¿Por qué no opera la Comisión de Inteligencia del Congreso?

En medio del escándalo que sacude al Ejército, por espionajes ilegales y posibles actos de corrupción a todo nivel, la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, pieza clave del control político sobre estas conductas, está a media marcha.

Varios de sus le reconocieron a EL TIEMPO que no disponen ni de la estructura ni de los medios tecnológicos para salvaguardar la información más sensible y reservada que se les allegue desde los servicios de seguridad del país.

De hecho, advirtieron que no cuentan ni siquiera con una sede que dé plenas garantías para evitar filtraciones de información de alto valor, a la cual tienen legal por la función de control político que deben ejercer.

“Podemos hacer sesiones reservadas y pedir datos, porque esa es la función que nos asignó la ley de inteligencia, pero hasta ahora no hemos dado el paso de pedir la información más sensible simplemente porque no podemos garantizar que no se filtre. Hasta ahora, la información de seguridad nacional de mayor relevancia es mejor que no nos llegue”, aseguró uno de sus 8 integrantes.

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Además, reconocieron que con el escándalo del posible uso irregular de la inteligencia y la contrainteligencia militar, tan solo han podido llegar hasta una auditoría general que a finales del año pasado les remitió la Contraloría sobre gastos reservados de las fuerzas, pero se han abstenido de solicitar el detalle de lo consignado en el informe.

Si bien cada uno de los 8 congresistas que la integran y su secretaría general deben firmar un documento de confidencialidad de cada dato que reciben, en el interior de la Comisión iten que tampoco pueden ejercer un control político profundo porque no disponen de medios tecnológicos para garantizar la total reserva de sus sesiones privadas y tampoco cuentan con los sistemas para almacenar información delicada.

“Por todo eso es que hemos analizado la posibilidad de que la Comisión de Inteligencia funcione en un edificio alterno que tiene el Congreso en el centro de Bogotá. Incluso, uniformados y civiles expertos en inteligencia de diversas fuerzas nos han acompañado a mirar esas instalaciones y en ajustar un dosier de necesidades técnicas, para con ello buscar los recursos, incluidos de cooperación internacional, y así poder adecuar el sitio”, precisaron.

También se está trabajando en el diseño de un sistema de información en el que se pueda salvaguardar lo más sensible, lo cual se está haciendo con asesoría del Archivo General. Sin embargo, la emergencia sanitaria desatada por el coronavirus tiene frenados todos los procesos.

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La Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia entró en vigor desde 2013, pero solo hasta hace dos años está operando formalmente y se logró contratar una planta de personal propia.

Aunque las comisiones segundas de Cámara y Senado vienen ejerciendo control político sobre los temas más espinosos, esta tarea debe ser asumida por la Comisión de Inteligencia. Pero, como ellos reconocen, todavía no pueden hacerlo de tal forma que la seguridad nacional no termine golpeada.

A eso se une el temor de filtraciones de audiencias virtuales que han expresado congresistas.

Incluso, senadores como Roy Barreras han expresado que a raíz de los debates sobre el Ejército e implementación de la paz han llegado al Congreso datos de seguridad nacional que terminaron en manos no solo de los legisladores, sino de todos sus asesores vía correo electrónico.

Tal como lo reveló EL TIEMPO este domingo, también se han ventilado en esas comisiones virtuales temas considerados de seguridad nacional.

Pero en Colombia no es en el único país en donde hay dudas sobre la seguridad de las comisiones y plenarias virtuales.

De hecho, el Tribunal Constitucional de España decidió hace una semana no celebrar más plenarias virtuales. Así se prolongue el estado de emergencia en ese país, uno de los más golpeados por la pandemia.

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Según argumentan, sus asesores técnicos los han alertado sobre la falta de seguridad de las audiencias virtuales que ya han adelantado.

De hecho, hablan de posibles ataques informáticos. Además, los magistrados aseguran que, por el tipo de temas que abordan, se requieren debates presenciales.

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