Los costos del gas

El mercado del gas natural en Colombia enfrenta una crítica, pero advertida situación que, a partir de este mes, comenzará a sentirse en los recibos de millones de s en algunas regiones del interior del país. Hace unos días, varias empresas comercializadoras de este energético –incluidas Vanti y EPM– anunciaron alzas en los precios de este servicio a hogares, empresas e industrias.

La respuesta del gobierno Petro fue un señalamiento, sin presentar pruebas, de supuesta “especulación” en contra de las compañías, mientras niega la escasez del combustible. Además, los llamados del presidente de la República y del ministro de Energía a abrir investigaciones contra las empresas movilizaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que incluso realizó una inédita y controversial visita a Naturgás, el gremio del sector.

Que las tarifas del gas natural se elevarían en este 2025 solo ha tomado por sorpresa al Gobierno Nacional. Por meses, gremios como Naturgás, expertos sectoriales, ex altos funcionarios y centros de estudios alertaron en múltiples ocasiones que la combinación de demanda creciente, caída en la oferta, zozobra regulatoria y un negativo ambiente para la inversión, terminaría tanto en un déficit del combustible como en un alza de precios.

De hecho, de acuerdo con cifras del Gestor del Mercado, el faltante a diciembre pasado fue estimado en un 7,6 por ciento. Esas señales de escasez llevaron a que, a finales del año pasado, por primera vez en 46 años, Colombia tuviera que importar gas para cubrir la demanda no térmica, es decir, de hogares, comercios e industrias. Tampoco alcanzó Ecopetrol a ofrecer el hidrocarburo en firme. En otras palabras, el fin del gas explotado localmente, barato y suficiente.

En conclusión, los aumentos en los costos del gas natural nacional, la irrupción del gas importado a altos precios y los costos del transporte se traducen en esas alzas de las comercializadoras. Como si fuera poco, las reservas probadas del energético han venido cayendo –en 2023 registró un 16 por ciento– y los nuevos pozos exploratorios se han reducido en un 80 por ciento desde 2014. A lo anterior hay que añadir la terca negativa del presidente Petro a nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

Mención aparte merece la visita de la SIC a Naturgás para investigar “si hay indicios o no de violación del régimen de libre competencia”. La Superindustria cuenta con las facultades legales para adelantar estas indagaciones e inspeccionar a las empresas. No obstante, genera extrañeza e inquietud que haya incluido a Naturgás, que es un gremio y no un actor del mercado, por lo cual no determina tarifas. A eso se suma la preocupante denuncia de sectores de la oposición en el sentido de que la SIC habría extraído del celular de la líder de Naturgás los chats con congresistas críticos del gobierno Petro. Este asunto merece una claridad diáfana por parte del Ejecutivo. Las actividades gremiales están protegidas por la Constitución y merecen garantías y libertad en el ejercicio de sus funciones.

El Gobierno Nacional debe enfocar sus esfuerzos, menos en los señalamientos públicos sin evidencias, y más en brindar una regulación oportuna, promover más exploración nacional y asegurar el avance de la provincia gasífera del Caribe.

* EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluye compañías dedicadas al transporte de gas.

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