Fracaso de la ley estatutaria intensifica la mala hora de un Mineducación golpeado por crisis de la U. Nacional y salud de los maestros

Este miércoles, de nuevo, no se debatió el proyecto de ley estatutaria que busca garantizar el derecho fundamental a la educación, lo cual, a tan solo un día de que termine la legislatura, significa la muerte de esta iniciativa en su paso por el Congreso ante la clara falta de tiempo para pasar su último debate y posterior conciliación.

Sin duda, es un duro golpe para el Gobierno, pero particularmente para el Ministerio de Educación y su jefe, la ministra Aurora Vergara Figueroa, que en los últimos seis meses tuvo que enfrentar todo tipo de tormentas.

Y es que además de lo ocurrido con la estatutaria, Vergara fue protagonista en toda la polémica en torno a la designación de rector de la Universidad Nacional, pero también en la crisis que se desencadenó tras la puesta en marcha del nuevo modelo de salud de los profesores.

“Esta fue una primera mitad de año bastante difícil para la cartera, en donde lo que más estuvo en juego fue la capacidad de negociar y generar acuerdos en el sector. No solo por el episodio de las últimas semanas en el Congreso, donde la falta de acuerdos condenó a la estatutaria, sino también a la hora de concertar en la elección de rector de la Nacional y el paro de Fecode”, sostiene el analista educativo Ricardo Rodríguez.

Y añade: “Todo esto no es solo un mal precedente para el Gobierno y el Mineducación. También lo es para un sector como el de la educación, donde es claro que hay un consenso en que necesita ser reformado en todos sus niveles (y la estatutaria era un buen inicio). Esta incapacidad de generar consensos con sectores políticos pero también con agentes del sector como profesores, estudiantes, rectores de universidades entre otros, incluso con la actitud conciliadora de la ministra, es preocupante para sacar adelante cualquier reforma, en especial las más complejas como la reforma a la educación superior, al Icetex o al Sistema General de Participaciones”.

Y es que nada más entre marzo y lo que lleva de junio, la cartera encabezada por Vergara pasó sus pruebas más difíciles, todas marcadas con un tinte político, y, según analistas consultados por EL TIEMPO, en cada una de ellas fue más lo que el Ejecutivo perdió, que lo que ganó.

Lo que pasó esta semana con el proyecto de ley estatutaria sepultó la primera de una serie de iniciativas legislativas que el Gobierno busca impulsar en el marco de la reforma de la educación.

Hace un par de meses, en entrevista con este diario, la ministra Vergara aseguraba que “si hay un proyecto que pueda generar consensos es este”.

Y así venía siendo hasta hace dos semanas, cuando un acuerdo con la oposición desató la protesta de Fecode, el sindicato de maestros, que ahora continúa en movilizaciones y cese de actividades. Finalmente se terminaron presentando tres ponencias diferentes, todas muy distintas en su contenido y con puntos irreconciliables para la otra parte.

“Se supone que este era el proyecto más fácil, el que había logrado hacer consensos en el Congreso en sus tres primeros debates. Pero los acuerdos se rompieron, ya sea por la presión de la oposición o de sectores oficialistas más radicales. No importa cómo haya sido. Lo que importa es que el país se queda sin una norma que abría la puerta a transformaciones más significativas para el sistema educativo en materia de , equidad, permanencia, pertinencia y calidad”, explicó la doctora en nuevas pedagogías Marcela Robledo.

De acuerdo con la experta, se permitió que el debate sobre un derecho fundamental fuera permeado por discusiones ideológicas, lo cual sienta un mal precedente para reformas futuras: “Enfrascarse en una discusión entre lo público y lo privado, en un sistema reconocido como mixto por la constitución, o en si hacer la evaluación docente de cierta forma o insistir en un modelo de gobierno universitario, cuando todo eso pudo resolverse en una ley ordinaria posterior, lo que hizo fue privarnos de cosas muy necesarias que sí tenía la iniciativa, como hacer obligatoria la educación media (grados décimo y once) en un país donde hay regiones donde los muchachos terminan su formación en grado noveno”.

La pregunta, ahora, es cómo va ha hacer el Ministerio de Educación para sacar adelante sus otras reformas. Así lo señala el politólogo Alberto Castilla: “¿Cómo pretende el Gobierno sacar adelante, por ejemplo, una reforma a la ley 30 de 1992 para salvar las finanzas de las universidades públicas y modificar por completo la educación superior si ni siquiera lograron ponerse de acuerdo en cómo debe ser el derecho a la educación”.

Pero este fue solo el último de una serie de episodios que en los últimos meses pusieron en vilo la gestión del Mineducación. Desde el pasado mes de marzo, la negativa de la ministra Vergara de firmar el nombramiento de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional desencadenó una crisis institucional y una batalla legal sin precedentes en la institución de educación superior pública más importante del país.

Ahora, con Peña fuera del cargo, y con el nombramiento de Leopoldo Múnera en su lugar (quien fue abiertamente respaldado por el presidente Gustavo Petro), se intensificó la división en el sector, y según expertos se puso en duda la autonomía universitaria. Mientras tanto, la disputa no termina, y ahora el Consejo de Estado tiene en sus manos la decisión sobre la legalidad de ambas posesiones.

Para el analista Francisco Cajiao, “en todo esto hay una enorme responsabilidad del Ministerio de Educación, que por sus ambigüedades y su clara interferencia en la autonomía universitaria, puso a esta universidad en una crisis sin precedentes, cuando todo pudo haberse solucionado o firmando la decisión original del Consejo Superior Universitario, o demandando la misma si es que tenía dudas. Pero no se hizo ni la una ni la otra, y en cambio el Gobierno decidió pasarse por alto los estatutos y la justicia”.

Por si fuera poco, el Ministerio también se vio envuelto en la crisis del nuevo modelo de salud de los maestros. La ministra Vergara, como presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) fue de las encargadas de estructurar y poner en marcha el cambio en la prestación de los servicios de salud para más de 800.000 afiliados.

Los problemas de dispensación de medicamentos, de continuidad de tratamientos médicos esenciales, cancelaciones de cirugías, y demás ocuparon los titulares de todos los medios. La crisis afectó las hasta ahora sólidas relaciones entre Gobierno y Fecode, y le costó el cargo a Mauricio Marín, hoy expresidente de la Fiduprevisora, entidad encargada de istrar los recursos del fondo.

Todas estas controversias y reveses ponen sobre la mesa la continuidad de Aurora Vergara al frente de la cartera educativa, como explica Castilla. Y es que en los últimos días el presidente Gustavo Petro anunció que en los próximos días estaría dando a conocer cambios en su gabinete.

“No sería raro que, ante todo lo que pasó con el sector educativo, y el papel que tuvo la ministra Vergara, que ella sea una de las personas que saldrían de su cargo”, manifestó el experto.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación