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Los intentos de Soacha por superar los problemas de hacinamiento en estaciones de Policía y la falta de una cárcel en la ciudad

Según los datos oficiales, el hacinamiento en el municipio es del 300 por ciento. Autoridades y expertos señalan que es necesaria una cofinanciación de la Nación para la construcción de un centro penitenciario.

Centro de Traslado por Protección de Soacha. Foto: Google maps

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Jonathan Toro Romero

PERIODISTA DE BOGOTÁ26.09.2024 18:44 Actualizado: 27.09.2024 14:09

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Soacha es, tal vez, el municipio más grande de Cundinamarca con una población cercana a los 900.000 habitantes, según los datos del Dane para 2023. A la par de su gran densidad poblacional que se extiende en 187 kilómetros cuadrados, también es la zona de la región que más problemas comparte con Bogotá; por ejemplo, la gran cantidad de privados de la libertad que están hacinados en estaciones de Policía.

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Visitas de la Personería de Soacha a las estaciones de policía donde se registra más de 300 % de hacinamiento. Foto:Personería de Soacha

Es justamente esta situación la que ha generado casos como los de hace un mes en el que 10 delincuentes que estaban detenidos en una de las estaciones de policía se fugaran en medio de lo que parece haber sido un amotinamiento. Como ese hecho son varios los que se han reportado en los últimos años en el vecino municipio.

Si bien el fenómeno no es comparable con lo que ocurre en la capital del país frente a las cifras de hacinamiento en Uri y estaciones, Soacha también padece el mismo problema y, al analizar la extensión territorial y la cantidad de habitantes que tiene el municipio, vendría bien preguntarse ¿por qué Soacha no tiene una cárcel propia?

Este medio intentó comunicarse con la Policía Metropolitana de Soacha (Mesoa) para obtener detalles sobre la situación de los privados de la libertad en ese municipio y la cantidad de estos en cada una de las estaciones; sin embargo, desde la institución señalaron que "por cuestiones de seguridad de los PPL y de los uniformados no podían proporcionar datos".

No obstante, la Personería de Soacha le señaló a EL TIEMPO que justamente uno de los temas más críticos en el municipio es el hacinamiento en las salas de retención.

Actualmente, según datos reportados por el ente de control territorial, que fueron entregados por el grupo de remisiones de la Policía Metropolitana, el complejo CTP Soacha, con una capacidad para 77 personas alberga 321 PPL, lo que equivale a un hacinamiento del 417 por ciento.

Situaciones similares se presentan en otras estaciones como la de Cazucá, con

una sobreocupación del 160 por ciento, y Ciudad Verde, con un 450 por ciento de hacinamiento. Esta situación genera un hacinamiento total de 307 por ciento en la ciudad.

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EL TIEMPO se comunicó con el alcalde de ese municipio, Julián Sánchez Perico, quien explicó que Soacha contaba con la Cárcel de Zaragoza, que dejó de funcionar como tal desde 2011 y que luego, en 2020, fue convertida en un centro de bienestar animal. Las modificaciones en ese espacio de reclusión se empezaron a dar desde que el Inpec tomó el control de los centros penitenciarios del país y dejó de depender de las istraciones locales.

Según Sánchez Perico, desde ese entonces Soacha ha asumido el cuidado de los privados de la libertad que están sindicados tal como lo indica la Ley, que establece que los entes territoriales deberán responsabilizarse de estos detenidos hasta que sean condenados y pasen a ser un asunto del sistema penal de orden nacional.

“Desde la presidencia de la Federación Nacional de Municipios, la cual Soacha hoy preside, somos conscientes de que los entes territoriales en general no cuentan con los recursos propios para garantizar la construcción de una infraestructura, pero sobre todo, lo más difícil es la operación y mantenimiento de las mismas (...) eso hace que las cárceles hagan parte del escenario nacional y del Ministerio de Justicia”, afirmó el alcalde.

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En esa misma vía, recordó que de los pocos casos de éxito en materia carcelaria, por tener su propia infraestructura, está Bogotá con la Cárcel Distrital y el proyecto que está en curso de la Cárcel Distrital II. “Lo que hemos hecho en Soacha, como todos los entes territoriales, es establecer una infraestructura con inversión de recursos de manera precaria en la que se busca garantizar el tránsito rápido de la persona que es privada de la libertad hasta que pasa a ser condenada”.

En ese sentido, señalan desde la istración municipal, que se dispuso de un lugar en arrendamiento que fue adecuado para tener las condiciones más cercanas a un centro de reclusión y allí poder atender la alta demanda de privados de la libertad que día a día se genera desde Soacha.

Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, explicó que si bien el sistema carcelario es, por normativa, de orden nacional; el Código Penitenciario abre la posibilidad a que los municipios y Gobernaciones creen sus centros en la medida que tienen como responsabilidad a los sindicados.

Sin embargo, el experto coincide con el alcalde cuando asegura que el costo de creación y mantenimiento de una guardia propia, infraestructura , alimentación y manutención de las personas privadas de la libertad es muy elevado para que sea asumido por los municipios.

“Solo para ponerlo en cifras, para 1999 el costo de la Cárcel distrital 1 fue de 16.000 millones de pesos, con la ventaja de que Bogotá contaba con el predio y el uso del suelo para esta tipología”, ejemplifica Nieto.

Estación de Policía Ciudad Verde Soacha Foto:Archivo particular

Bajo ese escenario, el director del Observatorio de Seguridad, dice que Soacha podría apostarle a un centro más robusto pero que la cofinanciación de la Nación es fundamental y necesaria para avanzar en un eventual proyecto de esta envergadura.

“Al final un punto crucial es que la única cárcel del país que está certificada internacionalmente y que no tiene, ni hacinamiento, ni intentos de fuga es precisamente la Distrital que no está a cargo del Inpec”, puntualizó Nieto.

Problemas estructurales

Desde Socha, como en varias partes del país, también señalan que los inconvenientes por la alta demanda de espacios para privados de la libertad también están relacionados con la "lentitud" del operador judicial que tiene procesos muy largos para llevar a una persona de indiciada a condenada. “Eso es un problema sistemático y estructural que lo único que genera es un efecto colateral en los entes territoriales que no tienen la capacidad istrativa y técnica para operar un espacio de reclusión”, dijo el alcalde.

Pero el problema también trasciende otras esferas. Según los datos oficiales de las autoridades del vecino municipio, para poder asegurar la operación de cuidado de los privados de la libertad es necesario disponer del 5 por ciento de los efectivos de la fuerza pública que solo suman mil uniformados para todo el municipio.

Estación de Policía Distrito Especial de Soacha Foto:Archivo particular

Estas cifras dejan ver un problema en doble vía: en primer lugar, serían solo 45 uniformados los que estarían encargados de cuidar las seis estaciones de policía, de las ocho, donde hay privados de la libertad; una cifra que no es suficiente para una demanda de 500 reclusos, que es el dato más actualizado del primer trimestre de este año.

Pero como lo menciona el alcalde Sánchez Perico, si se observa del otro lado, esos 45 uniformados sí son un número significativo cuando dejan de estar en la calle prestando labores de seguridad y tienen que ser asignados a labores “penitenciarias’.

Fuga masiva de 40 presos de una de las estaciones de policía de Soacha en 2023. Foto:Archivo particular

Finalmente, el alcalde de Soacha señaló que desde la Federación de Municipios se había buscado priorizar al municipio como un espacio para la construcción de un centro penitenciario y carcelario. “En ese momento, cuando estaba el ministro Osuna, se planteó un centro como el de Acacías, en el Meta, que es un centro tipo granja pero eso no avanzó desde el Gobierno Nacional”.

De la misma forma, el mandatario aseguró que hay mesas técnicas y reuniones constantes con el Inpec “en los que se ha expresado de manera evidente que el hacinamiento en las estaciones del municipio es mayúsculo” y que mientras sea más largo el tiempo de los condenados en las estaciones pues más grande será el problema.

JONATHAN TORO ROMERO

Redacción Bogotá

EL TIEMPO

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