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La jugosa suma que españoles pidieron para zanjar lío por acciones de Triple A
Tuvieron reunión en octubre con Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Aún no se notifica demanda.
Planta de acueducto de Triple A en Barranquilla. Foto: Archivo/EL TIEMPO
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Andrés Idárraga, el secretario de Transparencia de la Presidencia, se encargó esta semana de sacudir un polémico tema que estaría a punto de desencadenar un litigio contra Colombia en tribunales internacionales.
(Lo invitamos a leer: Exclusivo: este es el contrato secreto de compra de acciones de la Triple A)
Se trata de la venta del 82,16 por ciento de las acciones de las empresas de Acueducto Alcantarillado y Aseo (Triple A) que estaban en manos de Inassa, filial de la empresa pública española Canal Isabel II.
Estas terminaron controladas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), desde 2018, tras el escándalo de corrupción que golpeó a Inassa y que tiene tras las rejas a varios de sus exdirectivos.
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La reunión
Andrés Idárraga era el director de Derechos Humanos del Distrito. Foto:Archivo particular.
Idárraga solicitó formalmente a las autoridades que se investigue un posible peculado por apropiación a favor de terceros luego de que la SAE hizo una enajenación temprana de las acciones a la empresa de Alumbrado Público de Barranquilla.
Si bien la Alcaldía de esa ciudad es la principal accionista de esa firma, tiene participación de privados. Ese componente, en criterio de Idárraga, obligaba a la SAE a hacer una oferta pública de las acciones y no a darle prioridad a la empresa de Alumbrado, que pagó 565.000 millones de pesos.
Tras los señalamientos de la Secretaría de Transparencia, el secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla, Adalberto Palacios, aseguró que la compra de las acciones se hizo conforme a las normas vigentes.
Y anunció que levantaría la reserva de los documentos que soportan la transacción, incluido el contrato de compraventa.
EL TIEMPO obtuvo y publicó de manera anticipada el documento. Además, estableció que en octubre pasado, emisarios de Canal Isabel II buscaron zanjar el tema con Colombia.
¿Expropiación?
El Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016, a cerrar diez empresas que el organismo tenía en Latinoamérica. Foto:Susana Vera / REUTERS
Para Inassa, la venta anticipada de su paquete accionario se convirtió en una expropiación.
Además, alegan que para hacer la transacción se echó mano de una norma que solo se aplica para bienes incautados a la mafia.
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Por eso, un grupo de abogados, en nombre de Canal Isabel II, solicitó una reunión en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en busca de un arreglo.
Adalberto Palacios, secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla. Foto:Alcaldía de Barranquilla
Aunque el caso se mantiene bajo reserva, EL TIEMPO estableció que le solicitaron al país el pago de 400 millones de euros para ponerle fin al tema.
"Sabemos que la Agencia, que ya ha revisado el tema, no aceptó", dijo una alta fuente enterada.
Y agregó que incluso a algunos funcionarios involucrados en el caso les ha llamado la atención las declaraciones del secretario de Transparencia: "Podrían terminar beneficiando la demanda contra el Estado, que es el siguiente paso que daría Canal Isabel II. Aún no se ha notificado ninguna acción".
El ‘lobby’
Andrés Ávila, expresidente de la SAE (izq.) y Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla (der). Foto:EL TIEMPO
Desde agosto pasado, el diario El País de España reveló que se dispuso de un millón de euros para hacer lobby en Colombia en torno a su postura sobre el asunto.
Una agencia de medios fue ada para ese fin, y la visita a la Agencia Jurídica de Defensa del Estado hace parte de la avanzada judicial y mediática.
Por ahora, el propio alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, solicitó una actuación preventiva de la Contraloría, luego de los señalamientos de Idárraga.
En ese sentido, se pidió la revisión de la adquisición del 82,16 por ciento de acciones de la Triple A.
La postura de la Alcaldía es que se recuperó un activo valioso que se había perdido y que se cumplieron con todos los requisitos de ley.
Al respecto, fuentes locales manifestaron que el empresario Christian Daes le cedió al Distrito de Barranquilla la participación que tenía en la empresa de Alumbrado que ahora queda con un 73 por ciento de participación pública.
La Contraloría aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Pumarejo.
Estos son apartes del contrato secreto de compra de acciones de la Triple A
El contrato confidencial fue suscrito el pasado3 de diciembre de 2021. Foto:EL TIEMPO
EL TIEMPO se anticipó al anuncio de la Alcaldía de Barranquilla y obtuvo en primicia el contrato reservado de compraventa de las acciones de la Triple A incautadas a Inassa. El encabezado del contrato identifica quiénes participaron en la polémica transacción.
"El presente contrato de compraventa de acciones, de fecha tres (3) de diciembre de 2021 (el 'Contrato'), se celebra entre, por una parte, la Sociedad de Activos Especiales S. A. S., sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizada por la Ley (...); y por la otra, Alumbrado Público de Barranquilla S. A. S., sociedad por acciones simplificada de economía mixta, del orden Distrital".
Llama la atención el carácter de economía mixta de la compradora y si eso es suficiente para haber tenido la opción preferente para adquirir las acciones. A renglón seguido se entra a justificar la venta de las acciones (ver la información en eltiempo.com).
UNIDAD INVESTIGATIVA
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