El Inpec notificó a la Corte Constitucional la apertura de 214 cupos en diferentes cárceles del país para trasladar a personas condenadas que actualmente se encuentran, en graves condiciones de hacinamiento y salubridad, en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de Bogotá.
La decisión se tomó luego que el 6 marzo y el 17 de abril pasado, la Sala de Seguimiento que tiene la Corte sobre el Estado de Cosas Inconstitucional en materia carcelaria, penitenciaria y en los Centros de Detención Transitoria, realizara inspecciones, encontrando una precaria situación.
Dichas inspecciones, acompañadas por EL TIEMPO, evidenciaron un hacinamiento superior al 200 por ciento en algunas de las estaciones visitadas o situaciones dramáticas como que un shut de basura, sin ventilación, pensado para los botes de basura, fue acondicionado para mantener presas a personas.
Los Centros de Detención Transitoria son lugares en los cuales una persona capturada solo debería permanecer hasta 36 horas mientras se surte su judicialización, pero las visitas encontraron que hay personas que están allí hace años, incluso que ya fueron condenadas, sin que sean trasladadas a las cárceles.
Las estaciones de Bogotá, como relató este diario, cuentan incluso con un solo baño para más de 120 personas que, además, deben acomodarse en hamacas improvisadas con hamacas porque, sin ello, tendrían que dormir parados o en turnos en las celdas.
Jorge Ibáñez, magistrado de la Corte Constitucional en inspección a estación de policía de Usme. Foto:Mauricio Moreno. EL TIEMPO
El Inpec envió a la Corte un oficio que dice que la Junta de Cupos de la Regional Central dispuso 214 espacios en 17 cárceles, así como 38 cupos para trasladar personas a Centros de Detención Transitorias ubicadas en otras ciudades, diferentes a Bogotá.
Las inspecciones judiciales, que fueron lideradas por el despacho del magistrado Jorge Ibáñez Najar,serán motivo de una nueva decisión judicial del alto tribunal que verifica los avances y las decisiones tomadas para superar la grave crisis carcelaria.
"El propósito o finalidad de las inspecciones judiciales es comprobar en el terreno el cumplimiento o no de las órdenes de la Corte Constitucional y el respeto o la vulneración de los derechos humanos de la población privada de la libertad", dijo el magistrado que ha dicho que la situación encontrada es inaceptable en materia de derechos humanos.
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