Más certidumbres

El viernes pasado concluyó en Cartagena el Congreso Nacional de Minería, que convocó a este importante sector de la economía que atraviesa una compleja coyuntura. Los mineros colombianos arribaron a esta cita anual –que este año celebró los diez años de la Asociación Colombiana de Minería (ACM)– con la reciente decisión del Gobierno de suspender las exportaciones de carbón a Israel y con una caída de la actividad de 8,1 por ciento en el segundo trimestre del año.

No sobra recordar que las actividades mineras en el país contribuyen con alrededor de 2,4 por ciento del PIB. De hecho, en cuanto a los aportes de esta atacada industria en materia de impuestos de renta y de regalías, el monto alcanzó el año pasado los 15,7 billones de pesos, mientras que en el 2022 la cifra registró los 20 billones. Ni hablar de los encadenamientos productivos de las compañías mineras con otras empresas grandes, pequeñas y medianas: compras por 14 billones de pesos en 2022. En resumen, un actor crucial para las finanzas y el desarrollo regional y las economías locales y de otros sectores.

No obstante, el entorno en el que se están desarrollando las principales exploraciones y explotaciones de minerales en el país está actualmente caracterizado por la incertidumbre, la estigmatización y la inseguridad. En materia de los marcos regulatorios de estas actividades –que incluyen decretos, iniciativas legislativas como nuevas leyes mineras y demás definiciones gubernamentales–, el panorama luce demasiado confuso. Más allá de entrar en detalles de cada uno de estos documentos, el mensaje general de la istración del presidente Petro espanta la inversión e impide construir un adecuado rol de la minería en la transición energética.

A la incertidumbre jurídica, regulatoria y de trámites y licencias hay que sumarle la zozobra fiscal. Declaraciones del Gobierno apuntan a nuevas cargas impositivas al sector minero en la reforma tributaria en preparación. Estas se suman a las ya definidas por el pasado ajuste fiscal, que no solo minó la competitividad de la minería colombiana en la región, sino que también impuso un sobrepeso que ahoga las posibilidades de crecimiento y proyección del sector. La complejidad de la situación es tal que el gremio minero pidió públicamente a la istración Petro que su actividad no sea “la que financie la reforma tributaria”.

En segundo lugar están la estigmatización y los señalamientos a los que han sido sometidas las empresas mineras del país. La postura negativa del Gobierno Nacional sobre la explotación del carbón es clara, pero su deber institucional es garantizar que una actividad lícita, formal y generadora de impuestos, empleos y recursos a las arcas nacionales y locales no se deteriore. En especial cuando existe, dentro del debate de la transición energética, un espacio para que la minería provea materias primas valiosas y estratégicas.

Y, por último, el tema de la seguridad en las operaciones integra asimismo las actuales urgencias de los mineros colombianos. Bloqueos en las regiones productoras, la extracción ilícita de los minerales y las dificultades de la estrategia de seguridad y paz del Gobierno impactan los territorios. En conclusión, un sector que merece en esos tres frentes más certidumbre.