En los documentos aportados a la JEP, abogados de la Drummond aseguran que Charris y a allegados, han recibido más de 60 millones de pesos. Foto:EL TIEMPO
Augusto Jiménez, expresidente de Drummond Colombia. Foto:Archivo particular
En cualquier caso, la batalla jurídica de la Drummond también se extiende a la justicia ordinaria. Su expresidente Augusto Jiménez y su actual cabeza, José Miguel Linares, fueron imputados el 16 de diciembre de 2020 por concierto para delinquir por la financiación de ‘paras’.
Se completan dos años y cuatro meses desde que su defensa apeló y pidió la nulidad de todo lo actuado, sin que haya respuesta. Sus abogados alegan que no se valoraron las pruebas que entregaron e incluso que se omitieron de forma deliberada los descargos, violándoles a Jiménez y a Linares el debido proceso y el derecho a la defensa.
Y piden que no se tenga en cuenta un dictamen pericial de un funcionario de la Fiscalía que, según ellos, hizo incurrir en error grave al ente acusador. En este se señala que hay evidencia que en el contrato de Drummond con Jaime Blanco había sobrecostos que no se explicaban y que este último atribuye a los giros a paramilitares.
Por eso, se está pidiendo que se revise un reporte de la consultora Kroll en el que se demuestra que las variaciones obedecieron a nuevas cotizaciones y a ajustes de las raciones.
Lo que viene
Alias Jorge 40 en audiencia de la JEP para determinar su isión. Foto: 26/01/2023 Foto:JEP
En cuanto a la JEP, en una de las cartas mencionan que ‘Jorge 40’ y ‘Tolemaida’, cabecillas de las Auc en zona de influencia de la mina, han hablado de los crímenes de los sindicalistas en otras instancias y no en la JEP. Y que Charris, quien busca su libertad, fue capturado luego de que le envió un correo a la Drummon extorsionándolos y la Fiscalía ubicó la IP del computador.
Por ahora, un juez de tutela le ordenó a la JEP que defina en tres meses la suerte de Charris al haberse vencido los plazos razonables para tomar una decisión.
Sin embargo, este debe ajustar su plan de aporte a la verdad y reparación. La Drummond espera que antes se revise la evidencia que se ha enviado.
EL TIEMPO buscó a los abogados de los testigos. Pero uno aseguró que ya no estaba en el caso y otro, que no estaba autorizado para hablar. Un tercero no respondió los mensajes.
Luego de la desmovilización, los grupos siguieron con los asesinatos selectivos. Foto:Carlos Garcia / AFP - Archivo / EL TIEMPO
Blanco y Charris se reafirman en declaraciones
Jairo Jesús Charris, exescolta de Jaime Blanco, aseguró en una tutela que suma 5 años tratando de entrar a la JEP como tercero civil. Charris ofrece información sobre los supuestos vínculos de Drummond con ‘paras’ y de supuestas órdenes de sus directivos de desaparecer a sindicalistas.
Su exjefe, Jaime Blanco, quien quedó en libertad condicional en 2021, también se ha ratificado en su versión. De hecho, según la JEP, “la narrativa de Blanco es detallada en relación con su aporte de verdad sobre su rol como intermediario en el financiamiento del frente ‘Juan Andrés Álvarez’ de las Auc por parte de la Drummond”.
La JEP además dijo que el testimonio de Blanco superó el umbral de lo esclarecido en la justicia ordinaria. Bajo esos argumentos lo dejó en libertad transitoria.