Análisis de la ministra Susana Muhamad: 'El agua es para la vida, no para el fracking'

‘El agua es para la vida y no para el fracking’. Esa fue la frase que marcó esta semana la lucha de diferentes comunidades que se movilizaron desde los territorios para alzar sus voces por la defensa del agua, el suelo y la vida. Es la constancia de una lucha de la sociedad civil emprendida hace casi una década y que permitió abrir un debate público sobre la importancia de cerrarle la frontera a prácticas extractivas que pondrían en riesgo nuestros ecosistemas y nuestra seguridad alimentaria.

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Poner sobre la agenda este tema de profunda importancia para el país nos impone un reto mayor, por eso como Gobierno atendimos ese mandato popular desde el 7 de agosto de 2022, convencidos de que el cambio se cimenta en las nuevas oportunidades, en una visión de país que le apuesta a las energías limpias y a una transición energética justa.

En esta apuesta, por primera vez, el gobierno respalda el proyecto de ley que prohíbe el fracking, la exploración y producción de los yacimientos no convencionales de hidrocarburos en el país, presentado por los movimientos sociales, encabezados por la Alianza Colombia Libre de Fracking, y más de 80 congresistas.

El proyecto ya fue aprobado por el Senado de la República y avanza su trámite en la Cámara de Representantes, corporación a la que le hacemos un llamado vehemente a respaldar esta iniciativa.

Como lo han demostrado diferentes estudios sobre los impactos en otros países con 10 y 15 años de implementación, el fracking y las técnicas no convencionales degradarían los ecosistemas, la calidad del suelo y afectarían la pesca artesanal y la agricultura, además de generar graves problemas de salud para las comunidades circundantes.

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No es lógico que, si queremos iniciar una transición energética justa, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto.

Y es que el debate va más allá de los efectos socioambientales nocivos ya comprobados, es una discusión que debemos poner en contexto de la crisis climática actual, de la vocación de desarrollo del país y la manera en que queremos vivir en nuestros territorios.

La ciencia nos advierte que los próximos cinco años serán los más calientes de la historia y que no vamos a lograr la meta de estabilizar la temperatura del planeta a 1.5°C si seguimos en el camino de la producción de combustibles fósiles.

Aunado a lo anterior, los efectos del fenómeno de El Niño que se acerca demandan una protección especial para el agua, entonces es ahí donde deberíamos preguntarnos como país qué es más importante, ¿el agua para el consumo humano o para la exploración de hidrocarburos?

Se estima que se requieren 44 millones de litros de agua para fracturar la roca y explorar un pozo de fracking con una vida útil de tres a seis años, la misma cantidad de agua que consume una población como Puerto Wilches en 10 días.

También, el último Estudio Nacional del Agua muestra que en temporada seca podría estar en riesgo la fuente hídrica principal de al menos 400 municipios en el país. Hoy sabemos que vamos a tener cada vez menos posibilidad de al agua en zonas críticas, muchas de estas ubicadas en zonas donde se desarrollaría el fracking. De allí la necesidad de preservar el agua para tiempos de crisis y no en técnicas con uso intensivo de la misma, que, además de incrementar el gasto, la contaminan inyectando un cóctel de químicos que dejarían el 90% del recurso inservible.

De igual manera, el fracking profundiza los riesgos geológicos de Colombia. Hace solo dos semanas vivimos un sismo de 30 km del subsuelo que puso a temblar a todo el país, eventos sísmicos que podrían aumentar con mayor fuerza y magnitud por esta práctica extractiva.

En el mismo plano, debemos preguntarnos si vamos a proteger la cuenca del Cesar Ranchería, los valles interandinos y los sistemas cenagosos del río Magdalena, el suelo fértil y el suelo de conectividad de agua subterránea o vamos a permitir la implementación de miles de pozos contaminantes y destructivos. En tan solo mil hectáreas previstas para 10 pozos podrían aprovecharse los suelos para el cultivo de 2.000 toneladas de café o 6.000 toneladas de arroz, alimento para más de 33.000 personas durante un año.

Esta no es la lógica de desarrollo que demanda el segundo país más biodiverso del mundo, es necesario enfocar todos nuestros esfuerzos en impulsar la transición energética justa y diversificar las fuentes de energías renovables con una apuesta clara de descarbonización, al mismo tiempo, proteger el suelo y el agua para avanzar hacia una potencia mundial agrícola y alimentaria.

Nuestro mensaje es preciso: el daño ambiental ocasionado por el fracking y los yacimientos no convencionales no es un buen negocio para Colombia. Es más, las finanzas de la Nación no se verán afectadas si no se desarrollan estas técnicas, pues no están contempladas en el conteo de reservas ni en las cuentas fiscales del Gobierno a mediano plazo.

Con certeza podemos decirle al país que seguimos cumpliendo nuestro compromiso de cerrarle el camino al fracking, porque esta es una bandera de toda la sociedad por proteger la naturaleza, recuperar lo perdido y descarbonizar.

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¿Qué es primero, la comida y el agua o una energía fósil sucia que va a empeorar las condiciones de vida de todos nosotros? Esa es la decisión a la que nos enfrentamos. Las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy las vivirán las futuras generaciones, nuestros niños y jóvenes. Por eso, invito a todos los sectores a participar de manera activa en este debate público, abierto y directo.

Susana Muhamad

Ministra de Ambiente y Desarrollo Sosteible