Proteger a líderes, uno de los retos ambientales de este año

El 2021 es un año que abre enormes expectativas. Mientras el mundo combatía la pandemia en el 2020, Colombia vivió un recrudecimiento de la violencia contra líderes ambientales, sociales e indígenas y no es claro si el Gobierno podrá cambiar ese rumbo. Además, hay incertidumbre por la tendencia que tomará la deforestación y cómo se combatirá este fenómeno, cuando el país se acaba de comprometer a reducir en un 51 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero.

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Estos son algunos de los principales desafíos que Colombia deberá enfrentar en 2021.

La lucha contra la deforestación es un tema que todos los años sigue siendo un desafío para Colombia, y esto, como manifiesta Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es una señal de que estamos frente a “un problema estructural que necesita total atención”.

Aunque el Ministerio de Ambiente celebró la reducción de la deforestación en cerca de un 10 por ciento durante 2018 y en 19,2 por ciento en 2019, la incertidumbre reina en 2021, sobre todo porque, según información oficial del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y análisis hechos por la FCDS, en el primer trimestre de 2020 se superó ampliamente la pérdida de bosque que sufrió la Amazonia colombiana durante todo el 2019.

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Para Botero es indispensable que en 2021 el Estado trabaje en superar la debilidad institucional que tiene la Amazonia, y enfocarse en atacar una de las estrategias deliberadas de los deforestadores durante 2020: la invasión de resguardos indígenas.

“Si ese método (la invasión de territorios indígenas) se llega a consolidar, estaríamos asistiendo a los primeros ejercicios que nos llevarían a un escenario similar al de Brasil: un proceso de invasión masiva y generalizada para cambiar el uso del suelo y su estatus legal”, advierte Botero.

Aunque el Gobierno asegura que la defensa de los líderes sociales, ambientales e indígenas es prioridad en su gestión, organizaciones que trabajan en estos temas sostienen que, en la práctica, este grave problema no ha sido afrontado con decisión y que incluso se suele minimizar la situación.

Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre el primero de enero y el 11 de diciembre de 2020, 293 líderes habían sido asesinados en el país y hasta el 13 de diciembre se habían perpetrado 83 masacres, en las cuales fueron asesinadas 350 personas.

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Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas del Conflicto en la Fundación Ideas para la Paz, considera que es importante que el Gobierno se reconecte y tenga una relación más fluida con las organizaciones ambientales y las comunidades de las regiones del país.

“En estas zonas tienes grupos disidentes que han ganado fuerza, funcionarios que no han podido volver a sus sitios de trabajo, amenazas contra organizaciones ambientales y una dinámica muy fuerte de acaparamiento, deforestación y economías ilegales. Hay muchas vulnerabilidades en unas zonas donde el Estado tiene una capacidad muy limitada”, explica Garzón.

Otro anuncio que se ha convertido en un desafío para el año que comienza fue la decisión del Gobierno colombiano de reducir en 51 %, para 2030, las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. La meta anterior estaba en una reducción de 20 % y de un 30 % si se contaba con cooperación internacional. Por eso, la nueva ambición implica un gran trabajo.

Aunque reducir la deforestación es uno de los principales objetivos para alcanzar la meta, Isabel Cavelier, codirectora de la organización Transforma, recuerda que también se generan muchas emisiones en el sector residuos y se necesitan inversiones en la reconversión del parque automotor de carga y pasajeros, la transformación de la matriz de generación eléctrica y un cambio en la dependencia de los hidrocarburos.

“Colombia es un exportador de hidrocarburos, principalmente carbón, y eso será complejo porque el sector tendrá un reto mayor de reinventarse y lograr una transición justa para la fuerza laboral”, afirma.

A mediados de noviembre de 2020, el huracán Iota pasó por la isla de Providencia, en el Caribe colombiano, con categoría 5 –la máxima, según la escala Saffir-Simpson–, y de acuerdo con Eduardo José González, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el 80 % de las casas quedaron destruidas y dos personas murieron. Días antes, las islas de Providencia y San Andrés ya habían sufrido los efectos del coletazo del huracán Eta, que alcanzó categoría 4.

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Lo ocurrido puso de manifiesto un reto al que el país no le ha dado la importancia que merece: la preparación y adaptación ante eventos climáticos extremos. Germán Poveda, profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín y miembro del Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) desde 1998, afirma que en Colombia “los planes (de adaptación) son muy bonitos en el papel, pero tienen muchas deficiencias, pocos recursos y lo que se ha hecho en implementación es muy poco. Si hubiéramos tenido un plan de adaptación serio, bien implementado, hubiera sido todo muy diferente”.

A finales del año pasado, el presidente Iván Duque anunció la prohibición de la pesca artesanal e industrial de tiburón en Colombia. Este anuncio implica enormes desafíos para el país, ya que podría traer enormes conflictos socioambientales con los pescadores artesanales del país –una población bastante vulnerable– y se podría fomentar la pesca ilegal si no se acude con medidas de compensación por abandonar la actividad.

Sandra Bessudo, directora de la Fundación Malpelo, pide precaución en cuanto a la relación que el Gobierno establezca con los pequeños pescadores. “Hay que tener mucho cuidado con el tema social, de no penalizar a los pequeños pescadores artesanales porque eso podría moverlos a la criminalidad. Es importante entrar ya en la acción y la educación, no podemos solo generar políticas y reglamentaciones”, considera Bessudo.

ANTONIO PAZ CARDONA

MONGABAY LATAM

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