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‘No sabes si estarás vivo al final del día’: Duros relatos de defensores ambientales
Este martes se conoció que Colombia es el país más mortal del mundo para ser líder ambiental.
El 2022 fue gris y violento para los defensores ambientales en Colombia. Según el informe anual de la oenegé Global Witness, que se publica hoy, el año pasado perdieron la vida en el país 60 defensores de la tierra, un 34 % de los 177 que murieron en todo el mundo.
Eso convierte a nuestro país como el más peligroso, en todo el mundo, para ser defensor de la tierra y el medioambiente, de acuerdo con el reporte anual que realiza esa organización británica desde 2012.
Luis Arango - Líder ambiental asesinado Foto:Julián Espinosa / EL TIEMPO
La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que Colombia había logrado en 2021 disminuir la tendencia de incremento, llegando a 33 asesinatos registrados. Sin embargo, en 2022 ese dato se duplicó. Pero es aún peor cuando se mira el total, pues, desde 2012, se han registrado 382 asesinatos de defensores de la tierra en el país, lo que también nos deja como deshonrosos líderes en la lista general, seguidos por Brasil con 376 asesinatos registrados, Filipinas con 281, México con 185, y Honduras con 131.
Al menos 177 personas defensoras de la tierra y el medioambiente de todo el mundo fueron asesinadas el año pasado, con lo que el número total de homicidios entre 2012 y 2022 asciende a 1.910. Foto:Global Witness
“El año 2022 fue testigo de una transición política en Colombia. El Gobierno de Iván Duque —muy criticado por su inacción y por el llamado «genocidio» de dirigentes sociales que provocó— dio paso al de Gustavo Petro, que asumió el poder en agosto de 2022, junto a la primera vicepresidenta afrocolombiana de Colombia, Francia Márquez . Su programa político es el primero de la historia del país que incluye expresamente la necesidad de proteger a las personas defensoras y abordar las causas que provocan los ataques contra ellas. Las cifras de 2022 de Colombia son un recordatorio elocuente de lo mucho que aún queda por hacer y de su apremiante urgencia”, resalta el informe.
Casi nueve de cada diez homicidios registrados en 2022 se produjeron en América Latina, y más de un tercio de todas las agresiones con consecuencias mortales tuvieron lugar en Colombia. Foto:Global Witness
En EL TIEMPO le traemos tres duros relatos de estos líderes que retratan la cruda realidad de aquellos que defienden la biodiversidad en el país.
Yesid Blanco, pediatra, exjefe de la única Unidad de Cuidados Intensivos de Barrancabermeja
“Perdí mi tierra, mi ciudad, mi trabajo de médico y mi estabilidad económica. Fui desterrado y obligado a exiliarme, a miles de kilómetros de mi hogar”, dice Yesid Blanco, pediatra, exjefe de la única Unidad de Cuidados Intensivos de Barrancabermeja y líder ambiental colombiano.
Yesid Blanco, pediatra colombiano que vive exiliado en Estados Unidos. Foto:Archivo particular
Aunque su relato es fuerte y doloroso, al menos puede contarlo, hoy, desde el exilio en Estados Unidos tras haber recibido amenazas de muerte por denunciar la existencia de un vertedero de residuos tóxicos en su ciudad. Al parecer, el relleno sanitario ha tenido efectos devastadores para la salud de su comunidad y ha supuesto una catástrofe para el medioambiente.
“Supe que teníamos un problema grave poco después de 2015. Como pediatra y jefe de la única unidad de cuidados intensivos de mi ciudad. Estaba acostumbrado a tratar a criaturas vulnerables y muy enfermas. Pero los casos que empezaron a presentárseme a partir de 2016 no se parecían a nada que hubiera visto antes. Los bebés de la comunidad de Patio Bonito nacían con una serie de problemas peculiares y horripilantes. Algunos incluso venían al mundo sin que se les hubiera desarrollado el cerebro en el útero y morían al poco de nacer. Padecían una enfermedad mortal conocida como anencefalia. Algunos bebés nacían con deformidades, mientras que otros tenían erupciones y forúnculos por todo el cuerpo”, recuerda Blanco.
Pero, según el galeno, estas enfermedades no solo las sufrían los bebés. También empezaron a acudir a mi clínica niños y niñas con enfermedades muy raras, que presentaban una serie de síntomas alarmantes. Otros de la comunidad de Patio Bonito también empezaron a sufrir problemas respiratorios y gastrointestinales; incluso cáncer.
El año pasado, uno de cada cinco asesinatos de personas defensoras del mundo tuvo lugar en la América Latina, donde la violencia, la tortura y las amenazas son una realidad para diversas comunidades de la región. Foto:Global Witness
“Es difícil encontrar un niño o niña en Patio Bonito que haya nacido después de 2015 y no tenga problemas respiratorios y afecciones en la piel. Son la generación apodada ‘los niños de la basura’. El vertedero de Yerbabuena, situado en un río que desemboca en el humedal de la ciénaga de San Silvestre —la única fuente de agua que abastece a una ciudad de 200.000 habitantes—, recoge la basura de Barrancabermeja, así como los residuos de una refinería de petróleo cercana. En aquel momento me di cuenta de que las sustancias químicas de la basura acabarían contaminando los alimentos y el agua de la comunidad, y que los residuos tóxicos del vertedero acabarían llegando a las casas y al cuerpo de la gente”, señala Blanco.
Sus denuncias alrededor del impacto que este vertedero tenía en la salud de las personas y su defensa por un ambiente protegido lo llevaron a recibir amenazas que finalmente terminaron sacándolo del país para no convertirse en otra de las voces silenciadas. Una posibilidad que, aunque dolorosa, no está disponible para todos los defensores ambientales en Colombia.
“Hablar de mi hogar desde un lugar tan lejano es el peor castigo que pueda existir. En Colombia, el castigo por alzar la voz es la destrucción física o económica, pero también moral y emocional. Es una guerra en la que activistas y personas con liderazgo en la esfera medioambiental se enfrentan a diversas formas de ataque. Perdí mi tierra, mi ciudad, mi trabajo de médico y mi estabilidad económica. Fui desterrado y obligado a exiliarme, a miles de kilómetros de mi hogar”, agrega.
Oneida Suárez Sánchez, defensora ambiental y líder del proceso social Resistencia A La Minería y Extractivismo (Rame) de Barrancabermeja
“Desde 2019 las amenazas que he recibido son recurrentes. Y ente momento tengo una resolución de la Unidad Nacional de Protección que señala que hay riesgo extraordinario sobre mi vida y me dieron un chaleco (antibalas) que no me sirve, un teléfono que no coge señal en el territorio y un botón de pánico que dice la resolución que me lo deben entregar y que nunca llegó. Son medidas que definitivamente no mitigan la violencia. Vuelvo y reitero: no creo que un carro y un escolta sean una protección para uno. Pero ni del Estado y ni del Gobierno —ni de este ni del anterior— he recibido una real protección”, asegura Oneida Suárez Sánchez, defensora ambiental y líder del proceso social Resistencia A La Minería y Extractivismo (Rame) de Barrancabermeja.
Oneida Suárez Sánchez, defensora ambiental y líder del proceso social Resistencia A La Minería y Extractivismo. Foto:Archivo particular
Según ella, aunque sus luchas han estado enfocadas en contra del desarrollo y la explotación minera en el departamento de Santander, lo cierto es que desconoce de donde provienen las amenazas que recibe con frecuencia desde 2019. “Los defensores y defensoras de los derechos humanos somos personas que no cargamos ningún arma, nuestra arma es la palabra, el argumento y el sentir por los territorios. Esto es un reto a cada día. Amanece y no sabes si vas a terminar el día con vida”, dice Suárez.
Para la mujer, si bien es cierto que se están protegiendo algunos liderazgos en el país, lo cierto es que los que reciben mayor protección son quienes tienen un reconocimiento político, algo que no es de su interés. Pues para ella la lucha por el ambiente no se trata de buscar un cargo, sino de conservar la naturaleza para que a futuro otros la puedan disfrutar.
Aparte de las agresiones mortales, las personas activistas cada vez sufren una mayor criminalización, la estrategia por la que las leyes se convierten en armas arrojadizas en su contra para silenciar su voz. Foto:Global Witness
“Se están protegiendo los liderazgos, pero los que son políticos electorales. Pero los liderazgos que no nos mezclamos con la política electoral, que somos políticos sociales, que enseñamos a las comunidades a proteger sus territorios, no estamos siendo protegidos. No está siendo reconocido nuestro trabajo. No hay política más importante que una paz que nos permita hacer nuestra labor en nuestros territorios. Porque no estamos ofendiendo a nadie, solo estamos diciendo que el río debe seguir su cauce y debe ser protegido, que la montaña no puede ser desarraigada desde su vientre y que todas las cosas que tenemos deben permanecer”, señala la lideresa.
Yehudith Ayala Mosquera, lideresa ambiental chocona a de la Fundación Agroindustrial y Ambiental
Por su parte, Yehudith Ayala Mosquera, lideresa ambiental chocona a de la Fundación Agroindustrial y Ambiental, enfatiza en que si algo importante se debe señalar del informe es que 60 no es un número ni un dato; son personas, son defensores, que hoy ya no están, y que no importa que se haga, son voces que ya no podrán hablar más para ayudar a proteger y conservar.
Yehudith Soraya Ayala Mosquera, defensora ambiental de la Fundación Agroindustrial y Ambiental de Quibdó (Chocó). Foto:Archivo particular
“Es triste que se pierden vidas, pero es gratificante saber que a alguien le importen esas vidas. Y hay que contar lo que pasó con esas vidas en los territorios”, señala Ayala. Para ella, son los espacios de diálogo y de participación, entre el Estado, las comunidades y las empresas, los que pueden permitir que las vidas y las voces que hoy siguen luchando, se pierdan para siempre en un futuro.
Según el informe, los nuevos datos sobre asesinatos de personas defensoras no reflejan con exactitud la verdadera magnitud del problema, ya que las cortapisas a la libertad de prensa y la falta de un seguimiento independiente en muchos países —especialmente en África, Asia y Oriente Medio— dificultan la denuncia de estos homicidios. Asimismo, en el análisis se pone de relieve un preocupante patrón que está surgiendo a escala mundial de casos de silenciamiento de personas activistas mediante la criminalización, que implica que los marcos jurídicos que deberían protegerlas se convierten en armas para atacarlas.
Estas son las 60 voces que se apagaron en Colombia en 2022