Preocupante silencio

Las graves denuncias de la exministra Ángela María Buitrago sobre supuestos intentos de injerencia en asuntos de la cartera de Justicia, por los que ha señalado abiertamente a dos altos funcionarios del gobierno Petro, deben ser respondidas con investigaciones concretas por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.

Buitrago, una jurista de reconocida trayectoria que representaba, además, una de las últimas voces técnicas en el gabinete, prefirió renunciar antes que ceder a esas presiones indebidas. En una denuncia entregada a la Fiscalía, y con fotos de chats, algunos enviados a través de la modalidad de borrado rápido, precisamente con la fallida intención de desaparecer toda evidencia de su contenido, la exfuncionaria da cuenta detallada de una larga lista de posibles irregularidades que los cuestionados, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la polémica jefa del Dapre, Angie Rodríguez, están en mora de explicarle en detalle al país.

Un listado de presiones para relevar funcionarios en cargos directivos de instituciones que manejan contrataciones billonarias; imposición de otros que no tienen los requisitos de formación y experiencia (de nuevo, ya se puso en marcha la recurrente maniobra de relajar los manuales de funciones y competencias, esta vez en la Dirección de Drogas del ministerio); ‘sugerencias’ de traslado de presos y un intento por lograr, por fuera del protocolo, una licencia de exportación a Cuba de una sustancia de uso restringido, pues es utilizada en la cadena del narcotráfico, forman parte de ese inquietante dosier que ahora está en manos de la Fiscalía.

Este último evento salpica además al nuevo secretario jurídico de Palacio y actual ministro interino, Augusto Ocampo, a quien supuestamente pretendían encargar del ministerio precisamente por los días del trámite de la inusual licencia.

La respuesta de los funcionarios señalados, y del mismo presidente Gustavo Petro, ha sido la misma utilizada con otros ex del gabinete que terminaron marcando distancias frente a su antiguo jefe: descalificar a la persona que hace las denuncias y tratar de hacerlas encajar en la narrativa del supuesto plan contra el llamado ‘gobierno del cambio’. Esto a pesar de la gravedad de lo expuesto, que, de comprobarse, en nada se compadece con la transparencia y los postulados anticorrupción que, se supone, deben regir la actividad oficial, mucho más en las esferas más altas del Ejecutivo.

Investigar, antes que descalificar, es el mejor camino. Por ello, el país espera una respuesta clara. Una semana después, sin embargo, ni el presidente Gustavo Petro ni la oficina de Transparencia de Palacio, en cabeza de Andrés Idárraga, han enviado el mensaje que procede en estos casos: exigir a los órganos de control que aclaren las denuncias cuanto antes y garantizar, desde el Ejecutivo, el libre avance de esas investigaciones.

Siendo esto así, la Procuraduría General y la Fiscalía General tienen el reto y la obligación de determinar si, como valientemente lo ha denunciado la exministra Buitrago, desde el entorno presidencial se utiliza indebidamente el poder en desmedro de la transparencia y la eficiencia de la función pública.