Los escenarios que le quedan a Claudia López para sacar el POT

La actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sigue en el limbo. Esta semana se agotó el tiempo para que el Concejo pudiera, a través del debate y la votación, negar o aceptar el proyecto que propuso la alcaldesa, Claudia López. Una ola de 133 acciones legales saboteó el proceso y abrió la puerta para que sea expedido por decreto.

No obstante, lo que viene será lo más parecido a una partida de ajedrez en la que la mandataria tiene al menos tres posibles movimientos. Uno es expedir el POT tal cual lo presentó, otro es expedirlo con ajustes (con los aportes que hicieron los ciudadanos, concejales y gremios), y, un tercero, volver a presentar el proyecto en 2022.

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Decretar el POT que radicó podría permitir que la istración mantenga su visión de ciudad y que, desde 2022, empiece a ejecutar proyectos claves en materia urbanística, ambiental, de movilidad, entre otros. Empero, este es precisamente el texto más criticado.

Como dice Felipe Mariño, director de Bogotá Cómo Vamos (BCV), “este es el escenario menos conveniente para organizaciones de la sociedad civil, académicos, expertos, políticos... Si lo decreta, lo que vienen son demandas. Ese proceso de decretar un POT y después en seis meses verlo que lo tumba alguna demanda sería doloroso para la ciudad y afectaría la gobernabilidad”.

“Vamos a analizar con cuidado cómo lograr que Bogotá tenga un POT, pero que se incorporen muchas de las sugerencias de la ciudadanía, de organizaciones sociales, de concejales”, dijo la alcaldesa el jueves, pero no se comprometió con ninguna decisión. Eso sí, anunció que de inmediato iba a revisar las opciones con su equipo jurídico.

Por otra parte, el concejal Nelson Cubides, uno de los tres ponentes y quien mantuvo su propuesta hasta el final, estimó que la concertación con la Alcaldía fue en un 95 por ciento de los puntos. Señaló que en el trámite hubo amplio debate, en sesiones dentro y fuera del recinto, y en cabildos abiertos, y eso se vio reflejado en las 480 proposiciones modificatorias de su ponencia.

Esta opción le significaría a la mandataria comenzar a ejecutar proyectos desde 2022 y, como le han señalado analistas a este diario, un resultado de mostrar al final de su segundo año de gobierno.

Pero, así mismo, se mantendría el riesgo de demandas contra el acto istrativo –hasta ahora no hay jurisprudencia en esos casos–, el costo político, la pregunta de cómo se resolverían los temas más espinosos y, como señaló el director de BCV, daría un mensaje preocupante: “Ya se puso en evidencia que se puede usar este tipo de impedimentos legales para no dejar que ciertas cosas pasen como deberían pasar”.

Hoy, muy buena parte del Concejo y gremios están reclamando que el proyecto se vuelva a presentar en 2022. Aquí entrarían nuevos factores en juego: ver si se da la modificación del reglamento para evitar que se repita el fenómeno de recusaciones e impedimentos (el nuevo presidente, Samir Abisambra, propuso tenerlo en el primer trimestre), un mayor ambiente político en medio de las elecciones a Congreso y Presidencia, y la expectativa de la campaña a la Alcaldía; satisfacer las exigencias de participación e incidencia ciudadana, barajar los tiempos de concertación en la CAR, volver al Consejo Territorial de Planeación y, sobre todo, lograr los votos en el cabildo distrital, donde, como señala Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, “la alcaldesa ya ha perdido confianza”.

Pero incluso si se lograra llevar un nuevo documento al Concejo, esto no significa que se apruebe. Oróstegui indica que “nada garantiza que no se repitan las mismas estrategias de disuasión de 2021”, y que, además, sucederá en el tercer año de López, que ya viene con un alto desgaste de su imagen y podría ver maximizados sus errores en medio de las elecciones de 2022.

No obstante, si se repite el mismo escenario de 2021, la alcaldesa podría echar mano de la expedición del POT por decreto. Pero en el caso de que se negara el proyecto en el Concejo, ya no habría esa posibilidad y, así, López no podría cumplir una de sus promesas de campaña.

(Para seguir leyendo: ¿Se abrió la puerta para sacar el POT de Bogotá por decreto?)

Estos son cinco puntos que dividen opiniones del plan de ordenamiento radicado en el concejo. voceros y expertos explican el porqué:

La reforma del Estatuto de Bogotá establece que las UPL (unidad de planeamiento local) las definirá el POT, tanto en área como en competencias; eso es una ley acaballándose en un POT (la propuesta las aumenta de 20 a 33). Pero, ¿qué podrán hacer las UPL si el plan ya reglamentó todo? Tampoco se puede hablar de una división con base en el número de población, porque las dinámicas sociodemográficas en la ciudad son altamente heterogéneas. Hay localidades con una tasa de crecimiento poblacional positiva, pero otras son negativas.

Además, así como hay localidades muy grandes, como Kennedy y Suba, que se deben dividir, también hay muy pequeñas, como La Candelaria, con una identidad muy clara. Incorporarles otras es perder unos valores socioculturales muy arraigados. En la división de la ciudad no hay que mirar solo el número de habitantes, sino los valores sociodemográficos y antropológicos, y eso es un tema complejo. Lo de las UPL merece una reforma más profunda.

Carlos Roberto Pombo

Sociedad de Mejoras y Ornato

El problema no son las cargas para los desarrollos urbanos ni el área mínima de las viviendas –aunque lo sería en el caso de las VIS con subsidio, porque el monto es el mismo aun si el área se reduce– sino la densidad.

Cuando a un constructor le dicen que debe dejar espacio público por cada persona adicional, y el espacio que se genera es menos de 1 m² por persona, como propone el POT, lo que se crea es un problema urbano. Si antes, por ejemplo, en un lote se podían construir 10 apartamentos y ahora se pueden hacer 20, es mejor para el constructor porque va a ganar más, pero no para la ciudad. No importa cuánta carga se impongan, el tema es que hay sitios, como los aledaños a los corredores de TransMilenio, en los que si no se resuelven el espacio público y los servicios (salud, educación y transporte), la carga termina siendo terrible, porque se tendrían más personas viviendo en una zona, pero menos espacio público, menos servicios y menos equipamientos.

Mario Noriega

Urbanista y docente universitario

El POT establece dos clasificaciones para los barrios: residenciales netos, y ahí quedan apenas 11 de los 1.922 que existen en la ciudad, y residencial con tratamiento de proximidad. Este es el caso de La Esmeralda.

El tratamiento de proximidad significa que dentro del barrio se puede establecer cualquier negocio, pero no necesitamos más comercio, ya en la periferia (en las calles 44, 53, 50 y 60) tenemos zonas comerciales y de servicios. Aunque lo consideran un bosque urbano, porque está rodeado de naturaleza, y su arquitectura, de casas con antejardín, es parte de la historia de la ciudad, no lo tratan de preservar.

Es una renovación silenciosa en la que podemos pasar de predominantemente residencial a predominantemente comercial. Y, además, se está abriendo la puerta para que, con el tiempo, La Esmeralda sea impactada por la renovación del CAN. Lo que pedimos es que nos ayuden a conservarlo tal y como está, que las áreas de comercio, de bienes y servicios estén en la periferia.

Diana González

Presidenta de la JAC de La Esmeralda.

En el POT se establecen unas normas que no se pueden cumplir. Nos exigen que las bodegas de reciclaje tengan mínimo 500 m² y estén en áreas industriales y no dentro de zonas residenciales. Es difícil conseguir una bodega con esas especificaciones, y si la hay, los costos son muy altos. Hoy se cumple con la normatividad actual, pero con los parámetros del nuevo POT se desplazarían casi el 80 % o 90 % de las bodegas. Estamos reciclando entre el 15 % y el 18 % de la basura que produce la ciudad, y eso ya no va al relleno Doña Juana, pero si salen las bodegas, se enterrará más basura en el relleno y serán muchos los recicladores desempleados.

Pedimos que se concilie y que en ese diálogo se incluyan a las JAC, ambientalistas y gremios. En la Alcaldía nos han escuchado (les ofreció reducir el área de las bodegas y crear un fondo de compensación y un plazo de dos años), pero falta infraestructura y más apoyo para que se pueda reciclar más y mitigar más el impacto del relleno.

Líder de la asociación de recicladores M y M Universal.

Es preocupante y grave para el desarrollo de Bogotá que se elimine de tajo la continuación de las reservas viales para la avenida Longitudinal de Occidente (ALO) y la avenida Ciudad de Cali. Es impensable que el tráfico de la ALO, en su tramo norte, vaya por Devisab (concesión vial departamental), pues esta carretera no tiene la capacidad de la ALO, con una cesión de 100 metros, que puede ser una vía de 10 carriles y aceras de 15 metros.

Los desafíos de la ALO Norte son los impactos ambientales, a causa de su paso por los humedales Tibabuyes y La Conejera, el bosque Las Mercedes y la afectación a la reserva Van der Hammen y a la zona rural de Suba. En Bogotá hay ejemplos de que es posible la convivencia de la infraestructura y el medioambiente. En proyectos como la autopista Norte, los diseños prevén la elevación mediante un par de viaductos, en su transcurrir por los humedales de Torca y Guaymaral. Y el trazado de la línea 2 del Metro, que pasa sobre el humedal de Tibabuyes.

Presidente de la CCI

(Además: Leguleyadas | Opinión)

EL TIEMPO