Los familiares de una mujer de la tercera edad y su nieta de cinco años, fallecidas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 25 de diciembre en Malambo, Atlántico, reclaman justicia y señalan presuntas irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por las autoridades de tránsito.
Jimmy Villalba, tío de la menor fallecida, denunció que el conductor del vehículo, identificado como el médico David José Ariza, no fue sometido a una prueba de alcoholemia, pese a que, según testigos, había estado consumiendo licor hasta altas horas de la madrugada.
Villalba destacó que, a pesar de contar con infracciones de tránsito previas, Ariza sigue en libertad mientras se adelanta el proceso judicial.
Malambo. Foto:Archivo/EL TIEMPO
Por su parte, Sergio Donado, director de Tránsito de Malambo, confirmó que no se le realizó la prueba de alcoholemia al conductor, ya que en ese momento el organismo no disponía de los equipos necesarios, como alcohosensores.
Según Donado, estos dispositivos estarán operativos antes del 15 de enero, lo que ha generado críticas sobre la falta de recursos para atender este tipo de casos.
A pesar de las carencias tecnológicas, Donado aseguró que el procedimiento realizado cumplió con lo estipulado en la ley. Explicó que el conductor fue puesto a disposición de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, encargadas de determinar su responsabilidad en el trágico suceso. Sin embargo, los familiares consideran insuficientes las acciones realizadas hasta ahora.
Villalba también cuestionó que el vehículo involucrado en el accidente esté inmovilizado, mientras el conductor sigue en libertad. "Queremos justicia para mi sobrina y para mi tía. No podemos permitir que un caso tan grave quede en la impunidad", manifestó en declaraciones a medios locales.
Policía de Tránsito y Orientadores de Movilidad. Foto:Alcaldía de Barranquilla.
El accidente, que ocurrió en plena celebración navideña, ha generado indignación entre la comunidad de Malambo. Residentes de la zona han solicitado mayor control en las vías y mejoras en los equipos con los que cuenta la Secretaría de Tránsito para prevenir hechos similares en el futuro.
Organizaciones sociales y familiares de las víctimas han anunciado que emprenderán acciones legales para exigir claridad en el caso y que se determine si hubo negligencia por parte de las autoridades al no realizar la prueba de alcoholemia al conductor implicado.
El caso pone en evidencia las deficiencias en la gestión de las autoridades locales en materia de tránsito y la necesidad de fortalecer los recursos disponibles para garantizar que los procedimientos se lleven a cabo con rigor. Entretanto, la familia de las víctimas sigue esperando respuestas y justicia.
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