'El cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante': Aurora Vergara, ministra de Educación

(Lea: Universidad Nacional: ¿Cómo cambia el panorama con la nueva representante estudiantil y las disputas legales?).

El propósito del debate, citado por las senadoras del Centro Democrático, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, era analizar una posible intromisión por parte del Gobierno, y particularmente del Ministerio de Educación, en la autonomía universitaria en el caso de la controversial elección de rector en la Universidad Nacional.

"Lo primero que debemos decir es que, en ningún momento, el Gobierno nacional está incumpliendo una norma. Hemos observado de manera estricta la normatividad vigente y por esa razón, en este momento, el cargo de rector de la Universidad Nacional se encuentra vacante”, manifestó Vergara.

De igual forma, la funcionaria calificó de “teatro” algunas actuaciones de ciertos sectores que han cuestionado el accionar del Gobierno en el caso, empezando por la falta de firma del acta de designación y la posterior resolución de posesión de José Ismael Peña en el cargo, documentos que Vergara se ha negado a firmar argumentando irregularidades en el proceso y hasta una posible ilegalidad.

“Es muy importante que cada representante ante el Consejo Superior Universitario (CSU) se haga responsable de lo que allí votó. Lo que ha ocurrido en los últimos días es que han utilizado mi nombre y el del Gobierno Nacional para evitar asumir las responsabilidades de las decisiones que tomaron”, aseguró la funcionaria.

Así las cosas, Vergara se refirió a algunos de sus reparos, que tiene que ver con la confidencialidad del acta, que algunos consejeros del CSU aseguran que existe. Cabe recordar que desde el inicio, la ministra ha insistido en que se haga pública la actuación e intervención de cada miembro del Consejo, ante lo cual se han hecho públicas las de la funcionaria así como las de los dos representantes del presidente Gustavo Petro.

“Si no se votó la confidencialidad del acta, no se puede imponer un acta confidencial, y que esto es suficiente evidencia para asumir la posesión de un cargo”, aseguró.

Así las cosas, se refirió también a los votos que hicieron posible la designación de Peña. Y es que, como lo reportó EL TIEMPO en su momento, todo parecía indicar, previo a la sesión del 21 de marzo, que estaban dadas las condiciones para que fuese elegido Leopoldo Múnera, quien fue el candidato con mayor votación en la consulta hecha a estudiantes, profesores y egresados.

“Si dos personas cambiaron el sentido de su voto deberían hacerlo público y no decir que lo hice yo. Que le presenten la verdad al país”, dijo la funcionaria en referencia al representante profesoral, Diego Torres, y la exrepresentante estudiantil, Sara Jiménez.

Cabe recordar, sin embargo, que de acuerdo con los estatutos de la universidad, el CSU no está obligado a acoger la decisión de la consulta (de hecho nunca ha ocurrido) porque este mecanismo no es vinculante.

La ministra procedió a señalar que habría una ilegalidad en la designación y que por ello se habría negado a firmar el acta. Sostiene que, según las normas internas de la institución, los del Consejo Superior deben elegir al rector entre los cinco finalistas de la consulta mediante mayoría simple.

Sin embargo, el método elegido en la sesión permitía una votación ponderada para descartar a tres de los aspirantes finalistas y, luego, sí hacer una votación simple entre dos candidatos finales.

Según esto, afirma, la designación no sería apropiada ni válida, como tampoco la posesión de Peña ante una notaría.

Por ello,defendió la decisión del ministro de Educación ad hoc para este caso, el ministro de Cultura Juan David Correa, quien ordenó al CSU nombrar a un rector encargado.

De esta forma, sostuvo ante los congresistas que no se habría violado la autonomía universitaria, que no se está imponiendo un rector en la Universidad Nacional y que solo firmará el acta cuando “refleje la verdad de lo sucedido”. Mientras eso sucede y se resuelven las controversias jurídicas, “el Gobierno impulsa una rectoría encargada”.

Pese a los argumentos presentados por la ministra, otro importante sector considera legítimo y legalmente elegido a Peña en el cargo, y que los mecanismos para su designación no violaron los estatutos de la universidad.

Pero, más grave aún, insisten en que la orden de nombrar rector encargado sí vulnera la autonomía universitaria, al desconocer una decisión previa del CSU y obligar a los consejeros a “cometer prevaricato”.

De cualquier forma, la orden, que se dio hace dos semanas, no se ha cumplido por la negativa de tres de los siete consejeros activos, con lo que no se ha conformado quorum en el CSU (que es de 5, ya que son 8 los asientos).

Actualmente se está a la espera de la posesión de Laura Quevedo como representante estudiantil este 1 de junio, lo cual cambiaría la balanza a favor del Gobierno, que ya contaría con 5 asientos a su favor para conformar quorum y hacer la respectiva votación.

Mientras tanto, el paro estudiantil sigue, bajo el riesgo de que se cancele el semestre, que se da por terminado según el calendario académico de la Unal el próximo 6 de junio.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación