De nuevo, Colombia es el país más mortal del mundo para los defensores ambientales

“Perdí mi tierra, mi ciudad, mi trabajo de médico y mi estabilidad económica. Fui desterrado y obligado a exiliarme, a miles de kilómetros de mi hogar”, dice Yesid Blanco, pediatra, exjefe de la única Unidad de Cuidados Intensivos de Barrancabermeja y líder ambiental colombiano. Aunque su relato es fuerte y doloroso, al menos puede contarlo, hoy, desde el exilio. En 2022, 60 defensores ambientales fueron asesinados en Colombia, según el informe más reciente de la oenegé Global Witness.

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Eso convierte a nuestro país en el más peligroso, del mundo, para ser defensor de la tierra y el medioambiente, de acuerdo con el reporte anual que realiza esa organización británica desde 2012. El año pasado, según sus datos, fueron asesinados en el mundo 177 defensores, lo que quiere decir que al menos 34 por ciento de las muertes se dieron en Colombia. 

La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que Colombia había logrado en 2021 disminuir la tendencia de incremento, llegando a 33 asesinatos registrados. Sin embargo, en 2022 ese dato se duplicó. Pero es aún peor cuando se mira el total, pues, desde 2012, se han registrado 382 asesinatos de defensores de la tierra en el país, lo que nos deja como deshonrosos líderes en la lista general, seguidos por Brasil con 376 asesinatos registrados, Filipinas con 281, México con 185, y Honduras con 131. 

“El año 2022 fue testigo de una transición política en Colombia. El Gobierno de Iván Duque —muy criticado por su inacción y por el llamado ‘genocidio’ de dirigentes sociales que provocó— dio paso al de Gustavo Petro, que asumió el poder en agosto de 2022, junto a la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia, Francia Márquez . Su programa político es el primero de la historia del país que incluye expresamente la necesidad de proteger a las personas defensoras y abordar las causas que provocan los ataques contra ellas. Las cifras de 2022 de Colombia son un recordatorio elocuente de lo mucho que aún queda por hacer y de su apremiante urgencia”, resalta el informe. 

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Al respecto, le explicó a EL TIEMPO la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que lo cierto es que la falta de entrada en firme del Acuerdo de Escazú ha limitado las capacidades gubernamentales para actuar ante esta realidad. 

“Es una cifra realmente vergonzosa para el país. Y esperamos que podamos ir revirtiendo esta realidad con la implementación del Acuerdo de Escazú y los Puestos de Mando unificado para la Vida. Nosotros llegamos obviamente en agosto del año 2022, pero es importante entender que el derecho de los defensores a proteger el ambiente es un derecho que debemos proteger”, dijo la funcionaria. 

De acuerdo con la jefa de la cartera ambiental, desde el ministerio de Ambiente se han tomado medidas de reconocimiento y acompañamiento del rol de los defensores ambientales en las comunidades. “Así como la hoja de ruta de derechos humanos que ya tiene el ministerio y a la cual muchos de ellos ya han acudido. Y buscamos como Gobierno revertir esta situación que va obviamente sobre la situación de seguridad en las regiones del país”, señala. 

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Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, organización que se dedica al apoyo de los liderazgos ambientales en el país, resalta que en los escenarios de cambio de gobierno, al menos en el país, suele haber incrementos en los riesgos y amenazas contra los defensores. 

“La situación es bastante crítica. La cifra de 177 personas defensoras que perdieron la vida en 2022 refleja una crisis. Es un escenario complejo donde se visibiliza la vulnerabilidad de estas personas. Tenemos a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas. La cifra de 2022 hace referencia a un cambio de Gobierno, pero esto no deja a un lado que el nuevo Gobierno plantea en su Plan Nacional de Desarrollo la protección efectiva de personas defensoras. Creo que debemos empezar a ver resultados de forma inmediata frente a cuáles son los protocolos con enfoque diferenciado que se están construyendo desde le Gobierno”, asegura Torres. 

Para ella es clave destacar que aunque en octubre de 2022, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, desde noviembre de ese año sigue en revisión por parte de la Corte Constitucional, que tenía en un principio 90 días para hacerlo, un término que se ha ido extendiendo. Según la directiva, eso ha impedido que se tomen acciones más significativas ante esta realidad. 

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“A cargo de esta revisión está el magistrado Jorge Ibáñez. Quisiéramos pedirle a él y a la Sala Plena, que avance en esta revisión constitucional. Que recuerde que el Acuerdo de Escazú no solamente fortalece la jurisprudencia que ha generado la Corte sobre a la información, participación ambiental y justicia, sino que plantea una obligación del Estado que es la protección de las personas defensoras”, agrega. 

Lourdes Castro, directora de la oenegé Somos Defensores, organización que lleva varios años acompañando a Global Witness en el desarrollo de su informe, destaca que Colombia siempre ha tenido un índice preocupante de asesinatos contra líderes ambientales, y que la reconfiguración de las violencias que se ha venido dando en los últimos años no ha hecho, sino aumentar esa problemática. 

De acuerdo con ella, los defensores siguen estando en la mira de los actores armados ilegales y la lentitud en la implementación del Acuerdo de Escazú no ha permitido tomar acciones ante esta problemática. “Yo tengo la confianza de que hay una voluntad política del nuevo Gobierno por hacer frente a esta situación de violencia contra los liderazgos sociales en general y contra los liderazgos ambientales en particular. Ya se inició un proceso participativo para la construcción de política pública de garantías para el ejercicio de la labor de la defensa de los derechos humanos. Esperemos que este proceso llegue a feliz término y esa política pública sea una buena herramienta”, asegura Castro. 

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“Desde 2019 las amenazas que he recibido son recurrentes. Y ente momento tengo una resolución de la Unidad Nacional de Protección que señala que hay riesgo extraordinario sobre mi vida y me dieron un chaleco (antibalas) que no me sirve, un teléfono que no coge señal en el territorio y un botón de pánico que dice la resolución que me lo deben entregar y que nunca llegó. Son medidas que definitivamente no mitigan la violencia. Vuelvo y reitero: no creo que un carro y un escolta sean una protección para uno. Pero ni del Estado y ni del Gobierno —ni de este ni del anterior— he recibido una real protección”, asegura Oneida Suárez Sánchez, defensora ambiental y líder del proceso social Resistencia A La Minería y Extractivismo (Rame) de Barrancabermeja. 

Según ella, aunque sus luchas han estado enfocadas en contra del desarrollo y la explotación minera en Santander, lo cierto es que desconoce de donde provienen las amenazas que recibe con frecuencia desde 2019. “Los defensores y defensoras de los derechos humanos somos personas que no cargamos ningún arma, nuestra arma es la palabra, el argumento y el sentir por los territorios. Esto es un reto a cada día. Amanece y no sabes si vas a terminar el día con vida”, dice Suárez. 

Para la mujer, si bien es cierto que se están protegiendo algunos liderazgos en el país, lo cierto es que los que reciben mayor protección son quienes tienen un reconocimiento político, algo que no es de su interés. Pues para ella la lucha por el ambiente no se trata de buscar un cargo, sino de conservar la naturaleza para que, a futuro, otros la puedan disfrutar. 

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“Se están protegiendo los liderazgos, pero los que son políticos electorales. Pero los liderazgos que no nos mezclamos con la política electoral, que somos políticos sociales, que enseñamos a las comunidades a proteger sus territorios, no estamos siendo protegidos. No está siendo reconocido nuestro trabajo. No hay política más importante que una paz que nos permita hacer nuestra labor en nuestros territorios. Porque no estamos ofendiendo a nadie, solo estamos diciendo que el río debe seguir su cauce y debe ser protegido, que la montaña no puede ser desarraigada desde su vientre y que todas las cosas que tenemos deben permanecer”, señala la lideresa. 

Por su parte, Yehudith Ayala Mosquera, lideresa ambiental chocona a de la Fundación Agroindustrial y ambiental, enfatiza que si algo importante se debe señalar del informe es que 60 no es un número ni un dato; son personas, son defensores, que hoy ya no están, y que no importa que se haga, son voces que ya no hablarán más para ayudar a proteger y conservar. 

“Es triste que se pierden vidas, pero es gratificante saber que a alguien le importen esas vidas. Y hay que contar lo que pasó con esas vidas en los territorios”, señala Ayala. Para ella, son los espacios de diálogo y de participación, entre el Estado, las comunidades y las empresas, los que pueden permitir que las vidas y las voces que hoy siguen luchando, se pierdan para siempre en un futuro. 

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Un dato alarmante que resalta el informe es como América Latina se ha convertido en la región más mortal para los defensores de la Tierra. Tan solo en 2022, el 88 por ciento de los asesinatos ocurrieron acá. En la región, además de Colombia, otros países con una elevada tasa de ataques mortales el año pasado fueron Brasil, con 34 asesinatos; México, con 31; y Honduras, con 14. 

El análisis de Global Witness muestra que la Amazonia es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores: el año pasado, en la mayor selva tropical del planeta se produjeron 39 asesinatos, más de uno de cada cinco (22 %) de los registrados en todo el mundo. En total, desde 2014 se ha asesinado a por lo menos 296 personas defensoras en la Amazonia. 

Allí tiene que ver problemáticas como la deforestación, la minería ilegal, la explotación forestal y otras actividades, incluso, de carácter legal. Según el informe, se ha relacionado a empresas con sede en el Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos con violaciones de derechos humanos cometidas contra comunidades indígenas, al haberse descubierto oro extraído ilegalmente de tierras de los kayapós (amazonia brasileña) en las cadenas de suministro de la refinería de metales preciosos italiana Chimet y de la empresa minera Serabi Gold. 

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“Los nuevos datos sobre asesinatos de personas defensoras no reflejan con exactitud la magnitud del problema, ya que las cortapisas a la libertad de prensa y la falta de un seguimiento independiente en muchos países —especialmente en África, Asia y Oriente Medio— dificultan la denuncia de estos homicidios. Asimismo, en el análisis se pone de relieve un preocupante patrón que está surgiendo a escala mundial de casos de silenciamiento de personas activistas mediante la criminalización, que implica que los marcos jurídicos que deberían protegerlas se convierten en armas para atacarlas”, agrega el informe.  

• Gustavo Antonio Torres

• José Mauricio Sepúlveda Lozano

• Edgar Quintero

• Mario Óscar Solarte

• Ferney Morales

• Rigo Alape

• Libardo Castillo Ortiz

• Teófilo Acuña

• Jorge Alberto Tafur

• Jorge Santofimio Yepes

• Dilson Arbey Borja Roldán

• José Pascual Quevedo Velásquez

• Pablo Emilio Baquero Cárdenas

• John Jairo Esquivel

• Yesid Caña

• Hery Olivero Vallesilla

• Pedro Nel Sánchez Sanabria

• Edison Gómez Ortiz

• Jesusita Moreno Mosquera

• Libardo Perdomo Molano

• Julio César Buitrago Hernández

• Jorge Eliecer Mejía

• José Edilson Vargas Monroy

• Mariton Jusayu Ipuana

• William Pedraza

• Diocelino García Bisbicús

• Edinson Murillo Ararat

• Fredy Mena Obregón

• Adelmo Balanta

• Juan Alberto Guejia Peteche

• Arcelia Fernández

• Filadelfo Anzola Padilla

• Luis Antonio Tombé Menza

• Guillermo Chicame Ipia

• Breiner David Cucuñame López

• José Albeiro Camayo Güetio

• Luis Chamapuro Quiro

• Julio Victoria Cárdenas

• Sarcelino Lana

• María José Arciniegas Salinas

• Jancy Muñoz Avirama

• Wilson Nixon Melón Robles

• Juan Orlando Moreno

• John Faver Nasatacuas

• Carlos José García

• Jonás Carabalí

• Faustino Carabalí

• Francisco Sarco Pipicay

• Carlitos Uragama Cano

• Juvencio Cerquera Manquillo

• Luz Marina Arteaga

• Julio César Bravo

• José Miller Correa Vásquez

• Larry Reinoso Sánchez

• Yermi Chocué Camayo

• José Luis Quiñones

• Julián David Ochoa

• Javier Usechi

• Luis Eduardo Montoya Jaramillo

• Neiber Pertuz

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

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