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La demanda que camina en contra del Gobierno por cobrar a ciudadanos porte de armas que no se pueden sacar
Una acción de grupo pide indemnización. El martes hay audiencia de conciliación. ¿Qué responde Indumil?
El martes, día clave para la controversia sobre el cobro por porte de armas, Foto: Archivo particular
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Mientras en el país hay un debate por el desmonte de los llamados grupos solidarios de seguridad ganadera –que buscan frenar el deterioro del orden público– en tribunales avanza otra controversia (jurídica) similar que este martes tendrá un nuevo capítulo.
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Un grupo de ciudadanos decidieron demandar al Gobierno por lo que catalogan una contradicción judicial y un enriquecimiento injustificado del Estado a costa de ellos.
Las cifras y la prohibición
Controversia en torno al frente de seguridad privada para Sincelejo Foto:Alcaldía de Sincelejo
Aseguran que se les sigue cobrando dos impuestos, por la tenencia de armas de fuego y también por el porte de las mismas, a pesar de que persiste la prohibición nacional para el porte.
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Se calcula que, en los últimos años, se han recaudado por esa vía más de 9 mil millones de pesos. De hecho, también hay previstas multas y hasta decomiso para los tenedores de armas cortas o largas que se nieguen a pagar el tributo por su porte, así no las puedan sacar a la calle.
Por esa supuesta contradicción –que, se alega, afecta el patrimonio de los tenedores de armas–, se instauró una acción de grupo, desde 2018, que involucra al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares y a la Industria Militar (Indumil).
El porte de armas está restringido. Las excepciones incluyen a la Fuerza Pública, escoltas y a de cuerpos diplomáticos. Foto:Indumil. Captura de pantalla.
La demanda, itida por la sección primera del Tribunal istrativo de Cundinamarca, está avanzando en el despacho de la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi.
Incluso, los demandantes están invitando a todas las personas que hayan pagado por ese salvoconducto, que se hagan parte de la acción de grupo.
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En esencia, se argumenta que se están causando perjuicios económicos por el pago de expedición de permiso de porte de arma de fuego, la revalidación de permisos para porte de armas de fuego y por concepto del código único de atención electrónica para porte de armas.
Supuesto enriquecimiento del Estado
Pedro Antonio Chaustre Foto:Campaña Pedro Chaustre
Para la cabeza de la demanda, el abogado istrativista Pedro Chaustre, “se generó un daño antijurídico en las personas que solicitaron un permiso de portar armas de fuego y que lo vienen pagando desde el 24 de diciembre de 2015”, cuando se empezó a prohibir el porte de armas en todo el país.
En efecto, desde esa fecha, se vienen expidiendo decretos para prohibir el porte de armas en todo el país.
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“Se han pagado conceptos por porte de armas de fuego, pero realmente el Estado no permite portar. No es lo mismo la tenencia y el porte, con esta última usted puede salir con su arma de fuego y con la primera solo se permite tenerla en su casa”, le dijo Chaustre a EL TIEMPO.
Por el contrario, agregó, quienes incumplen el pago incurren en multas y suspensión del arma de fuego. Otro de los argumentos de la acción constitucional es que ese cobro representa constituye “un enriquecimiento sin justa causa en favor del Estado”.
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“El Ministerio de Defensa Nacional, el Comando General de las Fuerzas Militares, Departamento de Control-Comercio de Armas y explosivo e Indumil, están recibiendo unos dineros sin que medie contraprestación alguna de su parte, que en este caso estaba representada en permitir el uso y porte de dichas armas con el lleno de los requisitos legales”, dice la demanda.
Así las cosas, se está pidiendo una indemnización por cerca de 9.204 millones de pesos por lo que consideran, cobros injustificados que les han generado perjuicios.
La postura de Indumil
Esta es la postura de Indumil. Foto:EL TIEMPO
Sin embargo, como la demanda data de hace seis años, esa cifra ya iría en cerca de 32 mil millones de pesos.
EL TIEMPO tuvo a la respuesta a la demanda, por parte de Indumil, firmada por su apoderado Carlos Andrés Moreno Torres.
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Tras advertir que Indumil vine actuando de acuerdo a normas y decretos vigentes, pide que no se le dé impulso a la acción de grupo.
“Indumil se opone a todas las pretensiones presentadas por el señor Pedro Antonio Chaustre, tanto en lo que respecta a las solicitudes de reparación del grupo por el daño antijurídico, por considerar que no hay sustento jurídico y práctico para comprometer a los demandados y en especial a la Industria Militar, por la presunta vulneración de los derechos de grupo invocados en la acción”, se lee en la respuesta de Indumil.
La audiencia del martes
La audiencia de conciliación será virtual. Foto:Archico EL TIEMPO
Además, para esa entidad, no se encuentran afectados los derechos del grupo y con la prohibición al porte se está priorizando el interés general: “Es elección del afectado (por la prohibición) de mantenerse en esa condición pudiendo evitarla”, devolviendo el arma a su titular (el Estado).
Y advierte que Indumil es un simple recaudador, por ende, no está llamado a responder por ningún supuesto daño, en caso que se pruebe.
Por eso, pide que se dé por terminado el proceso o que si se llega a acceder a las pretensiones de los demandantes, Indumil no sea condenada.
El martes, a las 10 de la mañana, está prevista una audiencia de conciliación entre las partes, requisito previo para que el Tribunal istrativo de Cundinamarca tome una decisión de fondo.
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