Opinión | La paradoja del sector extractivo

Mientras que los líderes de la industria minero-energética posicionan a Colombia como una nación clave contra el cambio climático, siguen impulsando un crecimiento extractivo sin fortalecer las garantías sociales y ambientales en sus proyectos.

Los principales líderes (casi todos hombres, claro) de la industria minero-energética del país no mencionaron más que elogios sobre este sector -en los es de Colombia Genera, organizados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)-, cuyas frases enmarcaban un panorama aparentemente maravilloso y prometedor sobre esta industria. “Colombia no aporta significativamente a los índices de carbono en el mundo, no deberíamos asumir la misma responsabilidad que otros países más contaminantes”, “es un motor de desarrollo en el país”, o “hay mucho por hacer en materia minera y petrolera” y no se puede “perder esta oportunidad de crecimiento”, decían repetidas veces, dejando de lado las múltiples amenazas de este sector.  

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Hasta que, paradójicamente, en ese mismo espacio, realizado el 24 y 25 de marzo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, se destacó a Colombia como un actor mundial de la transición energética y se visibilizó al hidrógeno como una herramienta central en la reducción de emisiones. Sin embargo, de manera paralela se posicionó el rol de la industria petrolera con un mensaje unificado y contundente: Colombia no debe renunciar a ningún sector, por el contrario, debe diversificar su matriz y continuar impulsando las distintas fuentes energéticas. Suena contradictorio, ¿no?

Este escenario conlleva a que la transición energética sea pausada y se siga priorizando la industria extractiva, pese a que la realidad contaminante que sofoca al mundo no da espera. Particularmente, Colombia es vulnerable al cambio climático con eventos extremos como lluvias, sequías y aumento del nivel mar junto con una amenaza de pérdida de biodiversidad y seguridad alimentaria, como afirma Ximena Gil en “La tierra tiene fiebre”. De modo que, aunque sea cierto que no es una nación que aporta significativamente a la contaminación mundial, no quiere decir que los efectos sean reducidos o menores, por el contrario, el cambio climático no es regionalizado, ya que el aumento de la temperatura en cualquier región de la tierra afecta el equilibrio de todo el planeta.

Hacer lento el proceso (o dar espera) significa que este será más costoso a largo plazo en términos económicos, sociales y ambientales, tomando en cuenta que es más viable y asequible trabajar en las acciones de mitigación y adaptación que en los costos de la inacción, como ya apuntaba en 2012 Geralda Díaz Cordero. Por lo que estos retrasos no harán más que exacerbar las desigualdades de ingresos entre países y una condición asimétrica, dado que las personas que se encuentran en situación vulnerable, especialmente mujeres y niños, son los que soportan las peores consecuencias. 

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Por otra parte, durante los dos días del evento, otra de las principales reflexiones fue en torno al rol de la industria minero-energética en la comunidad, especialmente la extractiva y su buena imagen empresarial. En la presentación de la Brújula Minera, el primer estudio sobre la percepción del sector minero realizado por la Agencia Nacional de Minería, se habló de la necesidad de tener una imagen positiva ante la sociedad colombiana y, desde distintos es, se destacó la necesidad de realizar esfuerzos por parte de las empresas.

El futuro de este sector estaría en lograr que la percepción de la industria fuera positiva; sin embargo, no quedan claras las estrategias planteadas por las empresas para lograr este propósito, ni tampoco una línea específica para incluir a las comunidades como un actor clave.

Por el contrario, se reiteraron fuertes críticas a los espacios de diálogo y concertación como la consulta previa, espacio al que ven como una amenaza e incluso se tilda de extorsivo. “No debería llamarse consulta previa, sino consulta extorsiva”, se repetía una y otra vez. Además, se percibe una resistencia por parte de las empresas a que sea el sector minero-energético el único al que se exija licencia social.  

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No resulta extraña esta percepción, pues en varias oportunidades se ha desacreditado la consulta previa desde el sector empresarial, tildándola de un trámite lento y cambiante que impide el desarrollo de los grandes proyectos. Pero las empresas y las instituciones estatales han olvidado un factor central: la consulta previa no es un trámite, es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo de la autonomía y el autogobierno de las comunidades étnicas.

La estigmatización de las comunidades y sus peticiones, el afán del Ministerio del Interior por reducir el número de consultas que procedían, así como disminuir los tiempos de aquellas que sí procedieron -el cual quedó evidente en la intervención del ministro Daniel Palacios-, la falta de acuerdos alcanzados en los últimos cuatro años de gobierno, son solo algunos de los factores que muestran cómo la consulta aún es un derecho con pocas garantías. Por ejemplo, como se menciona en el Reporte del Sistema de Información de Consulta Previa (SICOP), frente a la efectividad de la participación de los últimos años, se encuentra que se protocolizaron 3.039 de las consultas solicitadas, (64,48%) y, de estas, 1.224 (40,28%) se cerraron “sin acuerdos”.

Es vital comprender que llegar a acuerdos satisfactorios entre los actores involucrados es uno de los indicadores de buena gestión del Gobierno frente a las consultas previas. En cuanto al seguimiento que realiza el Ministerio del Interior, los resultados son iguales de deficientes: hay un bajo porcentaje de verificación del cumplimiento de dichos acuerdos (33,76 %). Vemos entonces cómo el Gobierno continúa ignorando los estándares nacionales e internacionales y aumentando la inseguridad jurídica sobre este proceso para todos los actores en el desarrollo de megaproyectos. 

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Inclusive, en los proyectos sociales liderados por las empresas, como la iniciativa Mesa “Más la Guajira”, la participación e inclusión de las comunidades en la estructuración y ejecución es incierta. Lo que resulta claro es que hay un acuerdo entre empresas que tiene como propósito promover e impulsar un modelo de Responsabilidad Social Territorial mediante el diseño e implementación de iniciativas regionales en materia económica, social, ambiental y cultural; sin embargo, no se ha dialogado con las comunidades de la Guajira acerca de esta iniciativa aunque ya todas las empresas e instituciones están alineadas.

El panorama que se visualiza es el siguiente: consultas no concertadas, acuerdos sin seguimiento, proyectos no socializados y derechos no garantizados. La Corte Constitucional ha sido clara en sus parámetros frente a la consulta y a la participación de las comunidades en proyectos minero-energéticos. La seguridad jurídica, que tanto se pide desde el sector empresarial, se presenta desde la correcta aplicación de estos mandatos judiciales tanto por las empresas como por las autoridades nacionales. Las acciones y la responsabilidad de las empresas deben buscar consensos reales con quienes se verán impactados por estos megaproyectos energéticos.

Si el futuro es la transición energética, la inclusión de nuevas energías como la del hidrógeno, y la diversificación de la matriz del país para garantizar la sostenibilidad, no podemos dejar de lado la participación de las comunidades en lo social y ambiental de estos proyectos. Recordemos que sin espacios de diálogo y participación no se puede hablar de una verdadera sostenibilidad. Las nuevas energías y la renovación del sector energético en Colombia no deben llegar solo con nuevas tecnologías, deben fundamentarse en mejores prácticas que garanticen los derechos de las comunidades y respeten e implementen los estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa, participación ambiental y ciudadana, y responsabilidad empresarial en derechos humanos. 

ASOCIACIÓN AMBIENTE Y SOCIEDAD 

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