El otro caso que A. Merlano busca tumbar donde figura Odebrecht; a SIC le pidió indemnización

Alberto José Merlano Alcocer, allegado a la primera dama, Verónica Alcocer, y por años alfil del presidente Gustavo Petro, ha dedicado los últimos meses a intentar tumbar al menos dos millonarios procesos en donde su nombre y patrimonio aparecen vinculados a multas o condenas.

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El primero de estos es el que desencadenó la renuncia de dos delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Estos aseguran que a la cabeza de esa entidad, Cielo Rusinque, le molestó que se le hubieran atravesado a la solicitud de revocatoria de una multa que Merlano tiene viva por más de 220 millones de pesos y con intereses corriendo.   

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El caso está relacionado con la sanción que le fue impuesta, en 2014, por incurrir en prácticas restrictivas a la competencia, en la época en que ejerció como gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), durante la Alcaldía de Gustavo Petro, en el marco del polémico y fallido cambio del modelo de aseo en la capital.

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Ahora se sabe que, además de buscar que se le tumben la multa -argumentando que él procedió de acuerdo a decretos y normas-, Merlano Alcocer solicitó que la SIC lo indemnizara con 150 millones de pesos, petición que luego retiró. 

Lo concreto es que, tras la polémica que se armó por la renuncia motivada de los delegados, el caso se dilató y será resuelto el próximo año cuando el comité de conciliación de la SIC retome su estudio. 

Pero ese no es el único proceso que Merlano Alcocer, actual asesor de Ecopetrol, intenta tumbar. 

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EL TIEMPO investigó y estableció que en el Tribunal istrativo de Cundinamarca hay una millonaria acción de repetición en su contra interpuesta por el apoderado de la EAAB (la oficina de abogados Hurtado Montilla), también por supuestas acciones u omisiones de Merlano cuando este fue su gerente.

El caso se encuentra en la Sección Tercera del Tribunal istrativo de Cundinamarca y el pasado 18 de septiembre se venció el plazo para la contestación de la demanda y para las excepciones propuestas por las partes. 

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El asunto es que la EAAB está pidiendo que Merlano y otros cuatro exfuncionarios de la empresa -uno de ellos Diego Bravo- respondan de su bolsillo por un fallo que condenó a la empresa a pagar más de 15.000 millones de pesos. Sin embargo, la acción de repetición es tan solo por 5.839 millones de pesos.

EL TIEMPO investigó y estableció que el caso está relacionado con el incumplimiento del contrato de obra modalidad llave en mano No. 1- 01-25500-1115-2009 cuyo objeto era “el diseño, construcción y puesta en operación del túnel para el sistema de alcantarillado troncal Tunjuelo- Canoas.

Según un laudo arbitral, la EAAB fue condenado a pagar una jugosa indemnización tanto a CASS Constructores & CÍA. S.C.A., y a la cesionaria de los derechos litigiosos, la Constructora Norberto Odebrecht S.A., sucursal Colombia.

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En efecto, a CASS se le pagaron 9.022. millones de pesos mediante transferencia electrónica de fecha 17 de septiembre de2015; y a Norberto Odebrecht, 6.130 millones de pesos, mediante cheque No. 0123895, el cual fue entregado el 19 de septiembre de 2015, antes e que estallara el escándalo de los sobornos a nivel mundial.

En el caso puntual de Merlano, el apoderado de la EAAB señala:  "Debe precisarse honorable magistrado que para el momento en que Merlano Alcocer fue nombrado como gerente  ya se encontraban incumplidos los compromisos adquiridos en el acta de arreglo directo de 9 de septiembre de 2011, ya había finalizado el plazo de ejecución del contrato (...) No obstante, para la fecha de su nombramiento, estaba vigente aun el periodo de liquidación del contrato, y a su vez, continuaba vigente, la orden judicial de 29 de octubre de 2012.

Esta daba la instrucción perentoria de entregar un predio (“bautizado Invías”) al Consorcio Canoas con el objeto de que se adelanten las actividades contractuales pendientes. Y adoptar la solución técnicamente viable de mínimo costo para la construcción del pozo ITC -12.

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Y para la EAAB es claro que a Merlano Alcocer no efectuó gestión alguna para cumplir la orden judicial, "aspecto que adquiere mayor relevancia y se constituye en un agravante en su responsabilidad". 

Tanto Merlano como Diego Bravo contrataron como abogado a Dagoberto Quiroga (otro escudero del presidente Petro, que renunció a la Superservicios), quien contestó la demanda el 11 de noviembre de 2021.

La defensa de las partes, incluida la de Merlano, empezaron por manifestar que no eran responsables de los incumplimientos y que la demanda era extemporánea.

"Se aceptan todos hechos de la demanda como ciertos, aunque gran parte de ellos son ajenos al conocimiento directo de mis representados, puesto que son anteriores a su nombramiento como gerentes de la Empresa de Acueducto de Bogotá. En este orden deberá́ la parte actora acreditar la veracidad de lo aducido, según lo exige el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. Me atengo a lo que de acuerdo con la sana critica arroje la prueba pertinente que sea empleada para acreditar o desvirtuar tal hecho", se lee en la contestación de la demanda del apoderado de Merlano y de Merlano Alcocer, que luego renunció al poder. 

La EAAB demostró que, en su criterio, sí estaba en términos para radicar la acción de repetición e incluso pidió que Merlano fuera llamado a interrogatorio.

(Consulte acá todos los artículos de la Unidad Investigativa de EL TIEMPO) 

La más reciente actuación dentro de ese proceso data de noviembre pasado.

En ambos procesos (de fallarse en su contra) afectarían el patrimonio de Merlano. Y aunque este asegura que por el caso de la SIC ya están decretados varios embargos en su contra, EL TIEMPO estableció que a su nombre solo le aparece un lote en un jardín cementerio y una empresa que ya está en liquidación. 

EL TIEMPO también tuvo a un oficio, de agosto de 2023, en el que una fiscalía delegada ante la Corte Suprema pide inspeccionar el expediente de la SIC que hace curso en el Tribunal istrativo de Cundinamarca con el que apoderados de Merlano -la oficina del exmagistrado Julio César Ortiz- buscan anular la sanción de la SIC. Este oficio data de agosto 29 de 2023. 

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