Conflicto por uso de mercurio añadido en bombillos ahorradores en Bogotá cumple 25 años sin resolverse

El conflicto ambiental y social provocado en el barrio Olarte (localidad de Bosa) entre una multinacional que fabricó bombillos fluorescentes y algunos de sus trabajadores, sigue sin resolverse debido a las dificultades de establecer la relación entre la presencia de mercurio en el ambiente y el afloramiento de enfermedades en la población, la dilación de los procesos istrativos y sancionatorios y, en algunos casos, la falta de experticia técnica de algunos funcionarios que adelantan tareas de inspección, vigilancia y control ambiental.

En el mundo existen muchas sustancias químicas añadidas a productos de consumo masivo e industrial, que después de muchos años de uso inadvertido han provocado impactos negativos en la salud de las personas y en los ecosistemas. Entre estas se destacan los cloro-fluoro carbonos, bifenilos policlorados, el plomo, el cromo, los hidrocarburos aromáticos policíclicos y el mercurio, químicos sintéticos y metales pesados que se utilizaban como refrigerantes, aceites dieléctricos en transformadores, antidetonantes en gasolinas, agentes curtidores, retardantes de llama y fungicidas, respectivamente.

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Su invención y aplicación industrial no se hizo con mala intención, pues el esfuerzo por conocerlos, entenderlos y producirlos masivamente estaba concentrado en sus propiedades fisicoquímicas y bondades para mantenerse estables ante fuertes cambios de temperatura, para que no se deterioraran ante condiciones extremas y permanecieran inmutables en el tiempo; sin embargo, poco a poco las investigaciones realizadas tanto en las universidades como en los organismos de control y en organizaciones no gubernamentales, además de la ocurrencia de accidentes industriales y las denuncias de personas y comunidades intoxicadas, evidenciaron su peligrosidad.

Después de haber cobrado la vida de miles de personas (metales pesados), de afectar la salud de millones (hidrocarburos aromáticos policíclicos y bifenilos policlorados) y de deteriorar la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta provenientes del Sol (cloro-fluoro carbonos), la comunidad internacional y los países han acordado tratados internacionales e internos para restringir la fabricación, el uso, la comercialización y el flujo transfronterizo de:

* Mercurio, mediante el Convenio de Minamata,

* Las sustancias agotadoras de la capa de ozono, en el Convención de Viena y el Protocolo de Montreal, y

* Los contaminantes orgánicos persistentes, gracias al Convenio de Estocolmo. 

En relación con el mercurio, Colombia cuenta con un marco normativo sobre su importación, comercialización, uso directo o añadido y su gestión ambiental en productos de consumo masivo, minería y sector salud, el cual se condensa en 3 leyes, 17 decretos, 20 resoluciones, 3 circulares y 1 decisión multilateral.

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Dicha normativa ha sido sancionada por el Congreso de la República, los Ministerios de: Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Minas y Energía; Comercio, Industria y Turismo; Hacienda y Crédito Público, y de Salud y Protección Social, además del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Se trata de una regulación útil pero tardía para resolver un problema que en Colombia viene afectando la salud de una población específica desde mediados del siglo XX, y tal vez desde mucho antes, según se infiere de las crónicas de viajeros y la tradición oral popular.

Para la mayoría de los lectores es más fácil asociar la intoxicación por mercurio con mineros que amalgaman el oro depositado en los cauces de los ríos, que en trabajadores del sector industrial que lo manejan como producto añadido de lámparas ahorradoras fluorescentes, instrumental médico, recubrimientos, pinturas y plaguicidas; o con cualquier persona que lo ingiere, inhala o toca cuando este fluye en el ambiente luego de ser liberado, sea de manera accidental, no intencional o deliberadamente.

Este metal pesado, cuyo nombre derivado del griego es hydrargyrum, tiene una singular forma de moverse en el ambiente y en los organismos cuando es liberado, ya que cambia su forma química metálica a orgánica por acción microbiana y fisicoquímica; así entra en la cadena trófica y se acumula en cada ser vivo que lo aloja (bioacumulación), aumentando su concentración a medida que pasa de una presa a un depredador (biomagnificación) hasta llegar a alcanzar niveles tóxicos en los seres humanos.

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Una vez dentro del organismo, el mercurio se comporta como una neurotoxina, provocando la pérdida de las capacidades cognitivas, de memoria, atención, lenguaje, motoras y visuales, además de pérdida de piezas dentales y daño renal, entre otras complicaciones.

Por tales razones se recomienda que las mujeres gestantes y los niños menores de 5 años eviten consumir pescado en exceso; no jugar con mercurio metálico, y no arrojar a la basura termómetros dañados, baterías o lámparas y bombillas ahorradoras fluorescentes, sin antes envolverlas adecuadamente, ya que son residuos peligrosos.

Todos recordamos las famosas bombillas ahorradoras, antecesoras de las actuales led, que inundaron el mercado colombiano en las tres últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del siglo XXI, alcanzando existencias cercanas a los 100 millones de unidades por año en el país. Estas luminarias contienen entre 8 y 16 miligramos de mercurio, y cuando se desechan o se rompen, el metal se libera en forma de vapor o líquido, según las condiciones ambientales.

Pensemos por un momento: si el producto con mercurio añadido es peligroso cuando se desecha inadecuadamente, es de esperarse que todo proceso productivo que utilice este metal pesado atienda los más altos estándares de calidad, seguridad en el trabajo y el medioambiente, no solo para salvaguardar la salud de sus trabajadores, sino para proteger a la comunidad aledaña al enclave productivo y los ecosistemas.

Se trata de evitar que se repitan los nefastos sucesos ocurridos en la bahía de Minamata, Japón (1953); Bagdad, Irak (1971); Bahía de Cartagena, Colombia (1977); Yanacocha, Perú (2000), y Ayapel, Colombia (2016), cuyos principales afectados fueron las personas del común que estuvieron expuestas a grandes dosis de este neurotóxico.

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También se trata de evitar que se repita la intoxicación por mercurio de anónimos trabajadores y personas del común, que muchas veces pasa inadvertida en las estadísticas de morbilidad y mortalidad de cualquier municipalidad.

Una investigación que inició como proyecto de aula en un curso de Gestión Integral de la Calidad del Aire a nivel de pregrado en 2012 y que, una década después culminó con la obtención de una patente de invención (NC2017/0004739) y la generación de nuevo conocimiento en forma de artículos científicos y un libro de investigación, tuvo entre sus fases, la tarea de analizar el potencial pasivo ambiental en el barrio Olarte (localidad de Bosa), en Bogotá, y el conflicto entre una multinacional que fabricó bombillos y lámparas ahorradoras fluorescentes y algunos de sus trabajadores, quienes padecen enfermedades catastróficas irreversibles de costoso y doloroso tratamiento por intoxicación con este metal pesado.

El análisis del expediente que reposa en la Secretaría Distrital de Salud, entre 1997 y 2018, las historias clínicas de los trabajadores afectados, y la evolución del paisaje urbano, muestran lo difícil que es dictaminar las relaciones de causalidad entre una fuente contaminante y una intoxicación, así como la importancia de contar con personal altamente calificado para adelantar análisis ambientales de procesos en las visitas de inspección en el actual modelo de comando y control de las autoridades ambientales.

El estudio evidencia un conflicto ambiental, expone el galimatías legal al que puede llegar un emplazamiento industrial cuando presumiblemente incurre en una falta de atención a las normativas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, y, obviamente, al Principio de Precaución. También deja entrever el desastre personal y familiar que ocurre cuando un individuo inadvertidamente se expone a dosis altas de semejante sustancia química y aflora en él una enfermedad catastrófica.

Por último, se advierte sobre la ceguera técnica que induce el determinismo en la gestión ambiental cuando se atiende una realidad compleja –que es la característica predominante de los problemas ambientales–, ya que los sistemas hombre-sociedad-naturaleza son conjuntos de diversos elementos con funciones de relación no lineales, cuyo devenir está regido por la incertidumbre y la irreversibilidad. Sistemas que difícilmente se pueden describir con instrumentos prescriptivos (como los formularios), controlar desde el mandato y la norma, y anticipar con mero modelamiento matemático.

Ojalá este caso –aún sin resolverse en su totalidad– sea el último que verse en el país sobre contaminación, exposición, toxicología y pasivos ambientales relacionados con el mercurio.

CRISTIAN JULIÁN DÍAZ ÁLVAREZ | Doctor en Pensamiento Complejo de la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin (México); director de investigaciones de la Corporación Universitaria del Meta