Paro de Fecode: ¿Qué tan ciertos son los argumentos del magisterio para convocar a movilizaciones?

Han sido varios los puntos que el magisterio insiste en que son nocivos para el sistema educativo, siendo uno de los que más han causado polémica, la obligatoriedad de la evaluación docente así como que se incluyan las pruebas Saber como uno de los indicadores para medir a los profesores, algo a lo que los docentes del sindicato se han opuesto en reiteradas oportunidades.

Sin embargo, en la lista de quejas y reparos frente a las modificaciones del articulado, también figuran otros puntos que los maestros han tomado como excusa para este paro, el primero que hacen directamente en contra de una actuación del Gobierno del presidente Gustavo Petro (el año 2023 ya habían parado, pero sobre todo en contra de proyectos de ley propuestos por la oposición).

Así las cosas, ¿qué tan ciertas son las quejas de Fecode frente al proyecto de ley estatutaria?

De acuerdo con Fecode, el articulado permite la “Creación de bonos escolares o ‘vouchers’, que habilitan claramente la privatización y mercantilización de la educación bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación. Estas lógicas afinan las ‘formas de mercado’, golpean los fines y objetivos de la educación, con esta estrategia se reafirma el enfoque basado en estándares y competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, eliminando el carácter y la función social que tiene a educación’.

Los llamados ‘vouchers’ o bonos escolares son una propuesta que anteriormente propuso la senadora Paloma Valencia y que opera en otros países, recientemente en Argentina fueron creados por el presidente Gabriel Milei. Consisten en bonos que da el Estado a las familias para que decidan dónde deben estudiar sus hijos, ya sean colegios públicos o privados.

Fecode insiste en que esta política se crearía con el artículo 5 literal aa. de la enmienda aprobada en la Comisión Primera del Senado, según el cual se establece el principio de ‘libertad de escoger trayectoria educativa’.

Sin embargo, textualmente el proyecto de ley estatutaria no establece la creación de bonos para el mejoramiento de la calidad, ni hace mención clara a estos. Si bien, los bonos fueron una propuesta de la ponencia que radicó la senadora Paloma Valencia, esta fue archivada en la Comisión I del Senado y en el texto final que fue aprobado en el tercer debate no se encuentra ninguna mención a la creación de bonos o vouchers. 

Uno de los argumentos del magisterio para parar es que se establecería a la educación como un servicio público esencial “con el trasfondo de ‘quebrarle el espinazo a Fecode’, para señalar y estigmatizar, sepultando el derecho a la movilización pacífica amparada constitucionalmente”.

Esto debido a que, por ley, los servicios públicos esenciales no se pueden suspender bajo ningún motivo como paros y huelgas.

Sin embargo, de nuevo se trata de un punto que no fue aprobado ni aparece en el articulado. Sí fue una propuesta de la senadora Valencia, pero esta fue negada y no fue incluida en el texto acordado entre Gobierno y oposición.

Concretamente, el proyecto define en su artículo 2 a la educación como un derecho fundamental, un servicio público y un deber de todas las personas que habitan en el territorio colombiano. Por lo que no hay menciones o clasificación de la educación como un servicio público esencial que puedan limitar los derechos laborales de Fecode.

De acuerdo con Fecode, el proyecto le abre la puerta a la polémica propuesta de crear una Superintendencia de Educación.

“Crea aparatos burocráticos innecesarios para la inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de Educación; vale la pena recordar que el Ministerio de Educación Nacional posee estas facultades, según la Ley 1740 de 2015, señaló el sindicato.

Esto se basa en el artículo 9, que en el inciso c expone que el desarrollo de los sistemas de inspección, vigilancia y control “acorde con la normatividad vigente sobre el particular”.

Pero en ningún lado crea nuevos aparatos de inspección, vigilancia y control, como una superintendencia, ni abre la puerta a la misma, puesto que la normatividad vigente ya establece unas funciones de inspección y vigilancia que recaen sobre el Ministerio de Educación, que ya cuenta con dependencias con estos fines.

Uno de los puntos que más generan malestar en el magisterio. “Incluyó inconsultamente el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, convirtiéndose de facto en perversa y punitiva, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo”, expresó en su momento Fecode mediante un comunicado.

Este punto sí es cierto, pero no de la manera que lo dice el sindicato. El artículo 39 sí establece la obligatoriedad de la evaluación docente, y menciona que es obligación de hacerlo al interior de los colegios, pero que el Gobierno también puede implementar sistemas de evaluación.

“Las evaluaciones externas y formativas que realice el Gobierno nacional tendrán en cuenta todas las dimensiones del desarrollo de los seres humanos, con enfoque diferencial, intersectorial y territorial”, dice el articulado.

Específicamente, el parágrafo 2 del artículo 39 se refiere al uso de la evaluación a los resultados de las pruebas Saber de los y las estudiantes como un criterio o componente dentro del proceso, pero no el único, por lo que plantea una evaluación integral y no solo basada en resultados de pruebas.

Además, no se menciona el efecto que estos resultados tendrán dentro de la evaluación de los docentes, es decir, no se puede inferir que estos serán el único factor de evaluación o que a través de estos se puedan determinar sanciones o limitaciones para los docentes.

Para Fecode, el proyecto “niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y pre -jardín, en este como en todos las áreas, niveles y modalidades educativas de los colegios oficiales del país”.

En esto hay que tener en cuenta que actualmente en el país la educación es obligatoria entre los 6 y los 15 años, es decir, se incluye el grado de transición. Pero efectivamente la educación inicial no es obligatoria, y tampoco lo será con el nuevo proyecto, de ser aprobado.

En el artículo 15 del proyecto de ley se reconoce a la educación inicial como parte del sistema educativo y dice que se contemplarán esquemas de financiación para la oferta estatal. Asimismo, se establece que está podrá ser garantizada por entidades nacionales, territoriales, no oficiales, privadas, mixtas o comunitarias.

De acuerdo con los impulsores de la norma, no será obligatoria porque dice reconocer otras formas de educación inicial ajenas a los colegios, pero también porque se entiende la dificultad que puedan tener los padres y algunas regiones, para llevar a los niños a la escuela a tan temprana edad.

Este ha sido uno de los temas que no solo han causado preocupación en Fecode, sino también división entre rectores de instituciones de Educación Superior.

Y es que, al reconocerse el derecho a la educación terciaria, se reconocen tipos de formación no tradicionales o formales, como la Educación para el Trabajo, cursos y diplomados.

Para el magisterio, esto “legaliza el concepto de educación terciaria, diluyendo la distinción de la educación superior con otras formas de educación formal” .

Para algunos sectores, esto es positivo porque permite reconocer métodos de enseñanza que son accesibles, flexibles y que suelen responder a las necesidades de los estudiantes y el sector productivo de manera más sencilla que la educación superior.

Para otros, en cambio, pone en igualdad de condiciones a la educación terciaria y la educación superior (carreras técnicas, tecnológicas, profesionales y posgrados), en detrimento de la calidad.

Los artículos 2, 7 y 9 hacen mención directa de las competencias de lectoescritura, matemáticas y ciencias sociales y naturales, siendo esta una adición que no estaba presente en el articulado inicial.

De acuerdo con el expresidente de Fecode, Nelson Alarcón, el sindicato “siempre ha rechazado esta política porque niega la posibilidad de que en la escuela sea la comunidad educativa quien diseñe la orientación del currículo en el marco de la libertad de cátedra, de la autonomía y el gobierno escolar”.

Cabe recordar que en la actualidad no hay un currículo en Colombia, sino que cada colegio arma el suyo, siguiendo unos lineamientos del Ministerio de Educación que son algo flexibles, en el marco de la libertad de cátedra.

El proyecto de ley no establece abiertamente la creación de un currículo nacional, pero sí establece estas tres competencias como elementos básicos de la formación en todos los niveles, cosa que hoy no ocurre.

MATEO CHACÓN ORDUZ | Redacción Educación