Ecocidio: el quinto crimen internacional

Solo cuando el último árbol, río y pez hayan muerto nos daremos cuenta de que no podremos comernos el dinero y menos el que ultimó a todas las especies vivas de la naturaleza.

Pese a esa gigantesca espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas, hoy seguimos viviendo en el planeta como “si tuviéramos otro para dónde irnos”, según la activista y enfermera norteamericana Terry Swearingen, ganadora del Premio Goldman (1997) por su lucha contra la mayor planta incineradora de residuos tóxicos en East Liverpool, Ohio (Estados Unidos).

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El Goldman es como el Nobel ambiental que se entrega a los defensores de la naturaleza y el medioambiente desde hace más de 30 años y entre los colombianos que han sido galardonados figuran el exministro Juan Mayr (1993), por su labor de protección a la biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, y el indígena uwa Berito Kuwaru’wa (1998) por su lucha contra los planes de prospección en el nororiente de la compañía Occidental Petroleum Corp.

También las activistas Libia Grueso (2004), por su lucha por los derechos civiles de las comunidades afrocolombianas; Nohora Padilla (2013), líder y portavoz de las asociaciones de recicladores, y Francia Márquez (2018) por su lucha contra la minería ilegal.

Luchar a favor de la naturaleza y de la sobrevivencia del planeta debe ser el objetivo de quienes lo habitamos.

Por eso se necesita no desfallecer en la lucha para que el ecocidio sea considerado como el cuarto crimen internacional por la Corte Penal.

Para eso es necesario modificar el Estatuto de Roma, adoptado por 120 países en esa ciudad hace 23 años como un instrumento para unificar globalmente el derecho penal internacional con el objetivo de evitar o castigar delitos atroces contra la humanidad como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, de agresión y de guerra.

Un Estado o un grupo de Estados debe presentar la propuesta de enmienda en la Asamblea Anual de Estados Parte, que tiene lugar en diciembre de este año, pero hasta que se adopte como parte del Estatuto de Roma y se ratifique por los Estados habrá que esperar entre tres y cuatro años para su aplicación, explica a EL TIEMPO Maite Mompó, directora de Stop Ecocidio España y coordinadora para América Latina.

Para la emergencia ambiental que vive nuestro planeta parece una larga espera, pero ella precisa que “es un tiempo necesario para que las empresas puedan ir modificando sus prácticas y, por lo tanto, funciona como un periodo de transición”.

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La definición de ecocidio se presentará en diciembre a la Corte Penal Internacional (I) para su estudio y análisis con el fin de que sea incorporado como el quinto delito universal en el Estatuto de Roma.

Una vez que cada Estado la haya ratificado, la nueva ley entrará en vigencia. Los tribunales nacionales juzgarán en primera instancia, pero si la justicia de un Estado Parte no es capaz de juzgar el delito, entonces sería juzgado en la Corte Penal Internacional.

Los Estados que no ratifiquen la enmienda se verán afectados de forma significativa por ella, pues sus ciudadanos no podrán realizar actividades ecocidas en los países que la hayan ratificado y, bajo los principios de la jurisdicción universal, podrán ser arrestados en cualquiera de esos países. Estamos hablando de jurisdicción penal que puede sentar en el banquillo de acusados a todas aquellas personas que han tenido puestos de alta responsabilidad en la comisión de un ecocidio: desde directivos de empresas a del gobierno que dan permisos.

El ecocidio ha sido definido por un grupo de expertos como “la destrucción extensa o la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, normalmente deliberada y masiva, bien por medios humanos u otras causas”.

También por los 12 abogados que hicieron parte del que definió el delito como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medioambiente”.

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El principio de retroactividad no rige en la jurisdicción penal mundial, de forma que la nueva ley de ecocidio no podrá aplicarse retrospectivamente. Desgraciadamente, son muchos los ejemplos de ecocidios que se están desarrollando en estos momentos: minas a cielo abierto, destrucción de bosques, contaminación de aire y agua, uso de agrotóxicos, sobrepesca, entre otros.

El verdadero objetivo de la introducción del crimen de ecocidio es preventivo: para cuando se haya ratificado en todo el mundo, confiamos en que las prácticas dañinas que prohíbe habrán cesado o estarán en proceso de ajuste para poder funcionar en armonía con los ecosistemas naturales. Ahora bien, si una empresa que está desarrollando una actividad ecocida continúa con ella sin introducir ningún cambio estando ya el crimen recogido en el Estatuto de Roma, entonces sí podría aplicarse la ley puesto que entraría dentro de la definición jurídica de ecocidio.

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No obstante, otros expertos afirman que si bien la ley no sancionará con retroactividad, sí sancionará los delitos ambientales que comprometan el futuro de los jóvenes.

La del ecocidio es una ley para el futuro, para cambiar el rumbo de la humanidad respecto a su relación con las bases de la vida del planeta y el resto de seres vivos con los que compartimos esta casa común. Se trata de que los ecocidios que se están produciendo cesen y de que se eviten nuevos ecocidios. Es muy difícil, yo diría que imposible, decir cuál ha sido el mayor ecocidio de la historia y más estando inmersos en el ecocidio climático y en la ‘sexta gran extinción de especies’, ambos claramente provocados por la actividad humana.

La ley de ecocidio será una ley que proteja a la Tierra pues establecerá la barrera ética y penal que no se deberá traspasar y que antes no existía. Se trata de un cambio de paradigma para la humanidad pero le corresponde a la Unesco el decidir si las riquezas naturales lleguen a considerarse patrimonio de la humanidad.

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Existe un movimiento mundial que trabaja en el establecimiento de los derechos de la Madre Tierra, y en algunos países (Nueva Zelanda-Aotearoa, Colombia y Canadá, por ejemplo) se ha otorgado la personalidad jurídica a ecosistemas (es decir, no son considerados objetos sino que son sujetos de derecho) para que sus derechos sean reconocidos y se pueda ir a juicio en caso de que sean vulnerados.

Es una buena vía de protección que ya está teniendo lugar. Los derechos son una cara de la moneda y la ley que los protege es la otra cara de la misma moneda. Van juntos. Desde junio contamos con una definición jurídica de ecocidio, realizada por un de expertos independientes, y que está a disposición de los Estados para que la consideren como base para establecer la ley de ecocidio en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

GLORIA HELENA REY

Especial Para EL TIEMPO