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¿El 'zar’ del imperio Fedco pagó coimas por una 'joya' de la mafia?

Testigo dice que el millonario Leo Eisenband adquirió de manera turbia Villa Country. Él se defiende

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Leo Eisenband Gottlieb dice que es un tercero de buena fe. Foto: Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO

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Leo Eisenband es un influyente empresario que se mueve entre la élite barranquillera, clubes sociales e inversionistas extranjeros.
Es la cabeza del imperio de perfumerías y cosméticos Fedco y de un tortuoso proceso penal con el que se acaba de marcar un récord judicial.
Van seis años y nueve intentos fallidos por imputarle cargos de peculado y hasta cohecho, y de pedir que lo envíen a prisión.
Pero no ha pasado nada, a pesar de que la Fiscalía asegura que el empresario compró una ‘joya’ de la mafia por debajo del avalúo catastral y en supuesta confabulación con Camilo Bula, depositario de la vieja Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), hoy en La Picota.
Se trata del exclusivo centro comercial Villa Country, uno de los bienes más apetecidos del clan mafioso Nasser Arana, por el que desembolsó 18.000 millones de pesos, a mediados de 2009.
Cálculos conservadores indican que Eisenband se ahorró unos 4.500 millones de pesos en el negocio.
Pero EL TIEMPO tuvo a un peritazgo del CTI que calcula que el costo del centro comercial era realmente de 32.000 millones de pesos. Además, hay evidencia de que se modificaron áreas para reducir su extensión y precio.
El propio Bula asegura que, a cambio de sobornos para él y para el exdirector de la DNE Carlos Albornoz, se falsificaron actos notariales y avalúos.
Y además de dar detalles de supuestas reuniones para sellar el turbio negocio, aportó correos en los que habla con Eisenband de pagos personales.
“CB: Consignaciones pendientes personales para finalizar el año. Revisa y me confirmas. LE”, se lee en un mensaje que salió del correo [email protected] al de Bula.
Y Bula dice que otros prueban que el dueño de Fedco indagaba por otros narcopredios: la casa Gacha y droguerías del cartel de Cali.
“Fue un gran placer conocerlos (...) y compartir inquietudes mutuas sobre las diferentes acciones posibles que se pudieren tomar con respecto a Copservir (...). Deseo volver a tener o con ustedes y analizar posibilidades de negocios”, dice otro correo.
En otro, hay datos sobre la venta de la casa Gacha: “CB: Revisa y comentemos. LE”.

¿Sin jueces?

A pesar de esa información, en la Fiscalía desde 2013, el caso está rodeado de episodios atípicos que han impedido que un juez se establezca si Eisenband es o no inocente.
En una oportunidad, no había ni sala ni juez disponibles para imputarle cargos y pedir medida de aseguramiento. Y, en otro intento, lo citaron cuando estaba de viaje por el exterior.
Y hasta un juez se negó a recibir las carpetas porque tenía otros casos en turno.
Incluso, a mediados de 2017, la Fiscalía volvió a llamarlo a imputación, y faltando un día, retiró la solicitud.
El ente acusador explica que en esa ocasión –la única que se ha registrado dentro de esta istración–, se requería hacer un comité para evaluar la evidencia.
Para completar, se perdieron piezas procesales.
Y hace una semana, el expediente volvió al congelador luego de que abogados del empresario pidieron que no fuera procesado en Bogotá sino en Barranquilla, lugar de su residencia y de los hechos. La Corte Suprema dirime ese conflicto.
A pesar de los tropiezos, para la Fiscalía es claro que si por la venta del predio se condenó a Bula por peculado en favor de terceros, el comprador debe responder. Y advierte que la ley ordena que todos los bienes incautados a la mafia se vendan por encima del avalúo catastral. Y eso no pasó.
Pero la defensa de Eisenband –en cabeza del abogado Roberto Núñez y de María Paula Escorcia–, insiste en su inocencia y en que es un tema técnico (de avalúos y peritazgos) y no penal.
Además, solo se negoció un narcopredio.

Defensa y negociación

“El señor Leo ha asistido a todas las audiencias y ofreció reembolsar 6.000 millones de pesos. La compra se hizo con base en estudios de la DNE y de Promocom (la firma de Bula). Y este tipo de predios tienen un descuento por su pasado”, explican.
Sobre los correos con Bula, dicen que iban encaminados a concretar el negocio. Y que si bien un tercero aceptó cargos por este caso –Fernando Navarro–, no mencionó a su cliente.
Para ellos, la principal demora que se ha tenido corrió por cuenta de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), reemplazó de la DNE.
“Duraron tres años estudiando una oferta de Jaime Bernal, entonces abogado de don Leo, que incluía reembolsar plata dentro de un principio de oportunidad que lo libraba de responsabilidad”, señalan.
La negociación se inició en agosto de 2015, en mayo de 2016 se aprobó (a pesar de las objeciones de la SAE), y en abril de 2017, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez negó el principio de oportunidad.
Ahora, la defensa dice que van a juicio para demostrar que Eisenband fue un tercero de buena fe. Y recuerdan que denunciaron a Bula por supuestamente intentar extorsionarlo para no incriminarlo.
Pero para la Fiscalía es claro que este es un proceso posterior que no afecta la evidencia recogida en el caso Villa Country.
UNIDAD INVESTIGATIVA
En Twitter: @uinvestigativa

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